* Atenderemos estos señalamientos, dice la
Secretaría de la Función Pública mexicana
* Desmienten al belicista colombiano Uribe involucrado en recibir
6.5 MDD
De la Mesa de Redacción
De nuestra asociada RFI
"No recibí nada, ni sé nada (...) y estoy a favor de
una profunda investigación", dijo a la prensa el presidente peruano, Pedro
Pablo Kuczynski. "Hay que ver a quienes se le pagó", precisó.
Kuczynski negó haber recibido dinero cuando era primer ministro del presidente
Alejandro Toledo. En Perú, los pagos de la constructora brasileña fueron por 29
millones de dólares y se realizaron mediante empresas de propiedad del
intermediario de las negociaciones, según los documentos judiciales
estadounidenses. Los pagos también están relacionados con un proyecto de transporte
lanzado en 2008.
Sin embargo un fiscal reabrió el 14 de diciembre la
investigación en la que incluyó a Kuczynski por supuestamente favorecer a la
constructora para ganar una concesión. El caso había sido cerrado en
septiembre.
Por su parte el gobierno del presidente Rafael Correa pidió
a la Fiscalía investigar los supuestos sobornos en el país, donde la empresa
mantiene millonarios contratos.
Los documentos estadounidenses señalan que la firma pagó
entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña
en 2008 por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. Tras un
acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador para asumir varias obras con el
gobierno, que están en su etapa final.
También el gobierno de Colombia anunció que hará una
investigación judicial y cancelará los contratos en los que se comprueben que
Odebrecht pagó 11 millones de dólares para adjudicarse obras públicas entre
2009 y 2014 por las cuales ganó 50 millones de dólares.
Un funcionario colombiano no identificado recibió 6,5
millones de dólares, según documentos de la justicia estadounidense.
La Oficina Anticorrupción de Argentina dijo haberse
contactado con fiscales e investigadores de Brasil para informarse sobre
presuntos sobornos por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre
2007 y 2015 durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2015).
Tampoco Venezuela quedó exenta. La Comisión de Contraloría
del Parlamento venezolano -de mayoría opositora- dijo que investigará los
supuestos sobornos a funcionarios del gobierno e intermediarios para conseguir
contratos de obras públicas entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro.
Venezuela fue el segundo país, luego de Brasil, en recibir
coimas más altas por parte de la constructora. Alrededor de 98 millones de
dólares a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas.
El gobierno de Panamá pidió procesar y sancionar a los
funcionarios que habrían recibido más de 59 millones de dólares en sobornos de
Odebrecht, informó una fuente oficial. El Ministerio Público, de su lado, dijo
que pedirá informaciones del caso a Estados Unidos. Odebrecht habría sobornado
entre 2010 y 2014 a burócratas e intermediarios, incluyendo un alto funcionario
relacionado con obras de infraestructura. La empresa habría recibido a cambio
beneficios por 175 millones de dólares.
Y en México la Secretaría de la Función Pública y la empresa
estatal Petróleos Mexicanos informaron que investigan supuestos sobornos a
funcionarios locales, que según la justicia estadounidense sumarían 10,5
millones de dólares.
En Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, les compartimos el Comunicado de prensa de la Secretaría de la Función Pública de México:
Derivado de las versiones periodísticas publicadas hoy,
respecto de que la empresa ODEBRECHT y su subsidiaria BRASKEM habrían pagado
sobornos a servidores públicos en países de tres continentes, entre ellos
México, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Responsabilidades,
en coordinación con Petróleos Mexicanos, iniciaron la recopilación de toda la
información disponible, a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de
estos señalamientos.
El Gobierno de la República refrenda su compromiso con la
efectiva investigación de actos que se alejen de los principios éticos del
servicio público.
En Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, les compartimos la Declaración de Camilo Alberto Enciso Vanegas, Secretario de Transparencia de Colombia:
Desde mediados de 2015, tan pronto estalló el escándalo de
Odebrecht en Brasil, el Gobierno Nacional ha dado pasos firmes para avanzar en
acciones de cooperación armónica con las autoridades de ese y otros países, con
el fin de lograr el esclarecimiento y judicialización de los actos de
corrupción de esa empresa en Colombia.
El día de ayer, con ocasión de la información publicada por
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del comunicado de prensa publicado
por la Casa de Nariño, el Senador Álvaro Uribe hizo una serie de declaraciones,
una de las cuales cuestionó de manera tendenciosa una reunión sostenida por el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el Presidente de Odebrecht,
en Panamá.
Esa reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015 en el marco de
la Cumbre de las Américas, en desarrollo de una serie de encuentros del Señor
Presidente con empresarios, las cuales incluyeron al Presidente de Coca-Cola y
otros, algo necesario para el país y absolutamente normal, en este tipo de
escenarios.
En esa reunión participaron la Canciller, la Ministra de
Comercio, la directora de Procolombia, el Secretario Privado del Presidente y
otros funcionarios.
En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello
Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia
u otros países.
Con relación a los sobornos de Odebrecht en Colombia, el
Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de USD en
desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad
colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe.
Rechazamos de manera categórica esos hechos y pedimos a la
justicia actuar con la mayor dureza en contra de cualquier servidor público que
en cualquier momento hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de
corrupción.
De otra parte, pedimos a los entes de control y a la
Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación en las
investigaciones relacionadas con los proyectos de Reficar y Bioenergy y,
especialmente, en la identificación del origen de los problemas, presuntos
fraudes y sobrecostos de los mismos.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional hace una invitación
respetuosa, pero enfática al sector empresarial para que incremente su
compromiso con las políticas internas de prevención de la corrupción.
El país puede tener la seguridad de que no dudaremos en usar
con la mayor severidad la Ley Antisoborno, impulsada y sancionada por este Gobierno,
para poner punto final a los abusos de empresarios, contratistas y funcionarios
corruptos.
Por último, esperamos que los involucrados en cualquier
episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia, y no recurran al
sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias
de sus conductas.
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