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viernes, 31 de marzo de 2017

Destacaron en 2016: Tortura, impunidad y desidia gubernamental para respetar los DDHH (Video)

* Luis Raúl González Pérez presentó el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Presidente Enrique Peña Nieto, en el Salón “Adolfo López Mateos”, de Los Pinos


De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político


Afirmó este viernes 31 de marzo el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México y destacó que la impunidad, falta de capacitación de servidores públicos y desidia de instancias competentes permiten que subsistan prácticas como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

Estas prácticas hacen que la verdad y justicia sean mera aspiración para miles de personas. Sentenció que “en los casos vinculados a esas conductas no puede haber olvido ni permitirse el silencio”.

Al presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, González Pérez puntualizó que, a pesar de las voluntades expresadas, acciones emprendidas y recursos aplicados, las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar la vigencia y respeto a los derechos humanos en el país durante 2016, como consecuencia de la corrupción, en todas sus modalidades; falta de capacitación, coordinación y debilidad de nuestro Estado de Derecho.

 En el Salón “Adolfo López Mateos”, de la residencia oficial de Los Pinos, y ante integrantes del gabinete, gobernadores, cuerpo diplomático, miembros de organismos internacionales, defensores públicos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, solicitó respetuosamente al Presidente Peña Nieto que instruya el cumplimiento total de las Recomendaciones emitidas tanto por la CNDH como por los organismos internacionales en la materia, petición que extendió a los titulares de los Gobiernos estatales y municipales.

En ese contexto, explicó que es la hora de un cambio ético en la vida institucional y pública del país, que debe ubicar los derechos humanos como eje y parámetro de toda política pública, así como generar una debida cultura de la legalidad, de acuerdo con la cual el cumplimiento y aplicación de la ley se vuelva premisa irrenunciable, además de emprender un combate real –y no sólo formal— a la impunidad, corrupción y todo lo que ello implica.

“Es preciso –dijo— que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad y compromiso con nuestro país, su sociedad y sus mejores causas e intereses. Actuar con la convicción de que el desarrollo y trascendencia de nuestra Nación, debe partir del respeto, desarrollo y realización de las personas”.

González Pérez dio a conocer que durante 2016 se resolvieron durante el procedimiento o por la vía conciliatoria 4,566 expedientes, lo que representa cerca de 47.2% del total de expedientes de queja concluidos. Señaló que en ese año se emitieron 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo que significó un aumento de 20% frente a lo registrado en 2015. Las cinco autoridades destinatarias de mayor número de Recomendaciones son el IMSS, con 15; Secretaría de Marina, 7; Procuraduría General de la República, 6; Comisión Nacional de Seguridad, 6; Secretaría de la Defensa Nacional, 5. Del conjunto de Recomendaciones emitidas el año anterior 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 fueron aceptadas sin que se tengan pruebas de cumplimiento.

Explicó que los derechos violentados y las materias de las Recomendaciones abarcan ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas. En 7 Recomendaciones se acreditó la existencia de tortura y en 11, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Destacó la Recomendación 4VG 2016, por violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 personas y la privación de la vida de 4 más; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán.

En cuanto a las tareas extraordinarias que realizan las Fuerzas Armadas respecto de la seguridad de las personas, dijo que la existencia de un marco normativo específico por sí mismo no es la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia, apuntó que no es deseable la participación de la Fuerzas Armadas en ese tipo de tareas, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado. Enfatizó que, cuando las condiciones del país lo permitan, deben volver a las funciones que les son propias, bajo un programa gradual y verificable.

“La debida formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el abatimiento de la corrupción; la efectiva y real autonomía del Ministerio Público; el combate al tráfico de armas; el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario; la modernización y replanteamiento de nuestros sistemas de inteligencia; así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia, son tan solo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una respuesta más eficaz a nuestros problemas de seguridad y justicia”, afirmó.

González Pérez señaló que a la difícil situación interna que enfrenta el país se suma un entorno internacional complejo, derivado del cambio en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, que desde la perspectiva de los derechos humanos es factor de preocupación y alerta por sus políticas públicas sustentadas en un discurso de odio, especialmente dirigido a personas migrantes y refugiadas.

Refirió las reiteradas expresiones de apoyo a nuestros connacionales en Estados Unidos y diversas acciones emprendidas que resultan insuficientes, lo que demanda un espectro más amplio ante el alcance y repercusión que puedan tener esas políticas migratorias, por lo cual propuso utilizar los foros y mecanismos internacionales para denunciar y defender los derechos e intereses de nuestro país y los de nuestros compatriotas, además de prever condiciones dignas y adecuadas para quienes sean deportados.


De igual manera, se pronunció por atender a las personas de nacionalidades diversas que cruzan nuestro país y no puedan ingresar a los Estados Unidos, lo que rebasaría nuestras capacidades y recursos.