martes, 16 de mayo de 2017

Piden a Bolivia mejorar los mecanismos de prevención de la tortura (Audio)

Por Rocío FRANCO
Periodista de nuestra asociada RNU

Bolivia tiene un 70% de población
carcelaria en situación de detención
preventive.
Foto de archivo: Emma Reverter/Noticias ONU.
El Subcomité de la ONU que se ocupa de la Prevención de la Tortura concluyó una visita de nueve días en Bolivia. Al término recomendaron mejorar los mecanismo de prevención de ese flagelo y resolver las altas tasas de prisión preventiva que están generando hacinamiento en las cárceles. Rocío Franco informa:

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura urgió este martes a Bolivia a convertir la institución que vigila los lugares de detención en un ente independiente y mejorar su efectividad, para cumplir con las obligaciones del país estipuladas por las leyes internacionales.

Los miembros del Subcomité acaban de finalizar una segunda visita a ese país en la que recorrieron 23 centros de privación de la libertad a largo del país.

Los recorridos fueron realizados en conjunto con el Servicio para la Prevención de la Tortura, por sus siglas SEPRET, la institución asignada para vigilar los lugares de detención.

Entre sus observaciones preliminares reconocieron la labor de esa instancia gubernamental, pero expresaron preocupación porque su independencia se encuentra comprometida al estar subordinada al Ministerio de Justicia.

Señalaron que la independencia de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura es una de las disposiciones fundamentales del Protocolo Opcional para la Prevención de ese flagelo, ratificado por Bolivia.

Otro punto inquietante, dijeron los expertos, se refiere a que el país aún registra un 70% de su población carcelaria en situación de detención preventiva, lo que genera hacinamiento.

El Subcomité llamó a concretar en la práctica los cambios realizados a las  estructuras políticas del país para fortalecer la prevención de la tortura.

La delegación acudió a estaciones de policía, centros penitenciarios y para adolescentes en conflicto con la ley, así como celdas judiciales y un hospital psiquiátrico.

La misión contempló entrevistas privadas e individuales con funcionarios del sistema, además del personal médico y personas detenidas.


También se reunió con autoridades gubernamentales, líderes indígenas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU.