De la Mesa de Redacción
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Puertorriqueños levantan una bandera de su isla durante una protesta el Primero de Mayo contra inminentes medidas de austeridad en medio de una agobiante crisis económica. |
El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló solicitó el
miércoles activar un proceso de bancarrota para restructurar la masiva deuda de
la Isla después que fracasaran conversaciones con los acreedores.
Roselló informó que ha solicitado a la Junta de Supervisión
Fiscal creada por el Congreso Federal para monitorear la crisis, acogerse al
Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Esa disposición da paso a una restructuración de la deuda
similar a un proceso de bancarrota, pero es supervisada por una corte con el
fin de garantizar los intereses del pueblo puertorriqueño.
La restructuración de la deuda puertorriqueña, que alcanza
los US $70mil millones de dólares, será la mayor en la historia del mercado de
bonos municipales de Estados Unidos.
La decisión abre la puerta a lo que se prevé será una larga
batalla legal entre la Isla y sus acreedores, entre los que se cuentan los
principales fondos de riesgo y fondos mutuales, y donde un juez federal podría
forzar a los acreedores a aceptar términos de reembolso desfavorables.
En una carta enviada el 2 de mayo a la Junta de Supervisión
informándo de su decisión sobre la restructuración de la deuda, Roselló dice
que su Gobiernosigue dispuesto a buscar un diálogo de buena fe y a abrir la
contabilidad fiscal de Puerto Rico a los acreedores.
Pero, el gobernador destaca que los acreedores "no han
demostrado suficiente disposición a compartir justamente los sacrificios
mediante una reducción necesaria en su deuda a un nivel sostenible".
Puerto Rico continuará pagando unos US $800 millones de
dólares cada año por el servicio de la deuda, un recorte del 80% del total
anual, en cumplimiento al plan fiscal establecido por la Junta de Supervisión.
El anuncio del proceso de restructuración de la deuda tiene
lugar en la víspera del vencimiento de una orden judicial que suspendió las
demandas contra la Isla, y protege automáticamente de litigaciones a Puerto Rico.
El analista Ted Hampton del Servicio de Inversiones Moody's,
citado por CNBC, dijo que "un procesjo judicial tomará un tiempo
considerable y posiblemente involucrará pérdidas para todos los bonistas de
Puerto Rico", pero aclara que será un proceso ordenado que "será
mejor para los acreedores" que un período caótico e incierto con numerosas
demandas entre los acreedores de los distintos tipos de deuda del
Territorio".
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