De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Norma Inés Aguilar León, Cuarta Visitadora General de la CNDH en el Programa de Capacitación sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Foto cortesía de la CNDH. |
Subraya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que
la ausencia de un marco legislativo adecuado y la frecuente prevalencia de
intereses económicos –debido a que las comunidades indígenas están asentadas en
sitios de gran riqueza natural—, son algunas de las causas a la transgresión
del derecho a la consulta previa a los pueblos originarios.
Al participar en la ceremonia inaugural del “Programa de
Capacitación sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Consulta
Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, impartido a personal de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; del Registro Nacional
Agrario y de la Procuraduría Agraria, la Mtra. Norma Inés Aguilar León, Cuarta
Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó
la necesidad de armonizar el orden jurídico mexicano con los diversos
estándares internacionales en la materia para garantizar, en todo el país, el
acceso de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa e informada,
ya que actualmente sólo 25 entidades de la República Mexicana reconocen ese
derecho en sus respectivas legislaciones y sólo 2 estados, Durango y San Luis
Potosí, tienen una ley específica en la materia.
Acompañada en el presídium por Ricardo Sepúlveda Iguíniz,
Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), y María Evangélica Villalpando Rodríguez, Jefa de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), Aguilar León precisó que ante la puesta en marcha de
proyectos productivos y económicos en comunidades indígenas de nuestro país,
así como en el caso de modificaciones normativas o de políticas públicas que
les afecten, es indispensable consultar de manera previa a los pueblos y
comunidades e informarles las implicaciones de los mismos, para evitar que se
vulneren sus derechos fundamentales.
En el acto, realizado en el Auditorio “Jesús Reyes Heroles”
de la SEGOB, indicó que las empresas que emprenden proyectos extractivos, de
explotación y desarrollo en comunidades indígenas deben respetar los usos y
costumbres de éstas, así como garantizar que quienes participen en ellas lo
hagan de forma libre, informada e incluso con la participación de intérpretes.
En este sentido, subrayó, es obligación del Estado supervisar que esto se
cumpla a cabalidad.
Recordó que, el año pasado, la CNDH emitió la Recomendación
General número 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada,
Culturalmente Adecuada y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de
la República Mexicana”, y aseguró que este Organismo Nacional enfatizó la
necesidad de contar con un ordenamiento específico que regule adecuadamente el
proceso de consulta a ese sector de nuestra sociedad, el cual representa el
21.50 por ciento de los más de 119 millones de habitantes del país.
Aguilar León consideró importante trabajar en la
capacitación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno y fomentar
la responsabilidad de las empresas privadas para que las consultas que se
realicen a las comunidades indígenas se lleven a cabo conforme a lo que
establece la normatividad y evitar que violen otras prerrogativas, como el
derecho a propiedad ancestral, al territorio, a la libre determinación, al
desarrollo sustentable y a la identidad cultural.
Por su parte, el Director General de Política Pública de
Derechos Humanos de la SEGOB señaló que la Reforma Constitucional de Derechos
Humanos del 2011 establece la obligación de todos los servidores públicos de
respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los habitantes del país.
Dijo que, a partir de dicha Reforma, quienes integran el
servicio público deben evitar violentar los derechos humanos consagrados en la
Carta Magna y los diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por nuestro país, así como realizar conductas que puedan obstaculizar su
ejercicio.
En su oportunidad, la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la SEDATU indicó que el propósito del curso es actualizar a los funcionarios
públicos de esa dependencia en temas de derechos fundamentales para que puedan
desempeñar su labor de forma incluyente y sensible, brindando un servicio
público de calidad, por lo que los convocó a poner en marcha lo aprendido en su
quehacer cotidiano.
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