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jueves, 8 de junio de 2017

Asignatura pendiente en reclusorios el respeto a los DD HH

 * El Organismo Nacional presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, donde los centros municipales obtuvieron calificación promedio nacional de 3.90; los CERESOS, 6.27; los CEFERESOS, 7.21 y las prisiones militares, 7.95


De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político



Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que el respeto por los derechos humanos aún sigue siendo una asignatura pendiente en los centros de reclusión.

Así lo demuestra especialmente el caso de las cárceles municipales, que en promedio nacional obtuvieron una calificación de 3.90, renglón donde sobresalieron por sus deficiencias los penales de Nayarit, 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24 y Quintana Roo, 5.69. No pasa inadvertido que en el año que se informa en los estados de Tabasco y San Luis Potosí se iniciaron el cierre de cárceles municipales como se propuso en la Recomendación 28/2016.

Por lo que hace a los centros municipales con menor promedio son: la Cárcel Distrital de Zimapán en Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán en Jalisco; la Cárcel Distrital de Zacoaltipan en Hidalgo; y las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas en Nayarit, estas tres últimas con una calificación inferior a un punto.

Las calificaciones para los Centros de Readaptación Social (CERESOS) fue de 6.27; para los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), 7.21 y para las prisiones militares, 7.95.

Los centros estatales con menor promedio son: el CERESO de Chilpancingo; la Penitenciaría Central de Oaxaca; el CERESO de Cancún; el CERESO de Actopan, Hidalgo; y el CERESO de Venustiano Carranza en Nayarit.

Las deficiencias encontradas en los centros municipales se refieren especialmente a insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo, falta de separación entre procesados y sentenciados, carencia de reglamentos y manuales, escasa o nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.

Este Diagnóstico se realizó sobre una muestra de 131 centros penitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centros federales y 3 prisiones militares, de un total de 392 centros, y así se abarcó una población de 211,982 personas internas, que conforman el 87.73% de la población total recluida al inicio del año 2016.

En esta ocasión, se adicionó la evaluación de 42 centros que dependen de autoridades municipales, así como información relativa a la población de mujeres por centro, efectuando la supervisión específica de los centros femeniles del país en funcionamiento al momento de la visita, abarcando el 86.16% de la población total femenil.

Resultado de este trabajo, la CNDH comprobó la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en centros estatales, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados, condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia.

En cuanto a los centros federales, el derecho a la protección de la salud es la mayor deficiencia por falta de personal médico, medicamento, escasa atención y cuidados a personas adultas mayores, así como carencias de programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria.

En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

Para la elaboración del Diagnóstico, la CNDH tomó como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que establece la obligación de las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El DNSP 2016 se conforma de cinco apartados: los cuatro primeros refieren la información y evaluación de centros estatales, federales, militares y municipales, instituciones que en su conjunto conforman el Sistema Penitenciario Nacional, mostrando en cada sección calificaciones globales, específicas, cuadros comparativos y tendencias. El quinto apartado integra los datos que fueron proporcionados por las autoridades para conformar la información estadística sobre incidencias (homicidios, riñas, motines y quejas) que se presentan al interior de los centros penitenciarios del país.

Entre los objetivos del DNSP está el orientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos, por lo cual se estructura para reflejar las condiciones por la que transitan nuestras cárceles a través de un análisis cualitativo y un punto de vista cuantitativo, que identifique deficiencias y logros, los cuales sirvan de parámetros para establecer procesos de mejora en las instituciones de reclusión.

La supervisión se estableció a través de los siguientes rubros: integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y atención a internos con requerimientos específicos, los cuales se subdividieron en temas, indicadores y sub-indicadores, mismos que se calificaron de acuerdo con las condiciones mínimas que deben existir en un centro a efecto de procurar la reinserción social de los internos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 puede ser consultado aquí donde se señalan de manera específica las condiciones de los centros evaluados en el periodo de referencia