* Se desenmascara la “verdad histórica” de la PGR utilizada por Peña Nieto contra opositores
Por Jordi TRUJOLS
Periodista de nuestra asociada RNU
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Manifestación en la Ciudad de
México
sobre el caso de la escuela
Normal
de Ayotzinapa
UNIC/Mexico
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En su reporte “Doble injusticia – Informe sobre violaciones
de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indica en Ginebra, que ha encontrado “fuertes
elementos de convicción para concluir que durante la investigación sobre la desaparición de
cuarenta y tres estudiantes en 2014 se cometieron graves violaciones de derechos
fundamentales".
“Estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones
inadecuadas e incluso de encubrimiento”, indica el informe de la Oficina del
Alto Comisionado publicado este jueves, se analiza información sobre 63
personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los
estudiantes.
Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas
médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades,
detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción
para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.
En el informe se señala que hubo “un modus operandi
prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas
arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en
las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio
Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
El documento estudia los casos de sesenta y tres de los ciento
veintinueve imputados en la desaparición de los estudiantes y concluye la
Oficina del Alto Comisionado “cuenta con fuertes elementos de convicción para
concluir” que al menos treinta y cuatro “habrían sufrido torturas”, tras un
análisis de los expedientes judiciales, pruebas médicas y una serie de
entrevistas con autoridades, detenidos y testigos.
Las explicaciones ante las lesiones de los detenidos fueron
en muchos casos “justificaciones no plausibles y contradictorias”, destaca el
informe, que también incluye autoinculpaciones de detenidos que presentaban
múltiples lesiones, según atestiguan los informes médicos.
Doble injusticia
El representante de la Oficina del Alto Comisionado en
México, Jan jarab, destacó en una entrevista con el Centro de Información de
México la doble aflicción que el caso provoca el caso en el país.
“Es una doble injusticia porque por un lado es una
injusticia hacia los procesados que han sufrido tortura y otras violaciones de
sus derechos humanos, pero también el derecho a la verdad no solo de las
familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el
derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana”.
Cualquier prueba obtenida bajo tortura es nula
El estudio indica que las violaciones a los derechos humanos
documentadas comenzaron a partir del 5 de octubre cuando la Procuraduría
General de la República tomó las riendas de la investigación que había empezado
la Fiscalía del Estado de Guerrero. Las detenciones fueron realizadas por
personal de esa Procuraduría, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.
El informe emplaza a excluir o declarar como nula a
cualquier prueba sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida
bajo tortura, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y
con las normas del derecho internacional.
Además, urge a la Procuraduría a investigar quienes fueron
los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas o cualquier otra
violación a los derechos humanos.
Este caso pone a prueba la voluntad y capacidad de las
autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos.
“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de
comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación
del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los
derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la
verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la
sociedad en su conjunto”, señala el Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
Zeid Ra’ad Al Hussein.
Y añadió que este caso “pone a prueba la voluntad y
capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de
derechos humanos”.
“Durante tres años y medio -dijo Zeid-, las familias de las
víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres
queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la
verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los
responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos
perpetradas durante la investigación”,
Recomendaciones al Estado mexicano
El informe pide al ejecutivo mexicano que ponga en práctica
la recomendación del Alto Comisionado de crear un Consejo Asesor de lucha
contra la impunidad, encargado de “proponer estrategias y reformas que impulsen
las capacidades de investigación y sanción y abonar a las iniciativas en torno
a la reforma de la procuración de justicia”.
También insta al poder legislativo a instaurar una reforma
constitucional y una ley orgánica que garantice de modo efectivo la
“independencia, autonomía y profesionalismo” de la Fiscalía General de la
República y que comprenda mecanismos de control interno y procesos de rendición
de cuentas.
Asimismo, insta a ambos poderes a trazar y poner en
funcionamiento el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de acuerdo con las
condiciones ordenadas en la Ley General sobre esta materia, con el objetivo de
erradicar la tortura como método de investigación.
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un
nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en
cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad
de México, cuando la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado
de Guerrero. Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición
forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al
menos otras 40 resultaron heridas. El papel de diversas fuerzas de seguridad en
estos hechos está bajo investigación.
El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General,
anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido
entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo
criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un
basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. En noviembre de 2014, el
Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
establecieron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
para dar seguimiento a la investigación. El informe final del GIEI, publicado
en abril de 2016, concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de
que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
Según la información disponible, hasta la fecha nadie ha
sido condenado en relación con el caso Ayotzinapa y 33 de las 34 personas
imputadas cuyos casos se describen en este informe, siguen detenidas.
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