Otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, desde la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderon a un lado del Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la preservación, defensa y difusión de nuestra identidad cultural.
Recuerda nuestro compañero Arturo Zárate Vite, presidente de
la Comisión Dictaminadora del Premio Colibrí de Oro, los “baños de pueblo” de advenedizos
al partido en el poder. Nosotros recordamos el colmo del “Tío” Jorge Martínez,
que en su campaña en Nuevo León, se desinfectaba las manos con alcohol.
Invertirá tres mil 800 millones de dólares el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA) en la población rural de los países pobres en beneficio de 140 millones de personas, informó en Roma, este jueves 18 de febrero, Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA.
Indicó que ello será posible gracias al objetivo de
financiación sin precedentes fijado hoy por los gobiernos de los 177 Estados
Miembros de la organización en el evento anual de su Consejo de Gobernadores.
En un momento en el que muchas naciones se enfrentan a graves desafíos económicos, esta medida demuestra la importancia clave que los líderes mundiales otorgan a la inversión en un desarrollo rural eficaz a largo plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este decidido voto de confianza aumenta significativamente
la capacidad del FIDA para abordar los devastadores efectos socioeconómicos de
la COVID-19 y el cambio climático. Con esta financiación sin precedentes, el
FIDA llegará a aproximadamente 140 millones de personas en las zonas más
frágiles y remotas del mundo durante los próximos tres años.
En combinación con la ampliación de su pionero Programa de
Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+), un nuevo programa de
financiación proveniente del sector privado y la cofinanciación de asociados
nacionales e internacionales, el FIDA se propone ejecutar un programa de
trabajo de al menos USD 11 000 millones entre 2022 y 2024.
“Hoy, nuestros Estados Miembros dejaron claro que el destino de las personas pobres y que padecen hambre es importante. Todos estamos unidos en esta batalla contra las consecuencias de la COVID-19 y el cambio climático, pero ninguno siente dichas consecuencias más profundamente que la población rural de los países más pobres del mundo”, dijo Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA.
“Cuesta menos invertir en sostenibilidad y desarrollar
resiliencia a las crisis que responder a repetidas emergencias humanitarias, y
para ello se diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este mayor
compromiso con el trabajo del FIDA supone un paso importante para cumplirlos.
Las contribuciones comprometidas hasta ahora demuestran que nuestros Estados
Miembros están decididos a erradicar la pobreza y el hambre, y que confían en
el impacto de la labor del FIDA”, añadió Houngbo.
Un total de 67 países han anunciado ya nuevos compromisos de
financiación por un total de más de USD 1 100 millones en apoyo de la Duodécima
Reposición del FIDA (IFAD12), un proceso mediante el cual los Estados Miembros
definen prioridades estratégicas y asignan fondos a la organización para su
programa de trabajo 2022-2024. Se esperan más compromisos de financiación a lo
largo de 2021.
En una poderosa muestra de apoyo, los Gobiernos de Alemania
y Francia hicieron público un comunicado conjunto en el que afirmaron: “Dado
que el programa de trabajo del FIDA para 2022-2024 es ambicioso y necesario
para abordar la cuestión de la pobreza rural en este momento crítico, hemos
decidido aumentar significativamente nuestro apoyo financiero al FIDA hasta
alcanzar un máximo histórico. Instamos a todos los Estados Miembros a que se
unan a nosotros y hagan una contribución ambiciosa”.
El papel del FIDA entre las instituciones financieras
internacionales es muy especial, pues un gran número de Estados Miembros - por
lo general más de 100 - contribuyen voluntariamente a su financiación básica.
Esto incluye a algunos de los países más pobres del mundo, que estuvieron entre
los primeros en anunciar sus compromisos ya en 2020, dejando claro el valor que
dan a su colaboración con el FIDA y sirviendo de ejemplo a los grandes donantes
para que den un paso al frente.
Muchos de los principales donantes del FIDA han anunciado
una contribución significativamente mayor que la anterior. Estados Unidos,
históricamente el mayor contribuyente al presupuesto del FIDA, comprometió USD
129 millones, lo que representa un aumento del 43 %. Una declaración emitida
por el país hizo hincapié en el papel del FIDA como "un asociado eficaz a
la hora de unir las voluntades de los países donantes en un entorno
multilateral y lograr reducir la pobreza rural".
Francia (USD 106 millones, un 50 % adicional), Italia (USD
96 millones, un 45 % adicional), Suecia (USD 87,3 millones, 60 % adicional) e
Irlanda (USD 14,3 millones, 66 % adicional) también anunciaron un aumento de
sus compromisos. Finlandia y Noruega también aumentaron sus promesas básicas en
un 40 %. Alemania, China, los Países Bajos, Japón y Canadá hicieron importantes
promesas de USD 101 millones, USD 85 millones, USD 82,9 millones, USD 57,3
millones y USD 55,5 millones respectivamente.
Otros países, incluidos Camboya, Laos, Madagascar,
Mauritania, Pakistán y Filipinas también anunciaron contribuciones más altas,
uniéndose a los que prometieron aumentos significativos el año pasado, entre
ellos Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Grecia, Luxemburgo, Malí, São Tomé y
Príncipe, Sierra Leona y Uganda. Comprometiéndose a contribuir por primera vez
desde 2013, Haití anunció una aportación más del doble que su última
contribución, mientras que Somalia anunció su primer compromiso financiero con
el FIDA en tres décadas.
Además, los Estados Miembros acordaron financiar un nuevo
Marco de Sostenibilidad de la Deuda para garantizar que los países bajo extrema
presión financiera a causa de su deuda puedan seguir recibiendo financiación
del FIDA.
También acordaron que al menos la mitad de la financiación
recibida apoyará proyectos de desarrollo rural en África subsahariana. Más de
una cuarta parte se canalizará a países que enfrentan conflictos u otras
situaciones de fragilidad.
Al menos el 40 %se invertirá en abordar los desafíos del
cambio climático, contribuyendo a cumplir los compromisos del Acuerdo de París
y garantizando que más financiación para la lucha contra el cambio climático
llegue a los pequeños agricultores. La inversión en los jóvenes y la creación
de empleo rural también serán prioridades clave.
El enfoque del FIDA - un desarrollo rural centrado en las
personas - fomenta el crecimiento desde abajo con inversiones en las
comunidades, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores y la economía
rural no agrícola.
Está demostrado que estas inversiones en la base de la
sociedad promueven la prosperidad, la seguridad alimentaria y la resiliencia
ante el cambio climático, los desastres naturales, los aumentos de precios y
otras pertubaciones como la COVID-19 que pueden desembocar en crisis
humanitarias.
A partir de 2022, el FIDA implementará un modelo de negocio reforzado que incorpora las lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19 para garantizar que sus inversiones del FIDA ayudan a la población rural a mantener el progreso logrado y a disponer de medios de vida mejores, más fuertes y más resilientes frente a esta y otras crisis futuras.
* Las diputadas Verónica Juárez y Azucena Rodríguez plantean
“blindar” más de 40 apoyos a diversos grupos, en el PEF 2021 *
Proponen las diputadas
del PRD Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora, incluir un
“Acuerdo de Blindaje Electoral” en el decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) del 2021, para evitar manipular la pobreza a través de
programas sociales en comicios de junio próximo, este martes 10 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.
Mediante un comunicado, señalaron que propusieron incorporar
a dicho decreto el artículo 30-Bis, en el cual se precisa que la Federación y
las entidades federativas deberán instalar una “Mesa Nacional del Acuerdo de
Blindaje Electoral”, a más tardar el 30 de enero próximo.
Dicha mesa deberán integrarla el o la titular de la
Secretaría de Gobernación, de la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo y de la Fiscalía de Delitos Electorales, un representante del
Instituto Nacional Electoral (INE) y de cada uno de los partidos políticos
nacionales.
Asimismo, que a más tardar el 7 de febrero de 2021 se
instale en cada entidad federativa, una “Mesa Estatal” similar con el Delegado
Estatal de Programas para el Desarrollo y representantes del gobernador, la
Junta Ejecutiva Local del INE, de la Fiscalía de Delitos Electorales, de cada
partido político nacional y de cada partido con registro estatal.
Ambos tipos de mesas -puntualiza la propuesta de las
legisladoras perredistas- garantizarán cumplir el acuerdo, y adoptarán las
medidas necesarias para tal efecto en sesiones semanales, hasta la conclusión
de los cómputos electorales federales y locales.
Las legisladoras por Jalisco y Veracruz, señalaron que la
propuesta del Ejecutivo sobre el PEF no incluye este artículo 30-Bis y en el 30
-inscrito en el Capítulo II (De Los Criterios Específicos Para la Operación de
los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar) plantea
convenios entre Federación y entidades federativas sólo para programas del Ramo
20, para los cuales se prevé una erogación por 189 mil 970 millones de pesos,
en el 2021.
La propuesta de las diputadas Juárez y Rodríguez es para
esos seis programas, pero también para todos los demás incluidos en el Anexo 25
(todos los sujetos a Reglas de Operación) que, junto con los de Bienestar,
suman siete de Agricultura y Desarrollo Rural; uno de Economía; nueve de
Educación Pública; tres de Salud; uno de Trabajo y Previsión Social; cuatro de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cuatro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; uno del IMSS-Bienestar; dos de Ciencia y Tecnología; tres de
Cultura, y tres de Entidades No Sectorizadas.
Por otra parte, el Ejecutivo plantea en el tercer párrafo
del artículo 30 de su Proyecto de Presupuesto que la Federación, a través de la
Secretaría del Bienestar, deberá establecer convenios con las entidades
federativas para impulsar “el trabajo corresponsable en materia de superación
de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación” y para promover “el
desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo”.
La propuesta de las diputadas perredistas es que la
Secretaría de Gobernación encabece esos convenios, pero prevé fechas, periodos
y mecanismos precisos de actuación con otros entes involucrados.
Así, por ejemplo, sugieren que el “Acuerdo de Blindaje
Electoral” incluya que no se suspenderá la entrega de apoyos a los
beneficiarios, pero sí la propaganda gubernamental de todo tipo a partir del
inicio de las campañas electorales federales, o antes, si la legislación local
así lo dicta.
Se prohíba a los servidores públicos que operan los
programas sociales, usar indumentaria o documentación alusiva a cualquier
nombre, frase, color o símbolo que los relacione con candidato o partido
político alguno, y también que se suspendan los eventos masivos de entrega de
apoyos a partir del inicio de precampañas.
Los ejecutores de los programas, a su vez, deben informar a
las Mesas sobre la operación, calendario y forma de entrega de los apoyos,
padrón de beneficiarios y montos de apoyos correspondientes a su territorio.
Obliga a todo funcionario, incluidos los llamados Servidores de la Nación y a los beneficiarios, a denunciar ante las autoridades electorales y la Fiscalía de Delitos Electorales cualquier condicionamiento del voto; invitación a apoyar eventos de campaña, partidos o candidatos, o cualquier medida de presión contra la libertad del sufragio con motivo de dichos programas sociales.
