* Las diputadas Verónica Juárez y Azucena Rodríguez plantean
“blindar” más de 40 apoyos a diversos grupos, en el PEF 2021 *
De la mesa de redacciónDe Arcano Político
Proponen las diputadas
del PRD Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora, incluir un
“Acuerdo de Blindaje Electoral” en el decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) del 2021, para evitar manipular la pobreza a través de
programas sociales en comicios de junio próximo, este martes 10 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.
Mediante un comunicado, señalaron que propusieron incorporar
a dicho decreto el artículo 30-Bis, en el cual se precisa que la Federación y
las entidades federativas deberán instalar una “Mesa Nacional del Acuerdo de
Blindaje Electoral”, a más tardar el 30 de enero próximo.
Dicha mesa deberán integrarla el o la titular de la
Secretaría de Gobernación, de la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo y de la Fiscalía de Delitos Electorales, un representante del
Instituto Nacional Electoral (INE) y de cada uno de los partidos políticos
nacionales.
Asimismo, que a más tardar el 7 de febrero de 2021 se
instale en cada entidad federativa, una “Mesa Estatal” similar con el Delegado
Estatal de Programas para el Desarrollo y representantes del gobernador, la
Junta Ejecutiva Local del INE, de la Fiscalía de Delitos Electorales, de cada
partido político nacional y de cada partido con registro estatal.
Ambos tipos de mesas -puntualiza la propuesta de las
legisladoras perredistas- garantizarán cumplir el acuerdo, y adoptarán las
medidas necesarias para tal efecto en sesiones semanales, hasta la conclusión
de los cómputos electorales federales y locales.
Las legisladoras por Jalisco y Veracruz, señalaron que la
propuesta del Ejecutivo sobre el PEF no incluye este artículo 30-Bis y en el 30
-inscrito en el Capítulo II (De Los Criterios Específicos Para la Operación de
los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar) plantea
convenios entre Federación y entidades federativas sólo para programas del Ramo
20, para los cuales se prevé una erogación por 189 mil 970 millones de pesos,
en el 2021.
La propuesta de las diputadas Juárez y Rodríguez es para
esos seis programas, pero también para todos los demás incluidos en el Anexo 25
(todos los sujetos a Reglas de Operación) que, junto con los de Bienestar,
suman siete de Agricultura y Desarrollo Rural; uno de Economía; nueve de
Educación Pública; tres de Salud; uno de Trabajo y Previsión Social; cuatro de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cuatro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; uno del IMSS-Bienestar; dos de Ciencia y Tecnología; tres de
Cultura, y tres de Entidades No Sectorizadas.
Por otra parte, el Ejecutivo plantea en el tercer párrafo
del artículo 30 de su Proyecto de Presupuesto que la Federación, a través de la
Secretaría del Bienestar, deberá establecer convenios con las entidades
federativas para impulsar “el trabajo corresponsable en materia de superación
de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación” y para promover “el
desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo”.
La propuesta de las diputadas perredistas es que la
Secretaría de Gobernación encabece esos convenios, pero prevé fechas, periodos
y mecanismos precisos de actuación con otros entes involucrados.
Así, por ejemplo, sugieren que el “Acuerdo de Blindaje
Electoral” incluya que no se suspenderá la entrega de apoyos a los
beneficiarios, pero sí la propaganda gubernamental de todo tipo a partir del
inicio de las campañas electorales federales, o antes, si la legislación local
así lo dicta.
Se prohíba a los servidores públicos que operan los
programas sociales, usar indumentaria o documentación alusiva a cualquier
nombre, frase, color o símbolo que los relacione con candidato o partido
político alguno, y también que se suspendan los eventos masivos de entrega de
apoyos a partir del inicio de precampañas.
Los ejecutores de los programas, a su vez, deben informar a
las Mesas sobre la operación, calendario y forma de entrega de los apoyos,
padrón de beneficiarios y montos de apoyos correspondientes a su territorio.
Obliga a todo funcionario, incluidos los llamados Servidores de la Nación y a los beneficiarios, a denunciar ante las autoridades electorales y la Fiscalía de Delitos Electorales cualquier condicionamiento del voto; invitación a apoyar eventos de campaña, partidos o candidatos, o cualquier medida de presión contra la libertad del sufragio con motivo de dichos programas sociales.
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