*No puede ser solo para los países ricos
De la mesa de redacciónDe nuestra asociada RNU
BioNTech: Pfizer y BioNTech aseguran que su vacuna
contra la COVID-19 es eficaz en más del 90% de los casos
Con los claros avances en vacunas como la de la farmacéutica
Pfizer y con más de un millón de muertos a nivel mundial por el COVID-19,
expertos en derechos humanos han recordado que el acaparamiento de estas
herramientas por países específicos y el nacionalismo no tienen lugar en la
lucha contra la pandemia. Las empresas farmacéuticas también tienen la
responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a
la vida y la salud, advirtieron.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos
denunciaron que algunos países están tratando de monopolizar cualquier futura
vacuna contra el COVID-19 a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha
advertido que “nadie estará a salvo hasta que todos los estén”.
Varios relatores, expertos independientes y miembros de
grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijeron en un comunicado que el
nacionalismo no tiene lugar en la lucha contra esta pandemia.
“Lamentablemente, parece que algunos gobiernos se han
comprometido a garantizar vacunas solo para sus ciudadanos. Las políticas de
salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas
internacionales de derechos humanos”, expresaron este lunes, cuando los líderes
globales se reúnen en la Asamblea Mundial de la Salud.
Los expertos advirtieron que estos países que han prometido
las vacunas a su población probablemente no logren hacerlo debido a la limitada
capacidad de producción, un obstáculo que se hace menor en el marco de un
esfuerzo global coordinado.
“La pandemia continuará y volverá a afectar a esos países
tarde o temprano, incluso a través de nuevas perturbaciones económicas. Un
mensaje, que se repite a menudo en 2020, sigue siendo esencial: nadie está
seguro hasta que todos lo estemos”, dijeron.
Agregaron que según la ONG Oxfam, para septiembre de este
año el 51% de las dosis que se
producirán en función de la capacidad para esa fecha ya se habían reservado
para países con solo el 13% de la
población mundial. “Si el resto del mundo depende de las mismas instalaciones
de fabricación, tendrán que esperar a que cumplan sus pedidos anticipados y
esperar que se puedan producir más dosis antes de que muchos más mueran o se
enfermen gravemente”, advirtieron.
Los expertos recordaron que la cooperación internacional y
el multilateralismo son fundamentales para facilitar a los países la superación
de la crisis actual y sentar las bases de una recuperación socioeconómica
sólida, sostenida e inclusiva en todo el mundo.
“Para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias y hacer
realidad los derechos humanos universales, los Estados deben tomar medidas,
tanto individual como conjuntamente, mediante la cooperación y la asistencia
internacionales”, dijeron.
Este lunes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, dio la bienvenida a los avances en la vacuna de Pfizer, que según la farmacéutica es eficaz en un 90% de los casos y dijo que el mundo está experimentando una colaboración científica sin precedentes.
University of Oxford/John
Cairns: Científicos trabajando en la Universidad de Oxford para desarrollar una
vacuna contra el COVID-19.
El apoyo a COVAX
Los relatores y expertos en
derechos humanos hicieron un llamado a los países para que apoyen la iniciativa
COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar el acceso
equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial.
"Según el derecho
internacional, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento COVID-19 debe estar
disponible para todos los que los necesiten, dentro y entre países,
especialmente aquellos en situaciones vulnerables o que viven en la
pobreza", afirmaron.
También pidieron la cooperación y
la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo para
garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y
conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento COVID-19.
Además, recalcaron que las
empresas farmacéuticas también tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos y no deben anteponer las ganancias a los derechos de las
personas a la vida y la salud, y deben aceptar restricciones a la protección
mediante patente de las vacunas que desarrollan.
Los expertos acogieron con
beneplácito la petición a la Organización Mundial del Comercio por parte de
India y Sudáfrica de renunciar a ciertas disposiciones del acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC) para mejorar la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19.
“Esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Ahora el mundo debe dejar de lado iniciativas individuales fuera de lugar para monopolizar las vacunas y los suministros, y trabajar juntos para derrotarlo".
NIH: Un paciente recibe la
vacuna contra la influenza
Las medidas de austeridad
Los relatores recalcaron que los
Estados tienen la obligación de garantizar que todas las vacunas y tratamientos
de COVID-19 sean seguros, disponibles, accesibles y asequibles para todos los
que los necesiten.
“Esto es particularmente relevante
para las personas en situaciones vulnerables que a menudo se ven descuidadas de
los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluidos los que viven en la
pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas con discapacidad”,
expresaron.
Agregaron que les preocupa que,
para hacer frente a un espacio fiscal limitado, existe un alto riesgo de que
los gobiernos de los países en desarrollo, en lugar de adoptar políticas que
respeten los derechos humanos, recurran una vez más a medidas de austeridad,
incluidos recortes en la protección social, la asistencia alimentaria o los
suministros sanitarios.
“Esto profundizaría aún más la
pobreza, la discriminación y la brecha de desigualdad dentro de los países. Los
impactos sociales más profundos también retrasarán el proceso de recuperación
económica”, advirtieron.
Las medidas de austeridad implementadas a raíz de la crisis financiera de 2008, por ejemplo, dejaron a los sistemas públicos de salud y protección social con una severa falta de fondos, un aumento del empleo precario y una mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Foto: Universidad de Oxford/John Cairns: Un equipo científico de la Universidad de Oxford se encuentra en la fase de prueba de un proyecto de vacuna contra el COVID-19.
Recomendaciones
Los expertos declararon su apoyo
al llamado de la Asamblea Mundial de la Salud para reconocer “el papel de la
inmunización extensiva contra COVID-19 como un bien público mundial para la
salud en la prevención, contención y detención de la transmisión con el fin de
poner fin a la pandemia, una vez segura, de calidad, se dispone de vacunas
eficaces, eficaces, accesibles y asequibles”.
Según ellos, los Estados deberían:
Cumplir con sus obligaciones
internacionales de garantizar el acceso a los medicamentos, incluidas las
vacunas COVID-19 y el tratamiento para todos y de asistencia y cooperación
internacional.
Asegurar que las tecnologías
importantes, los datos de propiedad intelectual y los conocimientos técnicos
sobre las vacunas COVID-19 se compartan ampliamente y que los países en
desarrollo reciban apoyo para aumentar las capacidades de desarrollo,
fabricación y distribución para garantizar el acceso equitativo a dichas
vacunas.
Abstenerse de utilizar la “seguridad
nacional” o cualquier argumento que permita secretos comerciales relacionados
con la vacuna, el tratamiento, las pruebas y cualquier otra información
necesaria para combatir la enfermedad.
Prestar especial atención a
garantizar que las vacunas sean accesibles para los trabajadores de la salud de
primera línea y a unirse a las iniciativas mundiales de la OMS.
Las empresas farmacéuticas
deberían:
Cumplir con sus responsabilidades,
incluso mediante el ejercicio de la debida diligencia en materia de derechos
humanos para identificar y abordar los impactos adversos sobre los derechos a
la vida y la salud, tal como se establece en los Principios Rectores sobre
Empresas y Derechos Humanos.
Abstenerse de causar o contribuir
a impactos adversos sobre los derechos a la vida y la salud invocando sus
derechos de propiedad intelectual y dando prioridad a los beneficios
económicos.
Las instituciones financieras
internacionales:
Garantizar que las subvenciones y
préstamos que otorguen a los países en desarrollo contribuyan a ampliar su
capacidad para adquirir, fabricar y distribuir vacunas COVID-19 seguras,
eficaces y asequibles.
Alinear sus programas de ayuda con un enfoque coordinado a nivel mundial, como el Centro de Vacunas Mundial COVAX.
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