*Tribunales no se deben usar como arma política, dice un experto al presidente de El Salvador*
De la Mesa de RedacciónDe nuestra asociada RNU
El uso de los tribunales como instrumento de acoso político
no tiene lugar en la democracia, señala un relator especial de la ONU y
recuerda que la independencia del poder judicial está consagrada en la
Constitución y en la ley de El Salvador. El presidente del país ha intentado
presionar al poder judicial para acelerar juicios contra opositores a su
gobierno.
“El poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder
judicial y abstenerse de socavar su autoridad”, advirtió este jueves el relator
especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados.
Diego García-Sayán hizo estos señalamientos con motivo de un
largo conflicto entre esos dos poderes del Estado, intensificado por los tweets
del presidente Nayib Bukele que intentaron presionar al poder judicial para
acelerar los juicios contra las figuras de la oposición.
El experto dijo que las decisiones judiciales deben ser
acatadas, “no interpretadas” por otros poderes del gobierno y subrayó que los
tribunales no deben desacreditarse a los ojos del público “utilizándolos como
un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición”.
El caso de Sigfrido Reyes
El relator se refirió con preocupación especial al acoso
judicial contra el miembro fundador del partido de oposición Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sigfrido Reyes, y contra su familia.
Reyes también fue presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015.
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que
abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019, a pesar de que la Sección de
Probidad de la misma Corte informó que no había pruebas de enriquecimiento
ilícito por parte de Reyes y su familia. Para escapar de esta persecución
política, Reyes buscó protección en México, país que le concedió asilo.
Persecución de opositores
García-Sayán afirmó que esos procedimientos judiciales no
tienen ningún fundamento jurídico sino que parecen formar parte de una
estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de
investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar
y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus
dirigentes. “Esto es completamente inaceptable en una democracia”, recalcó.
Según las informaciones del experto, mediante su cuenta de
Twitter, el presidente Bukele jugó un papel importante en el juicio de Reyes y
personas cercanas.
“El uso de los tribunales como instrumento de acoso político
no tiene lugar en la democracia de El Salvador”, recalcó.
Recordó que la independencia del poder judicial está
consagrada en la Constitución y en la ley del país y que es deber de todas las
instituciones del Estado, incluido el presidente, “respetar y observar la
independencia de los tribunales nacionales”.
El relator especial dijo que el de Reyes no es un episodio
aislado y relató que en los últimos meses parece haberse producido una serie de
violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones
hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del
poder ejecutivo, en particular el presidente Bukele.
Exhortación a desoír decisiones de la Corte Suprema
En septiembre pasado, el mandatario exhortó a las
autoridades fronterizas a que hicieran caso omiso de un fallo de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional
una decisión del poder ejecutivo que denegaba la entrada a El Salvador a los
nacionales y extranjeros con derecho de residencia a menos que presentaran una
prueba COVID realizada en las 72 horas anteriores.
El presidente había atacado previamente a los jueces de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por otro veredicto,
calificando a los magistrados de “hipócritas y malos abogados”.
“Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se
les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con
la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia”, concluyó el experto, e
insistió en que no debe haber ninguna intervención inapropiada o injustificada
en el proceso judicial y que las autoridades nacionales deben respetar y acatar
las decisiones del Tribunal Supremo.
Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales
del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano
de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos,
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