* Llama al Estado a
fortalecer los mecanismos de protección y las medidas para combatir la
impunidad * Asesinaron a los periodistas Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, Jesús
Alfonso Piñuelas Montes en la ciudad de Cajeme, y de Israel Vázquez Rangel en
la ciudad de Salamanca *
De la mesa de redacción
De Arcano Político
Condena la OEA en Washington este martes 11 de noviembre, el
reciente asesinato de los periodistas Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, Jesús
Alfonso Piñuelas Montes en la ciudad de Cajeme, y de Israel Vázquez Rangel en
la ciudad de Salamanca.
El periodista Israel Vázquez Rangel, de 31 años y que se
ocupaba de la sección policial en el medio digital El Salmantino, murió este
lunes 9 de noviembre a causa de sus heridas a las pocas horas de ser atacado
por individuos armados en Salamanca (estado de Guanajuato). Alertado por la
policía, acababa de acudir al lugar del hallazgo de unos restos humanos, donde
dos hombres no identificados abrieron fuego contra él.
Una semana antes, en la tarde del 2 de noviembre, el
periodista independiente Jesús Alfonso Piñuelas Montes, de 43 años de edad y
más conocido como “El Norris”, fue asesinado a balazos mientras conducía su
motocicleta en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, uno de los distritos
más violentos y peligrosos del estado de Sonora.
Pocos días antes, el 29 de octubre, había sido asesinado en
Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) el periodista Arturo Alba Medina, de 49
años, conductor del Noticiero de Telediario de Canal 6 del grupo TV Multimedios
Televisión. Acababa de salir del estudio de televisión cuando dos individuos
armados lo acribillaron a balazos dentro de su automóvil.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informó en un
comunicado, condena el reciente asesinato de los periodistas Arturo Alba Medina
en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua; Jesús Alfonso Piñuelas Montes en la
ciudad de Cajeme, Sonora; y de Israel Vázquez Rangel en la ciudad de Salamanca,
Guanajuato.
La Relatoría insta al Estado mexicano y a su Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial la autoría
material e intelectual de los crímenes y determine el vínculo que podrían tener
con la actividad periodística.
Asimismo, llama al Estado a fortalecer el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista en línea
con las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre la Situación de
la Libertad de Expresión en México.
Arturo Alba Medina (49 años), conductor del noticiero
“Telediario” del Canal 6 de Multimedios en Ciudad Juárez, fue asesinado de al
menos 11 disparos en la noche del 29 de octubre, minutos después de concluir su
programa informativo. El 2 de noviembre fue asesinado en la ciudad de Cajeme el
periodista Jesús Alfonso Piñuelas Montes (43 años), quien colaboraba con
distintos medios y contaba además con su canal de noticias digital Zarathustra
Prensa (El Shock de la Noticia). Asimismo, el 9 de noviembre el periodista
Israel Vázquez Rangel (31 años) fue asesinado a balazos mientras realizaba una
cobertura periodística para el medio El Salmantino.
De acuerdo a la información disponible, los tres
comunicadores trabajaban en temas de alto interés público como crimen
organizado, seguridad ciudadana y corrupción. Por otra parte, según pudo
conocer la Relatoría, ninguno se encontraba incorporado como beneficiario del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
En respuesta a los acontecimientos, la Junta de Gobierno del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación publicó comunicados, el 31 de
octubre, 5 de noviembre y 9 de noviembre de 2020, mediante los cuales externó
su condena a los homicidios de los Sres. Alba Medina, Piñuelas Montes y Vázquez
Rangel, respectivamente, e hizo un atento llamado a las autoridades competentes
para el pronto esclarecimiento del caso, así como la atención y acompañamiento
integral a sus familiares.
Estos homicidios aparecen en un contexto especialmente
preocupante por la reciente eliminación de 109 fideicomisos públicos en México,
entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, que administraba los recursos para la implementación y
operación de “medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de
protección”. La Relatoría llama la atención sobre esta medida adoptada por el
Congreso de México, que disminuye la capacidad institucional para proteger
periodistas amenazados por hacer su trabajo. En su Informe Anual 2019, la
Relatoría advirtió que la respuesta del gobierno para implementar mejoras y
proveer de recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas era insuficiente frente a la magnitud de la
violencia ejercida contra estos grupos. Por ello, se ha recomendado al Estado
mexicano en reiteradas oportunidades seguir fortaleciendo el Mecanismo y
asegurar la efectiva aplicación de sus decisiones y medidas. En esta línea, la
Relatoría también ha recomendado la dotación de más recursos a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de
Expresión (FEADLE) y que ésta ejerza con determinación su facultad de atraer
graves crímenes contra la prensa.
De acuerdo a la información documentada por esta Oficina, se
reportan al menos siete casos de periodistas asesinados en México en lo que va
del 2020 por motivos que podrían estar vinculados a la labor informativa. En
adición a estos tres últimos casos, se ha registrado el asesinato del periodista
Julio Valdivia Rodríguez, el 9 de septiembre en el municipio de Tezonapa
(estado de Veracruz); Pablo Morrugares Parraguirre, asesinado el 2 de agosto en
Iguala (estado de Guerrero) --quien se encontraba junto a su escolta adscrito a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que también murió en el acto--;
María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo en Papantla (estado de
Veracruz); y del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, asesinado el 16 de
mayo en Ciudad Obregón (estado de Sonora). Según fue informada la Relatoría,
tanto Pablo Morrugares Parraguirre como Jorge Miguel Armenta Ávalos ya habían
recibido amenazas con anterioridad y se encontraban bajo la protección del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Además, se han reportado otros asesinatos de comunicadores cuyo
vínculo con la profesión no debe descartarse a priori. En 2019, la Relatoría
reportó al menos 11 asesinatos de personas periodistas en México.
Como señalaron los Relatores para la Libertad de Expresión
de la CIDH y ONU en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de
Expresión en México aunque la crisis de seguridad es extendida en México y
afecta gravemente los derechos humanos de toda la población, los hechos de violencia
--que incluyen asesinatos, desapariciones y torturas-- se han dirigido muy a
menudo contra quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de
conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. Agregaron,
además, que la naturaleza sistemática y multifacética de esta violencia exige
la implementación de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y
coherentes en materia de prevención, protección y rendición de cuentas. La
situación de violencia estructural, sumada a la falta de acceso a la justicia y
de debida investigación, representa hoy uno de los más importantes retos para
los derechos humanos en México.
De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es
deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría recuerda que el asesinato de comunicadores
constituye la forma más extrema de censura, y llama al Estado mexicano a
investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus
móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la
actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión. También insiste
en que no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la
prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente -y por lo
tanto es importante que las autoridades al más alto nivel continúen repudiando
enfáticamente esta escalada de violencia-, y nada más alentador y
tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los
crímenes contra periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una
oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin
de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el
desarrollo del sistema democrático.
De la Mesa de RedacciónArcano Radio
