Paren la represión, piden a gobierno cubano

Arcano Internacional

De la mesa de redacción

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Washington D.C – Repudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) la persistencia de la represión estatal en contra tanto de las personas que participaron o apoyaron las manifestaciones sociales, como de la prensa que ha dado cobertura a estos hechos. El Estado debe poner fin a estas acciones, respetar la libertad de expresión y garantizar los derechos de asociación y de reunión pacífica.

Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron consideradas una expresión significativa de la frustración y el descontento acumulado a lo largo del tiempo por la población, que reivindicaba por libertad y mejores condiciones de vida apelando al derecho de reunión pacífica. Sin embargo, el Estado reprimió las protestas y buscó silenciar las voces de las personas manifestantes por medio de las fuerzas de seguridad estatales que utilizaron de la violencia, detenciones arbitrarias y campañas de intimidación.

Durante los últimos dos años, la CIDH y la RELE han monitoreado la situación y documentado ocho patrones represivos por parte del Estado en el contexto de las protestas sociales, que incluyeron malos tratos, criminalización de manifestantes, cierre de espacios democráticos, juicios sin garantías del debido proceso, propuestas legislativas restrictivas y censura en el acceso a internet. La CIDH también ha recibido información sobre afectaciones al debido proceso, como la restricción de acceso a expedientes penales, ausencia de defensa técnica adecuada y falta de contacto con representantes legales.

Se observa que la falta de libertades civiles y políticas continúa limitando severamente la capacidad de las personas cubanas de expresarse y participar en decisiones que afectan sus vidas. Además, las detenciones arbitrarias y la persecución política han generado un clima de miedo y represión que impiden la participación ciudadana y el ejercicio de libertades fundamentales. El exilio, así como el impedimento del retorno de nacionales a la isla son afectaciones que pesan cotidiana e indefinidamente sobre cubanos y cubanas quienes han sumado su voz a los reclamos de las protestas.

Asimismo, se observa que los patrones de represión no han sido eventos aislados, sino que han continuado a lo largo de 2022 y 2023. Las causas que motivaron las protestas de julio de 2021, relacionadas con la falta de acceso a servicios básicos, la escasez de alimentos y medicinas, y las demandas de respeto a los derechos civiles y políticos, siguen siendo motivo de reclamo del pueblo cubano hasta la fecha. Según registros de la sociedad civil, desde julio de 2021 hasta julio de este año 1.880 personas fueron detenidas como resultado de la represión a las protestas sociales. De estas, 773 personas siguen privadas de libertad. Además, 909 personas han sido juzgadas y/o sancionadas por su participación en protestas, y al menos 84 de ellas han optado por el exilio tras ser liberadas o durante excarcelaciones temporales.

En este contexto, preocupa a la CIDH y su Relatoría Especial la persecución y censura por parte del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación que informan sobre las protestas sociales y denuncian violaciones a los derechos humanos. El hostigamiento, la vigilancia y la persecución judicial contra la prensa independiente tienen como resultado, en muchos casos, la renuncia al ejercicio de la labor informativa y el exilio. En 2022, entre agosto y noviembre, 23 periodistas renunciaron del medio independiente elTOQUE debido al temor de ser criminalizados y encarcelados, según información pública. Además, se reportaron las renuncias de 3 periodistas de los portales Yucabyte, Cubanet y Periodismo de Barrio. Por otro lado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), registró 90 casos de comunicadores que salieron del país en 2022, entre periodistas independientes, periodistas que trabajaron o estaban trabajando en medios estatales e influencers. Esta situación tiene un impacto severo en el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, pues impide que las y los cubanos puedan mantenerse informados sobre asuntos de elevado interés público.

La CIDH y su Relatoría Especial reafirman la importancia de la protesta social, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y sin armas, la libertad de asociación y de expresión, para la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y para la participación política en los asuntos públicos. El Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos. Asimismo, reiteran que el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de distintos medios, incluyendo las plataformas digitales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos. En este sentido, las autoridades deben abstenerse de interferir o prohibir las transmisiones de los hechos y de imponer medidas que limiten la libre circulación de información a través de Internet y cualquier otro medio de comunicación.

En este sentido, la CIDH y la RELE hacen un llamado urgente al Estado a fin de que libere todas las personas privadas de la libertad por su participación o apoyo a protestas sociales pacíficas en el país, así como las personas periodistas que han dado cobertura a las mismas. Igualmente, recuerdan el llamado realizado al Estado cubano de que se ponga fin a su distanciamiento y habitual ausencia con respecto a los sistemas internacionales de derechos humanos, y destacan que la apertura al escrutinio y la transparencia gubernamental son pilares para el avance y protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, reiteran su interés de realizar una visita al país, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido, en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la Isla.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.