De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Condenan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), el asesinato del defensor indígena de derechos
humanos Julián Carrillo Martínez.
En un comunicado dado a conocer la mañana de este viernes 26
de octubre, se informó que Carrillo Martínez era uno de los principales líderes
de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe
y Calvo, Chihuahua.
De acuerdo con la información recibida, la noche del 24 de
octubre, el Sr. Carrillo Martínez fue atacado en Coloradas de la Virgen por
hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre.
Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo
estaban vigilando por lo que buscó refugio en un cerro cercano.
La CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua
implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y
seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación
relacionada con la labor que él llevaba a cabo.
El Sr. Carrillo Martínez realizaba una valiosa labor de
defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre
otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad
del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a actores locales.
Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima
era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente
reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Debido a la defensa de los derechos humanos que Julián
Carrillo y otros defensores comunitarios de Coloradas de la Virgen realizaban,
el propio Sr. Carrillo ya había sido víctima de reiteradas agresiones,
incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno,
en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017;
Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en julio de 2016; y Víctor Carrillo
Carrillo, hijo, en febrero de 2016. Derivado de amenazas recibidas y del riesgo
que enfrentaba, el Sr. Carrillo Martínez se había desplazado de la comunidad en
diferentes momentos y era actualmente beneficiario de medidas de protección del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
Chihuahua, y en particular el municipio de Guadalupe y
Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden
derechos humanos. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación
de los defensores de derechos humanos, visitó México y Chihuahua en 2017 y en
su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos
mencionó que “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que
corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del
pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia
organizada y carente de la protección del Estado.”
Como respuesta a esa tendencia, el Gobierno del Estado y el
Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Gobernación– adoptaron un Plan
de Contingencia para reducir los factores de riesgo que favorecen las
agresiones a personas defensoras de derechos humanos, combatir las causas que
las producen y diseñar medidas de no repetición. Sobre ese proceso, tras su
misión conjunta al país también en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Sr.
David Kaye, y el Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión, Sr.
Edison Lanza, consideraron que “el Plan de Contingencia de Chihuahua, si se
desarrolla correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para
convertirse en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas
de prevención para periodistas y defensores de derechos humanos.” Sin embargo,
hasta la fecha, no se ha logrado su plena implementación.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, expresó que
“existe una gran expectativa en torno al Plan de Contingencia por parte de las
víctimas, la sociedad civil y las mismas autoridades y es fundamental que se
encuentren soluciones estructurales que brinden medidas de seguridad integral a
los pueblos indígenas para que asesinatos de defensores como el del Sr Carrillo
o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros no
vuelvan a repetirse”.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, ha señalado
que los defensores civiles de derechos humanos desarrollan una intensa labor de
promoción y defensa que se traduce en diferentes ámbitos de acción: denuncias,
defensa legal, educación, investigación, promoción, difusión, entre otras, cuyo
fin es contribuir a la vigencia de las garantías consagradas en la ley. Además,
éstas inciden de manera decisiva para que los gobiernos cumplan con las
obligaciones consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos.
Cabe destacar que precisamente un día antes del ataque
contra el Sr. Carrillo Martínez, el Tribunal Superior Agrario adoptó una
sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi
–igualmente del municipio de Guadalupe y Calvo– y que sienta un importante
precedente que se espera pueda beneficiar también a las demás comunidades
indígenas que se enfrentan a la invasión de sus territorios y deterioro del
medio ambiente.
El Representante de la ONU-DH agregó que “este caso debe ser
una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en
Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, ya que
la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. Urge sentar un
precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de
defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente”.
El Presidente de la CNDH ha destacado que a pesar de que las
personas defensoras de derechos humanos realizan una importante labor en favor
de los derechos, continúan enfrentándose a graves dificultades al pretender
inhibir con actos de violencia e intimidación sus tareas, así como la creciente
tendencia a estigmatizar y criminalizar su labor. Es importante consignar que
cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se
niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por
violaciones a derechos humanos.
Finalmente, la CNDH y la ONU-DH expresan sus más sinceras
condolencias y solidaridad con la familia, la comunidad y colegas de Julián
Carrillo en la defensa de los derechos humanos, y llaman las autoridades a
adoptar medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes
defienden derechos humanos en la Sierra Tarahumara.
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