De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Debilita la Guardia Nacional de AMLO “la institucionalidad
civil y democrática” DE México, advierte este jueves 20 de diciembre en la
Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras en la
Cámara de Senado con mayoría de MORENA, intentan aprobar las reformas vía libre
e inmediata.
Según Alfonso Durazo Montaño, el ex priista, ex panista y actual secretario
de Seguridad Pública de la administración de Andrés Manuel López Obrador, “vamos
a ver (…) una policialización del Ejército” ante los cuestionamientos de la
ONU, organismos nacionales y legisladores del mismo partido propiedad de su
jefe.
Por considerarlo de interés público general, en Arcano
Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de
escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, reproducimos el comunicado de
la CNDH:
En el marco del proceso de discusión para la reforma de
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a efecto de redefinir la integración, organización y atribuciones de la Guardia
Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite el siguiente:
P O S I C I O N A M I E N T O
1. La utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución
para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan sólo es una
parte de la misma. El replanteamiento de la Guardia Nacional representa una
respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que
enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no
garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a
que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y
democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios
formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.
2. La CNDH no se opone a la participación temporal y
extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de
las personas y llama la atención sobre la necesidad de que tal participación se
regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales premisas. Si bien no
considera que tal cuestión sea deseable, este Organismo Nacional ha sostenido
de manera reiterada que ante la situación de inseguridad, violencia e impunidad
que existe en diversas regiones del país, es necesaria tal presencia a efecto
de contrarrestar las actividades del llamado “crimen organizado”, ante la falta
de recursos y capacidades para tal efecto por parte de las policías civiles y
la frecuente penetración y toma de las mismas por parte de las referidas
organizaciones delictivas.
3. Este Organismo Nacional ve con preocupación que el eje de
la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el
país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia
Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas
Armadas y quedar adscrita administrativamente a las mismas, contraviene lo
previsto por los principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución,
en el sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles
sobre las militares, siendo contraria, de igual forma a recomendaciones y
criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las
tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter
civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho
ámbito.
4. La Guardia Nacional como se plantea no garantiza
justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados
y de corto plazo. Además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso
principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a
los derechos humanos. Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones
policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos
con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes
para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean
posibles. Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la
ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable.
5. La propuesta de reforma Constitucional tiene múltiples
ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar en violaciones a los derechos
humanos, tales como la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional
para actuar a efecto de “preservar el orden y la paz pública” abre la puerta a
una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y
libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta. De
igual forma, no se establece cómo se van a desarrollar a las policías civiles,
cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran
operando, ni las bases y términos en que se daría la coordinación entre
instancias de los tres niveles y órdenes de gobierno y, mucho menos, con los
Ministerios Públicos, siendo este aspecto de especial relevancia en tanto que
la investigación de los delitos necesariamente debe quedar en manos de estos
últimos y preservar múltiples garantías y derechos. De igual forma, la
iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia
Nacional en el ejercicio de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían
que ser de carácter civil.
6. Sería deseable el establecimiento de un grupo o panel de
análisis especializado y plural que revisara la evidencia objetiva y concreta
que sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea, cuyas
consideraciones aportaran elementos para construir un esquema de seguridad pública,
en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de
las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, se prevea una ruta
para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento
de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y
municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública,
contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas
Armadas a las tareas que les son propias
7. Las políticas públicas y las normas que no se formulen
bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos,
producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el
abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las
causas estructurales de la misma. En este sentido, insistimos en la necesidad
de contar con fiscalías autónomas en todos sus aspectos, con los recursos y
capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y
oportunamente sus labores. Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo
enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la
Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de
fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia.
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