De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Y pensar que votaron por el que ahora los violenta. |
Irrespetuoso de los acuerdos internacionales, de las leyes y
de la sociedad mexicana, el transformador de cuarta Andrés Manuel López
Obrador, pretenden desparecer al Consejo Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) que atiende un potencial
padrón de 7 millones de personas.
En sus primeros cien días de gobierno, al Peje dejó sin
apoyo a las madres y padres solteros al cancelar el presupuesto a guarderías, a
los de la tercera edad sin los programas de apoyo, a ganaderos y campesinos,
bajo el argumento de acabar con la corrupción y apoderarse de los recursos que
promete, serán entregados a futuro incierto.
Ahora, pretende apoderarse de los recursos Consejo Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)
para ofrecer entregarlos personalmente dentro de varios meses.
De llegarse a entregar ese dinero en el futuro bajo los
censos que generan padrones cautivos para las elecciones de MORENA, la duda
persiste en el destino de los recursos del 1 de diciembre a la fecha en que se
entreguen, máxime que se filtró una conversación de José Ramón, hijo mayor del
Peje apodado Andrés Manuel López Obrador, con Citlali Ibáñez, apodada Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, para buscar empresas que laven dinero.
Al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (Convención), el Estado mexicano adquirió el
compromiso de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio de los
derechos humanos de las personas con discapacidad para lograr su plena
inclusión en la sociedad.
En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) alerta que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) generaría
una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes
históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte
de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus
derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.
En Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos,
Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez,
con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Comisión
Nacional hizo 7 consideraciones en relación a los recientes anuncios de la
posible desaparición del CONADIS.
Destacó la importancia que tiene esa instancia como
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a
la aplicación de la Convención. Por tanto, considera que lejos de suprimirlo,
el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de
planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones
gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el
diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad,
con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, y evaluar la
política pública en esa materia.
La CNDH enfatiza que la Convención establece en su artículo
4° los compromisos que deberán asumir los Estados Nacionales a fin de
garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna.
Entre otros, adoptar las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos; tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y
promoción de sus derechos humanos, y abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.
En su artículo 33 numeral 1, indica que los Estados Parte,
de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la
Convención.
El 3 de septiembre de 2009, el gobierno de México dio a
conocer a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos, en su calidad de Secretariado del Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que había designado al CONADIS como mecanismo
gubernamental de coordinación para facilitar la adopción de medidas relativas a
la aplicación de la Convención.
Este Organismo Nacional considera que en caso de desaparecer
el CONADIS se estarían incumpliendo las obligaciones internacionales
contraídas, y si otra instancia la sustituyera, tendría que asumir las mismas
funciones de mecanismo de coordinación y comunicar el cambio de manera oficial
al Secretariado del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El 20 de febrero anterior, el Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional, mediante pronunciamiento público, externó su preocupación
por las disposiciones operativas y medidas administrativas anunciadas en
relación con el CONADIS, en tanto una eventual desaparición o recorte
presupuestal a este último generaría una afectación directa a los derechos de
las personas con discapacidad.
Dicho cuerpo colegiado destacó que si las causas de las
medidas anunciadas eran presuntos actos de corrupción, desvío o indebido uso de
los recursos públicos, o la ineficacia o falta de efectividad de los programas
que implementan dichas instancias, el gobierno federal puede realizar
diagnósticos para verificar si son esos u otros de los problemas que inciden en
su desempeño y, a partir de ellos adoptar medidas de control, fiscalización,
auditoría y transparencia del ejercicio presupuestal, además de investigar y
sancionar los casos en los que se acredite el incumplimiento de obligaciones
legales.
En consecuencia, el Consejo Consultivo de la CNDH exhortó
respetuosamente a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público
para que la revisión de las estructuras administrativas que realicen se lleve a
cabo con enfoque de derechos, de género, ciclo de vida y transversalidad.
También coincidió en opinar que la desaparición del CONADIS daría lugar a que
el Estado Mexicano incumpliera la obligación contenida en el numeral 1 del
artículo 33 de la citada Convención.
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