* El Organismo Nacional reitera algunas de sus preocupaciones sobre las Estancias Infantiles
* Se observa una regresión en los derechos de niñas y niños en la primera infancia, así como en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las personas responsables y trabajadoras de estancias infantiles
* El recorte presupuestal y la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, puede propiciar afectación en la atención y cuidado de hijas e hijos de madres trabajadoras y padres solos
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares
para impedir la violación a los derechos humanos de niñas y niños con motivo
del recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.
También pidió la emisión del Acuerdo por el que se emiten
las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y
los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019”
(Programa de Apoyo 2019), se informó en un comunicado este miércoles 6 de marzo
en la Ciudad de México.
Este Organismo Nacional ha recibido diversos escritos de
queja al respecto, entre ellos, el presentado el 25 de febrero del año en
curso, suscrito por Responsables de Estancias Infantiles de diversas entidades
federativas del país, en el cual solicitaron la emisión de medidas cautelares
relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos:
Medidas de seguridad urgentes para las responsables de
estancias infantiles que hayan sufrido agresiones o amenazas derivadas de la
información publicada relacionada con acusaciones de corrupción y por realizar
la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres; el pago de los
apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018. Asimismo,
piden una disculpa pública de las autoridades federales "por haber
difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables
de las estancias infantiles", toda vez que se dañó su imagen y reputación,
y frenar el hostigamiento a las responsables de esas instalaciones por parte de
autoridades federales y en algunos casos, estatales y municipales.
Por ello, en Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos
Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas Rodríguez, la Comisión Nacional le solicita acordar seis medidas
cautelares: Generar las acciones de coordinación necesarias entre autoridades
federales y locales que eviten la violación de los derechos de niñas y niños
con motivo del recorte presupuestal en la asignación de recursos destinados al
Programa de Apoyo 2019 y su modificación en la forma de asignar los apoyos
económicos, privilegiando en toda actividad estatal el interés superior de la
niñez; gestionar ante las autoridades que correspondan, la implementación de
las medidas que resulten necesarias para garantizar y salvaguardar la
integridad y seguridad de las personas responsables y trabajadoras de estancias
infantiles que han sido amenazadas, agredidas y hostigadas.
Propiciar la coordinación entre autoridades federales y
locales, a fin de evitar la estigmatización de las personas responsables y
trabajadoras de las estancias infantiles, además de continuar siendo un vínculo
de interlocución con ellas que permita encontrar solución a la problemática que
han planteado; establecer las acciones que permitan hacer efectivo el derecho
de participación de madres trabajadoras y padres solos o tutores con motivo de
las medidas administrativas y legales que en su caso se adopten en relación con
el Programa de Apoyos 2019, teniendo presente en todo momento el interés
superior de niñas y niños.
Buscar la generación de políticas públicas de igualdad entre
los géneros que permitan a las mujeres conciliar el ejercicio del derecho al
trabajo y el derecho a la familia, que redunden en el mayor beneficio de las
niñas y los niños; gestionar las medidas que resulten necesarias a fin de
evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos y sociales
de todas las personas beneficiarias del Programa.
En el documento, la Comisión Nacional subraya que ha
expresado públicamente su preocupación por el impacto de las medidas anunciadas
en los derechos de niñas y niños, sus familias, así como responsables y
trabajadoras de estancias infantiles, entre otras, por las razones siguientes:
1. La posible restricción a los derechos de la primera
infancia como son el de educación, estimulación temprana, a vivir en
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Por ello, las
políticas públicas emprendidas por las autoridades federales y locales deben
garantizar los derechos de la niñez y su interés superior, asegurando la
asignación prioritaria de recursos para tal efecto;
2. El recorte presupuestal
y la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, puede propiciar que
madres y padres afectados en la atención
y cuidado de sus hijas e hijos, busquen
otras opciones que deriven
en un gasto familiar imprevisto,
o dejar el cuidado de ellas y ellos
a personas que
no cuenten con
las habilidades y
preparación.
3. El Comité de los Derechos del Niño ha destacado la
importancia de que los Estados Nacionales realicen inversiones en el desarrollo
de la primera infancia, lo cual tendría un efecto positivo y directo al romper
ciclos de pobreza y generar una elevada rentabilidad económica en el futuro,
sin soslayar que el Estado
Mexicano en el año 2020 tendrá que comparecer ante ese Comité con motivo
del Sexto Informe Periódico de Cumplimiento de
la Convención sobre
los Derechos del Niño, en cuyo caso
podría haber alguna Observación a las autoridades mexicanas;
4. Se podrían
profundizar las brechas de desigualdad de género en el país, toda vez que las
mujeres trabajadoras se verían obligadas a renunciar a su empleo para asumir el
cuidado total de sus hijas e hijos.
5. De conformidad con las Reglas de Operación del Programa
de Apoyo 2019, la ayuda se entregará directamente a la madre, padre solo o
tutor, sin embargo, es conveniente evaluar si las transferencias económicas
directas a las familias resultan el mecanismo idóneo para garantizar los
derechos de niñas y niños o servirán para satisfacer otras necesidades básicas;
6. Adicionalmente, el cierre de estancias infantiles tendría como consecuencia
la afectación de derechos de las personas responsables y trabajadoras de esos
establecimientos, sin desconocer que esos apoyos económicos se destinan a la
población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación social. En
este sentido, la disminución de recursos presupuestarios y la transferencia
directa de los apoyos a la madre, padre solo o tutor, podría acentuar las
diferencias entre las acciones destinadas a los beneficiarios de los sistemas
de Seguridad Social ya establecidos y las personas que no cuentan con acceso a
ellos.
7. Ante señalamientos de actos de corrupción,
irregularidades o problemas administrativos, es incuestionable la obligación de
las autoridades de investigar y sancionar a los responsables, sin embargo, sin
prejuzgar a priori, no se puede estigmatizar a las personas encargadas y
trabajadoras de las estancias infantiles, pues algunas de ellas han expresado
haber sido víctimas de amenazas e insultos; 8. Es preciso señalar, de acuerdo
con la información que se desprende del escrito de queja del 25 de febrero del
año en curso, que la Auditoría Superior de la Federación evaluó el Programa de
Estancias Infantiles durante el periodo 2017 y 2018, habiendo detectado
irregularidades en 319 estancias infantiles de un total de 9,565, lo que
representó el 3.3% de los establecimientos en el país e hizo observación sólo
al 1.8% del presupuesto del programa.
9. Las responsables de más de 8,000 estancias infantiles
fueron capacitadas por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) para la detección y atención temprana de personas menores con discapacidad,
y 10. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 2019, éste
estará dirigido a personas que habiten en municipios indígenas de alto rezago
social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices
de violencia, no contemplando a las mujeres trabajadoras y padres solos o
tutores que viven en situaciones de pobreza urbana y que no cuentan con
seguridad social ni recursos para pagar los servicios de cuidado infantil,
entre otros supuestos.
Esta Comisión Nacional continuará integrando el expediente
de queja y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho
corresponda.
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