Arcano Político
*Llaman
a México a ajustar a DDHH sus retos de seguridad
De la
Mesa de RedacciónRadio
Naciones Unidas
Un
grupo de relatores especiales muestra preocupación por la propuesta de reforma
constitucional que ampliaría el papel de las fuerzas armadas en la seguridad
pública aprobada ya por los diputados y por votarse en el Senado. La medida
aumentaría el riesgo de abusos de las garantías fundamentales, advierten los
especialistas.
La
Cámara de Diputados de México aprobó la semana pasada la propuesta presidencial
de colocar a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa
Nacional, una medida que ha suscitado preocupación entre varios expertos de la
ONU en derechos humanos, que consideran que aumentaría el riesgo de atropellos
de esos derechos. El texto se someterá a votación en el Senado esta semana.
En un
comunicado conjunto publicado este martes, dos Grupos de Trabajo y tres
relatores especiales* mencionaron la tortura, las detenciones arbitrarias, las
desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales entre los abusos que
se podrían cometer.
“Nos
alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría
de forma permanente funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas. El
potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones
forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, dijeron los expertos.
La Guardia Nacional participaría en investigaciones criminales
Explicaron
que la propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la
Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional su
facultad para participar en actividades de investigación criminal, además de
que ampliaría las funciones de las fuerzas armadas del país más allá de las
relacionadas con la disciplina militar.
Los
expertos reconocen los retos de México en la esfera de la seguridad y han
observado cómo desde hace varios años se ha incrementado gradualmente el papel
de las fuerzas armadas mediante políticas públicas e iniciativas de reforma
legislativa y constitucional.
Por
este motivo, llamaron a las autoridades mexicanas a enfrentar los desafíos con
provisiones que se ajusten a las obligaciones internacionales del país con los
derechos humanos.
En este
sentido, alertaron que, de aprobarse el proyecto de reforma, México
contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y
procedimientos especiales de Naciones Unidas que, desde 1999, han señalado la
necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por
fuerzas de seguridad civiles, garantizando que la participación de las fuerzas
armadas en esas tareas sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada
a la autoridad civil y supervisada.
Violaciones de derechos humanos por funcionarios militares
Los
expertos también se manifestaron alarmados por las presuntas violaciones de las
garantías fundamentales perpetradas en el pasado por algunos funcionarios de
las Fuerzas Armadas. “Estas alegaciones deben ser investigadas y los
responsables deben comparecer ante la justicia”, enfatizaron.
Según
los relatores, la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones
civiles, fortalecer sus capacidades desde un enfoque de seguridad ciudadana, y
reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia.
Del
mismo modo, agregaron, se deben generar las condiciones para un diálogo que
analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro
paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
Los
expertos se mantienen en contacto con las autoridades mexicanas y les han
manifestado su disposición de brindar cooperación y asistencia técnica para
garantizar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, de
conformidad con las leyes internacionales.
Firmantes del comunicado: Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz,
relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;
Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión
pacífica; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos; y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
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