Por Jorge MIYARES
Periodista de nuestra asociada RNU
El serio problema con las desapariciones forzadas y la
carencia de una base de dato nacional que permita buscar a las personas
consideradas en esa situación salieron a relucir este lunes durante el examen
de México realizado por el Comité de la ONU sobre esas desapariciones.
La encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República, Eliana García, fue la responsable de
presentar el informe de su país ante el Comité que tiene su sede en Ginebra.
Reconoció que las acciones impulsadas por el Gobierno
mexicano para afrontar este problema son insuficientes, dada la magnitud de esa
problemática en el país.
"Las personas desaparecidas son padres y madres, son
hermanos, esposos e hijas, son proyectos de vida truncados que nos comprometen
como autoridades a buscarlos, principalmente por la convicción que tenemos de
que hay que buscar a las personas desaparecidas con vida ".
Según García unas 9.790 personas habían desaparecido en
México desde el 1 de diciembre de 2012 y subrayó que queda mucho por hacer por
lograr un registro confiable con los datos de las personas desaparecidas en
todo el país.
En ese sentido, sostuvo que se trabaja para la creación de
un "plan maestro" para afrontar este tema.
A la audiencia en Ginebra han asistido familiares de los 43
estudiantes de magisterio que desaparecieron en septiembre pasado en el
municipio de Iguala.
"Queda mucho por hacer", reconoce Gobierno de México en Ginebra
Por César ROMERO
Periodista de nuestra asociada RNU
La carencia de una base de datos a nivel nacional es un
desafío mayor en el caso de las más de 11.000 personas desaparecidas en México
desde el 1 de diciembre de 2012.
Así se reconoció en la nutrida delegación del gobierno
mexicano que acudió a Ginebra para el primer examen de su país ante el Comité
de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. A donde también llegaron
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero en
septiembre pasado.
Eliana García, es encargada de la subprocuraduría de
Derechos Humanos del gobierno mexicano.
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