De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, les compartimos las palabras de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
En el año 2004, al rendir su Tercer Informe como Relator
Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los
Pueblos Indígenas, el doctor Rodolfo Stavenhagen señalaba, entre algunos de los
aspectos inherentes a la problemática vinculada al tema de justicia y derechos
indígenas, lo siguiente:
“Los derechos de los indígenas suelen negarse en la práctica
aunque exista legislación de protección, hecho que es motivo de particular
preocupación en la administración de justicia. La existencia de un sistema de
justicia eficaz y justo es fundamental para promover la reconciliación, la paz,
la estabilidad y el desarrollo entre los pueblos indígenas.
Una de las esferas más problemáticas de los derechos humanos
de los pueblos indígenas es la administración de justicia. La protección eficaz
de los derechos humanos sólo se logrará si todas las personas, sin
discriminación alguna, tienen libre acceso a la justicia, y si ésta se
administra plena, desinteresada e imparcialmente.”
A doce años de distancia, las situaciones evidenciadas en
dicho informe, así como los postulados sostenidos por el doctor Stavenhagen, de
más de un modo continúan siendo vigentes, pues no obstante que en los últimos
años las cuestiones indígenas han registrado avances en nuestro país, aún no
podemos considerar que la vigencia, respeto y defensa de sus derechos haya
alcanzado niveles aceptables. La discriminación, la exclusión, la pobreza, la
desigualdad y la falta de un acceso real y efectivo a la justicia, siguen
siendo algunos de los factores que integran la compleja realidad que las y los
miembros de nuestros pueblos y comunidades enfrentan de manera cotidiana.
Este panorama indudablemente sería más adverso, sin las
conquistas y avances que los derechos indígenas han concretado como
consecuencia de luchas sociales y del trabajo intenso y comprometido que muchas
personas han llevado a cabo, desde hace varios años, para visibilizar, entender
y procurar dar respuesta a las demandas, necesidades y problemas de ese sector
de nuestra población. Entre estas personas, destaca como un referente necesario
la figura de Rodolfo Stavenhagen, sin cuya obra y vocación por la defensa de la
dignidad humana, no podríamos entender y explicar, muchos de los avances más
relevantes que nuestro país ha tenido en este ámbito.
Desde la composición pluricultural de nuestra Nación que
consigna expresamente el artículo 2º Constitucional, hasta el amplio
reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que se hace ese mismo
precepto, así como muchas de las consideraciones, postulados y del trabajo del
doctor Stavenhagen encuentran ecos o reflejos en el apartado indígena de
nuestro máximo ordenamiento.
Él, junto con otras mexicanas y mexicanos notables,
iniciaron un proceso crítico y reflexivo sobre la materia indígena que potenciados,
por movimientos sociales como el que estalló en Chiapas en 1994, lograron en
poco menos de 5 décadas, transformar la manera como México ve y se relaciona
con sus pueblos y comunidades originarias, construyendo un nuevo esquema y
dinámica con sustento en el respeto de los derechos humanos, abandonando una
concepción en la que, según lo refirió en alguna ocasión, la existencia misma
de los pueblos y comunidades indígenas se percibía como un obstáculo o
impedimento para la construcción de una
Nación moderna.
En el año 2001 pudo presenciar que diversos derechos de los
pueblos indígenas eran reconocidos a nivel Constitucional, sin embargo, no pudo
ver el día en que esos contenidos normativos adquirieran una repercusión
práctica, una trascendencia real. A dieciséis años de distancia, los postulados
constitucionales no han trascendido, en su mayoría, el ámbito estrictamente
jurídico, lo que ha evitado que los mismos alcancen su potencial real de
protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La simple
formulación de las normas, sin dotarlas de una dimensión práctica u operativa,
ha resultado insuficiente para atender la vulnerabilidad de sus derechos
fundamentales, con sus características y especificidades propias.
La reciente partida del doctor Stavenhagen, privó a México,
a sus pueblos y comunidades indígenas, así como a la comunidad internacional de
los derechos humanos, de una de las inteligencias más lúcidas, honestas y
comprometidas, con el respeto y defensa de los derechos de las personas. El día
de hoy, otorgamos post mortem el Premio Nacional de Derechos Humanos a Rodolfo
Stavenhagen Gruenbaum, como un debido y necesario homenaje al humanista y
luchador social, que consagró su vida y obra al servicio de la dignidad humana
y de los grupos mas vulnerables y excluidos de nuestra sociedad. Sirva este
homenaje como una expresión de reconocimiento y gratitud del Estado mexicano al
sociólogo, antropólogo, investigador, defensor y divulgador de los derechos
humanos, constructor de instituciones y formador de pensamiento y de personas.
El racismo, la intolerancia, la discriminación y la
violencia de la Alemania Nazi, hicieron que la familia Stavenhagen Gruenbaum se
viera forzada a abandonar su tierra natal y buscar refugio en México. La
tolerancia, apertura y solidaridad de nuestro país, permitieron que esos
extranjeros se asimilaran a nosotros, y que un niño “Rodolfo” que en 1940
apenas contaba con siete años, creciera y se formara en nuestro país, al cual
dedicó la mayor parte de la vasta obra que produjo en sus 84 años de vida,
señalando con orgullo, cuando fue cuestionado al respecto, que era ”totalmente
mexicano” pero “desafortunadamente, no tenía ascendencia indígena”
Es mucho lo que como individuos y como sociedad, podríamos
aprender y obtener, si reflexionáramos y pudiéramos llevar a la práctica lo que
significan conceptos tales como tolerancia, inclusión y no discriminación,
mismos que tienen una importancia fundamental en el ámbito de los derechos
humanos. La intolerancia, la discriminación y la exclusión llevan implícito el
negar la condición plena de persona a quien piensa o es diferente a mí, lo cual
imposibilita el diálogo y el entendimiento, abriendo la puerta a la violencia y
el ejercicio de la fuerza.
Coincido con quien ha dicho que es más fácil odiar que
entender, agredir que escuchar o violentar que respetar. Ejemplos de ello lo
son las actitudes y conductas que sufren día con día las personas en contexto
de migración o las personas que optan por la diversidad sexual por citar tan sólo
algunos casos. Nuestro país ha sufrido y sufre los efectos nocivos de la
violencia, de la falta de respeto para los demás, de la ignorancia, de la falta
de solidaridad que se traduce en la búsqueda y consecución de intereses
individuales, aún cuando ello implique perjuicios a los otros y afecte a la
sociedad. Con independencia de cualquier solución de carácter reactivo o de
corto plazo que pretendamos implementar frente a esto, el entorno adecuado para
la convivencia social pacífica que nuestro país demanda, en el cual sea posible
el desarrollo pleno de las personas, sólo se podrá conseguir si generamos una
cultura, entre autoridades y sociedad, que tome como eje el reconocimiento y
respeto de la dignidad humana, para lo cual, la educación “en y para” los
derechos humanos resulta indispensable.
En este sentido, el Comité de Premiación ha tomado la
decisión de conferir una Mención Honorífica a Sharon Zaga Mograbi, por su labor
y dedicación en la enseñanza y divulgación de una cultura de la tolerancia, no discriminación
y respeto a los derechos humanos. Buena
parte de la incansable labor que Sharon Zaga ha llevado a cabo en este sentido,
se ha materializado a través del Museo Memoria y Tolerancia, institución de la
que fue fundadora junto con otras personas comprometidas con esta causa, como
Emily Cohen, la cual ahora es su Presidenta.
Este museo no se limita a recrear la memoria histórica de
los acontecimientos trágicos que han caracterizado a los genocidios, como
crímenes de lesa humanidad, sino que también promueve valores de convivencia,
con el propósito de concientizar a las personas para generar las condiciones
que impidan la repetición de esta clase de acciones que niegan la dignidad
humana. Parte importante de ello, se sustenta en la reflexión y promoción de la
tolerancia, la no violencia, la no discriminación y, en general, de los
derechos humanos, así como también llamando la atención sobre el peligro de la
indiferencia o de que pretendamos ignorar las conductas que sean contrarias a
estos principios.
La intolerancia genera el entorno menos propicio para el
desarrollo de la democracia y el Estado de derecho. Cuando esta predomina en
amplios grupos, es signo de que no se ha consolidado una sociedad abierta, o de
que ésta se encuentra en riesgo. La pobreza, la exclusión, la desigualdad, la
falta de respeto por las normas, por las instituciones y por la dignidad de las
personas no son condiciones o factores que se generen en forma espontánea, con
frecuencia hay decisiones de poder que las propiciaron, permitieron o,
inclusive, las generaron. Nuestro país demanda una visión que se sustente en el
reconocimiento y respeto de los derechos humanos y que, con base en ella,
construya sus estrategias de cambio social, político y económico, dando a los
derechos fundamentales una dimensión práctica, un reflejo real, no sólo una
enunciación teórica.
Señor Presidente:
Todas y todos podríamos coincidir en que 2016 ha sido uno de
los años más dramáticos y violentos, en que las huellas nocivas de la
criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en el ámbito de la
protección de los derechos humanos. La necesidad y urgencia de proporcionar a
la población de algunas regiones del país niveles mínimos de seguridad que
permitan cierta normalidad en su existencia cotidiana, fue un elemento que
incidió en que se presentaran violaciones a los derechos fundamentales por
parte de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento
de su deber.
Lo anterior, aunado a una percepción generalizada en la
sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de
cumplimiento de la ley, han debilitado a nuestras instituciones democráticas y
dividido a la sociedad. La aplicación de la ley se ve, en una concepción por
completo errónea, como antagónica del respeto a la dignidad humana, llegando a
identificar la promoción y defensa de los derechos humanos, equivocadamente
como un obstáculo para la aplicación de la justicia o una vía para perpetuar la
ilegalidad. Descalificar a los defensores de Derechos Humanos por defender la
dignidad de las personas, es descalificar que podamos vivir en un estado
democrático de derecho, cuyo eje sea la vigencia de esos Derechos.
La expresión del descontento ha llegado al extremo del
elogio y reconocimiento social a quien toma la justicia en sus manos, o bien, a
la promoción de iniciativas que de prosperar podrían reforzar la práctica de la
venganza privada, al pretender depositar en el ciudadano la responsabilidad de
preservar su seguridad, pero que, en realidad, sólo minarían el control que el
Estado está obligado a ejercer sobre la dinámica delictiva.
Los derechos humanos requieren para su vigencia el
cumplimiento y aplicación de la ley. El respeto a la dignidad de las personas
es perfectamente compatible con la prevención y persecución del delito, siendo
el parámetro que posibilita tal cuestión el debido y oportuno ejercicio de sus
funciones y el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades. Por graves
que sean las circunstancias que atraviesa nuestro país, el Estado mexicano no
puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco
debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.
El respeto a los derechos humanos, vale la pena insistir en
ello, es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se
emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido por supuesto, el
relativo a la seguridad, en todas sus dimensiones, de las y los mexicanos. En
este sentido, cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a
sus actores, necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto
de la dignidad de las personas, base de los derechos humanos, así como la
vigencia del esquema de competencias y atribuciones previsto en la
Constitución.
La seguridad pública es una función que corresponde, y debe
estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe
volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le
son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El
carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no
debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
Si la criminalidad es hoy uno de los fenómenos más
corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública
potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición
social. Por ello, es preciso actuar para atender los puntos críticos que más
vulneran nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que inciden
en la percepción que la sociedad tiene de las autoridades e instituciones. Fortalezcamos la voluntad que se ha expresado
y las acciones que se han emprendido para abatir la corrupción y la impunidad,
propiciando un sistema que de una respuesta efectiva y real a los
planteamientos y necesidades de la sociedad y que se encuentre legitimado y
avalado por la misma.
No defraudemos lo que la sociedad espera de nosotros. Si
bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad
de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la
corrupción y de la impunidad en México, así como de permitir la mejor y debida
persecución de los delitos. Con certeza, de que la ley se aplicará de manera
imparcial y no será objeto de negociación alguna. Con la confianza, de que las
investigaciones que se lleven a cabo serán objetivas, integrales y respetarán
los derechos inherentes a las personas. Sólo de esta forma, México podrá
recuperar la armonía social, la paz y la normalidad en nuestra convivencia
cotidiana, que genere el entorno idóneo para el ejercicio y goce de los
derechos humanos, sin exclusión, sin discriminación y sin intolerancia.
Muchas gracias.
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