Por Carla GARCÍA y Beatriz BARRAL
Periodistas de nuestra asociada RNU
Calle del barrio de Tondo,
en Manila, Filipinas.
Foto: Danilo Pinzon/Banco
Mundial
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Rodrigo Duterte afirmó la semana pasada en un evento con
empresarios que, como parte de su guerra contra las drogas, había patrullado
personalmente las calles de la ciudad que gobernaba y había matado a "unas
tres personas" sospechosas de violación y secuestro. Además, incitó a la
población a seguir su ejemplo.
Desde Ginebra, el portavoz del Alto Comisionado dijo que
cualquier sistema judicial funcional debe abrir una investigación cuando
alguien admite abiertamente ser un asesino.
"Dichas acciones contravienen directamente los derechos
consagrados en la Constitución filipina. Las muertes descritas por el
presidente Duterte también violan las leyes internacionales, incluidos los
derechos a la vida, a la no violencia o fuerza, al debido proceso, a un juicio
justo, a la protección igualitaria ante la ley y a la presunción de inocencia.
Las muertes causadas por Duterte, según lo ha admitido él mismo, constituyen
claramente asesinatos", apuntó Rupert Colville.
Duterte fue alcalde de Davao de 1988 a 2016. Los asesinatos
habrían tenido lugar durante su primer año en el cargo.
Según la Oficina del Alto Comisionado, desde que Duterte
asumió la presidencia de Filipinas el 30 de junio pasado cerca de 6.100
personas habrían muerto a manos de policías, vigilantes o mercenarios.
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