De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Cortesía de la UNAM. |
En el marco de los Foros Universitarios “La UNAM y los
desafíos de la nación”, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho
y exsubprocurador de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben
ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que
tiene que ver con las instituciones del Estado, a nivel federal, estatal o
municipal.
Él, recordó, es responsable de brindarnos nuevos esquemas y
políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado
y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que
rompen el tejido social.
Es necesario hablar de una política de Estado de
transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la
transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía
General de la República con características primordiales que permitan
transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de
cuentas abierta ante la soberanía del país.
En Arcano Radio, asociada a Radio Naciones Unidas y RFI y
afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo, les
compartimos los conceptos de José Medina Romero, académico de la Facultad de
Derecho y exsubprocurador de la República:
Por su parte, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), refirió que en el país
irrumpió un nuevo sujeto social de manera violenta: el crimen organizado, del
cual sabemos muy poco. “Como país es vergonzoso que tengamos este hueco de
conocimiento” y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas
para combatirlo.
Recordó que en las décadas de los 60 a los 80 había una sola
corporación dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis
organizaciones, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del
Golfo. Comenzaron entonces los conflictos entre ellas para controlar la
producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción
del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta
llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios.
En una segunda etapa, continuó la fragmentación, y las
organizaciones regionales han dado paso a alrededor de 250 bandas disputando no
sólo el negocio del narcotráfico sino otros mercados ilegales. Así, hay crimen
organizado para el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o
secuestro. Se trata de un fenómeno muy complejo que hay que estudiar para
definir políticas específicas y estrategias eficaces, concluyó.
Al participar en la Mesa 2 del Foro Política de Estado para
la Seguridad y Justicia, “Evaluación de las políticas operativas, conceptuales
y legales”, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, refirió que ha habido avances enormes en la parte de derechos
humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero por otro lado, una
extraordinaria crisis de la seguridad en el país.
Así, al Poder Judicial de la Federación se le presenta la
dificultad de garantizar los derechos humanos en esas condiciones, lo cual
genera una tensión enorme y una importante crítica a ese poder, como si no
entendiera el tiempo en el que vive y las condiciones del país.
Ni las policías, ministerios públicos, defensores públicos y
forenses, han adquirido las habilidades necesarias para contender, actuar y ser
asertivos en un nuevo sistema de justicia como el que hoy tenemos, por lo que
éste no se ve hoy como un sistema completo y funcional.
En el aula magna Jacinto Pallares de la (FD), José Mario de
la Garza, presidente de la Barra de Abogados, opinó que la gravedad de la
crisis en los sistemas de seguridad y justicia se refleja en datos como que 96
por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la
posibilidad de imponer sanciones es de solo dos a cinco por ciento, lo cual
significa que 98 por ciento de los delitos que se cometen en México no tienen
una consecuencia.
Ante el fenómeno, lo que se ha hecho en diferentes entidades
es inventar delitos o aumentar las penas, por lo que el experto señaló la
necesidad de reflexionar sobre un código penal único para todo el territorio
nacional, con algunas salvedades, como el aborto.
Asimismo, sugirió repensar la arquitectura, el modelo de
funcionamiento de las diferentes procuradurías, cuyo desorden provoca que el
procesamiento de las denuncias, el seguimiento, los protocolos, sean diferentes
en cada entidad. Además, buscar una ley
que regule el ejercicio de la profesión de los abogados en los ámbitos de la
ética profesional y de educación jurídica continua.
En Arcano Radio, asociada a Radio Naciones Unidas y RFI y
afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo, les
compartimos los conceptos de José Mario de la Garza, presidente de la Barra de
Abogados:
El especialista en seguridad nacional, Alejandro Hope,
explicó que el incremento de la violencia no se da en un vacío, sino que sucede
en un entorno internacional específico.
Hay una serie de factores externos, consideró, que pudieron
haber jugado un papel importante, como la política de armas en EU que tiene una
correlación estadística significativa con la disponibilidad de armas de fuego
en el lado mexicano, o el endurecimiento de la frontera posterior al 11 de
septiembre de 2011, que redujo el número de cruces potenciales y que volvió más
caro llevar la droga a la Unión Americana.
Además, la persistencia de la violencia debería llevar a una
reflexión sobre el carácter endémico del fenómeno, que ha acompañado a los
mexicanos desde hace muchas décadas y sin importar el signo del partido en el
poder. Es un fenómeno que requiere transformaciones estructurales, opinó.
Por último, Luis Esteban Islas Basilio, en representación de
Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública, señaló que la
pregunta relevante que se debe hacer es cuáles son los factores que inciden en
los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado, donde se
registró un incremento entre 2008 y 2011, una disminución entre 2012 y 2014, y
un nuevo incremento entre 2015 y 2016.
Si no entendemos el problema y cuáles son los elementos que
inciden en él, como en todo proceso de política pública, no seremos capaces de
resolverlo. Y aún no podemos explicar con certeza cuáles son las variables que
intervienen, finalizó.
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