De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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El trabajo infantil debe ser
erradicado
en todas sus modalidades, se
deben
generar políticas públicas de
atención,
velar por la protección de los
pequeños
y garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos.
Foto cortesía Óscar Benicio
Guzmán
Arellanos, Gaceta ENTS-UNAM.
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Según cifras de la Unicef y de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, en México hay 3.6 millones de menores trabajadores (entre
cinco y 17 años de edad), que es la mitad de la cifra reportada para la región
de América Latina y el Caribe.
La OIT registró 165,000 en Chiapas, donde realizan labores
peligrosas en la explotación de ámbar; 139,000 en Guerrero, donde muchos
infantes son empleados para la siembra de cultivos ilícitos de amapola y
marihuana y más de 124,000 en Oaxaca, en la producción de piña y en el sector
de la construcción como albañiles. “La mayoría de ellos son indígenas y
migrantes”.
En la generalidad de los casos a los niños les pagan entre
25 y 30 pesos por 10 horas de trabajo, o los que son utilizados para el ilícito
de la trata únicamente 60 pesos por día, reconocen las autoridades del trabajo.
El mapa del trabajo infantil coincide con el mapa de la pobreza.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que
se conmemora este 12 junio, el universitario expuso que estos niños están
inmersos en una realidad paradójica: por un lado, la calle, la pobreza y la
marginación se han convertido en una forma cotidiana de vivir y, por otro, ese
espacio es donde buscan la libertad, a veces a costa de su integridad.
La situación en la calle incrementa su vulnerabilidad por
los riesgos que implica: violencia, adicciones, delincuencia y marginación
social. Sin embargo, la marginación es una construcción del imaginario social,
pues según estudios y muestras del universitario, sólo cuatro de cada 10 cae en
problemas de adicciones y delincuencia, y su esperanza de vida es de 22 a 25
años por el daño físico y a la salud que se infringen.
Redes de apoyo
En la Ciudad de México son enseñados a realizar ciertas
labores de carácter estacional como el ambulantaje, el trabajo en pequeños
talleres y de tipo doméstico a domicilio; esto da lugar a la explotación, que
implica actividades rudas que por su naturaleza resultan peligrosas y generan
daños físicos y psicológicos que impiden su desarrollo y los marcarán el resto
de su vida, entre ellas la prostitución, afirmó Inzúa Canales.
Desafortunadamente, dijo, la falta de políticas públicas de
atención a la infancia y la adolescencia, así como la omisión de tratados
internacionales ratificados por México, como la Convención de los Derechos de
la Infancia, incrementan su vulnerabilidad; ejemplo de ello son las llamadas
“limpiezas sociales”, que son el retiro de estos grupos de los sitios en donde
se establecen.
Inzúa Canales compartió que en uno de sus estudios encontró
que algunos pequeños trabajadores viven una discriminación de género peculiar:
una familia que tiene un local en un mercado público no permite que el niño acuda
a la escuela; la niña sí puede ir, pero en este proceso tiene una doble o
triple jornada, pues para estudiar debe realizar labores domésticas, cuidar de
los hermanos menores y ayudar en el negocio.
Ante esta situación, el universitario hizo un llamado a
erradicar el trabajo infantil en todas sus modalidades, generar políticas
públicas de atención que sean aplicables, velar por la protección de los
pequeños y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, al igual que
las obligaciones propias de su edad.
“De lo contrario continuará este fenómeno de niños
trabajadores que, con el tiempo, encontrarán en las calles medios de
subsistencia y el espacio donde buscar su libertad, a veces a cambio de su
dignidad”, concluyó.
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