* Luis Raúl González Pérez inauguró el Foro de Análisis: “Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030”, en donde señaló que los retos van desde lograr que niñas, niños y adolescentes sean considerados sujetos plenos de derecho y no sólo objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y los medios para que accedan a la justicia y hagan valer sus derechos
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Destacó que los problemas y retos que presenta el respeto y
vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes van desde
lograr que sean considerados como sujetos plenos de derecho y no sólo como
objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y medios para que
tengan acceso efectivo a la justicia y hagan valer sus derechos, lo que reclama
la acción conjunta y articulada de autoridades y sociedad.
Resaltó la importancia de visibilizar y atender
problemáticas tales como el trabajo de niñas, niños y adolescentes como
jornaleros agrícolas, así como la relativa a la niñez y adolescencia migrante
no acompañada, las cuales demandan atención y acción urgente, en tanto les
niegan futuro y las posibilidades de una vida digna a la que tendrían derecho.
Momentos antes de inaugurar en la Ciudad de México el Foro
de Análisis: ”Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la
Agenda 2030”, señaló que la línea rectora de dicha Agenda es “no dejar a nadie
atrás”, que advierte la especial importancia de las políticas públicas
dirigidas a niñez y adolescencia, ya que los principales obstáculos para la
materialización de la igualdad social, el acceso a la justicia y el cumplimiento
de los derechos humanos por parte del Estado, encuentran su origen en problemas
estructurales que son necesarios identificar para diseñar soluciones
asequibles, eficientes y efectivas que realmente consideren su interés
superior.
Refirió que, de acuerdo con estimaciones de la UNAM, en
nuestro país hay 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17
años de edad que trabajan, lo que no sólo afecta sus derechos, sino reduce su
esperanza de vida como consecuencia de la condición de vulnerabilidad a la que
están expuestos.
Ante ello, mencionó que entre los derechos humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible existe vinculación recíproca, de manera que
su cumplimiento abona necesariamente a la satisfacción de los derechos humanos;
a la vez que, sin la protección adecuada de los derechos y de las garantías
sería imposible acceder a su plena satisfacción.
Enfatizó que las metas de la Agenda 2030 se dirigen a hacer
efectivos derechos elementales como a la salud, educación, igualdad sustantiva,
a una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas
sociales como la pobreza, inequidad y desigualdad, además de que integran las
perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas.
Por su parte, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló la importancia de
analizar los avances de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (LGDNNA), y de trabajar en su implementación para resolver las
cuestiones estructurales que generan violaciones a derechos humanos,
especialmente a ese sector en situación de vulnerabilidad.
Habló de la prioridad que tienen para el Gobierno Federal
las causas de niñez y adolescencia, y recordó que éste es el único caso en que
el Ejecutivo ha echado mano de la iniciativa preferente. Puntualizó que, sobre
el tema, se han realizado acciones concretas como la instalación del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la puesta en
marcha de comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas,
demostrando que garantizar el interés superior de la niñez es un tema central
de esta política.
Subrayó que México fue uno de los primeros países en sumarse
a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y
adolescentes promovida y respaldada por organismos internacionales y
organizaciones de la sociedad civil en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y comentó que con la implementación de la LGDNNA y el desahogo de
la Agenda 2030 se realizan acciones en favor de las personas, el planeta, la
paz y el acceso a la justicia.
Por su parte, Jan Jarab, Representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
mencionó que las políticas públicas padecen “adultocentrismo” y que muchos de
los objetivos de desarrollo sostenible tienen una dimensión importante de la
niñez, a la que se debe empoderar, así como impulsar ciudades y asentamientos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el acceso a la justicia.
Señaló que uno de los principales retos de nuestro país, es
atender la desaparición de personas, que incluye a menores de edad; reflexionó
sobre la situación de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil, y
refirió que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales se
necesita atender a los niños en extrema pobreza, exclusión social y
marginación.
En el contexto de los pueblos indígenas, se requiere
atenderlos desde la educación en su lengua originaria hasta la prevención del
matrimonio infantil; en cuanto a los migrantes, opinó que deben priorizarse los
derechos de los menores de edad en esa condición, acompañados o no, además de
brindar protección a los adolescentes de la diversidad sexual y población
LGBTI, mientras que a las personas con discapacidad hay que darles soluciones
inclusivas desde la infancia.
Gabriel Gallo Reynoso, Presidente del Consejo Directivo de
ChildFund México, señaló que uno de los propósitos de la Agenda 2030 es
construir un mundo donde se respeten los derechos humanos, erradicar la
desigualdad, la discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades para que
niñas, niños y adolescentes desarrollen su potencial con dignidad e igualdad en
un medio ambiente saludable.
Llamó a invertir en la infancia y recordó que los 17
Objetivos de la citada Agenda deben alcanzarse en un marco de inclusión para
permitir que las nuevas generaciones tengan condiciones propicias que
posibiliten una vida con plenitud.
Laura Barrera Fortoul, Directora General del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, dijo que este tipo de encuentros
permiten generar sinergias y alianzas estratégicas para cambiar al mundo.
Expresó que la suma de esfuerzos entre las universidades, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones públicas y organismos internacionales permitirá
asegurar un mejor futuro a la infancia.
Convocó a fortalecer el sistema nacional, así como los
estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, y las procuradurías de
protección de niñas, niños y adolescentes toda vez que estas instituciones
contribuyen al diseño de políticas públicas y la restitución integral de los
derechos de este sector de la sociedad cuando se ven vulnerados.
En este acto también estuvieron Christian Skoog,
Representante de UNICEF en México;Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora
sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; Víctor Alberto Giorgi Gómez, Director General del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes; Daniel Ponce Vázquez,
representante del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Ismael Eslava Pérez y Héctor Dávalos
Martínez, Primer Visitador General y Secretario Ejecutivo de la CNDH,
respectivamente.
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