* Llama a aumentar y reforzar acciones de protección de los DDHH a refugiados
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el día 20 de junio como Día
Mundial de los Refugiados, haciéndolo coincidir con el 50 aniversario de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
En su último informe “Tendencias globales” del año 2015, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), declaró
que el número total de refugiados aumentó de forma significativa y sistemática.
Arroja que 65,3 millones de personas se encontraban
desplazadas a finales de 2015, en comparación con los 59,5 millones de tan sólo
12 meses antes. Esta es la primera vez que se supera el umbral de los 60
millones de personas.
Dicho informe remarcó que, en el 2015, en promedio, 24
personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar
protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros
países, esto significa que en dicho año, unos 12.4 millones de personas se
convirtieron en nuevos desplazados por conflictos bélicos o por la persecución
de que fueron objeto por bandas criminales.
Entre ellos había 8.6 millones de personas desplazadas
dentro de las fronteras de sus países. De los 65.3 millones de personas
desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre de 2015, 21.3 millones eran
refugiados, 40.8 millones desplazados internos y 3.2 millones solicitantes de
asilo.
De acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, se considera refugiado: “Toda persona que, debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de
su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país.”
Ante la grave crisis de personas desplazadas de sus países
de origen a nivel mundial, es necesario y urgente generar acuerdos globales que
tiendan a la ayuda humanitaria a todos ellos, evitando acciones
discriminatorias y poner en el centro de toda política pública la dignidad de
las personas. El refugio y asilo representa para muchas de ellas una nueva
oportunidad de vida.
La CNDH recuerda que en materia de refugio y asilo el Estado
mexicano cuenta con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político, la cual fue publicada el 27 de enero del 2011, y modificada el 30 de
noviembre de 2014, para incluir el concepto de Asilo Político.
Dicha normatividad contempla la figura de protección
complementaria para aquellas personas que necesitan de protección especial, y
no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, siendo una
legislación de las más modernas y garantistas de América Latina.
De igual manera, el 15 de agosto de 2016 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma al segundo párrafo del artículo 11
de la Constitución Federal, para armonizarlo con los estándares de instrumentos
internacionales en la materia, respecto a la regulación del derecho a solicitar
y recibir asilo.
En México, durante el año 2016 se registraron 8,778
solicitudes al respecto, lo que implica un 163% respecto al año 2015. De estas
solicitudes se reconocieron 3,076 personas como refugiados un total de 227%
más, y 641 con protección complementaria es decir un 294% más.
De enero a marzo de 2017, se presentaron otras 3,543
solicitudes de las cuales en 143 se ha reconocido la condición de refugiado y
en 28 se ha otorgado la protección complementaria, ello de acuerdo a cifras
vigentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Lo anterior permite pronosticar que las personas que están
huyendo de la violencia y que su vida e integridad están expuestas en sus
países de origen y recurren a México con la finalidad de solicitar el derecho
al asilo continúa en aumento, ante las diversas crisis humanitarias que se
viven en la región y en el mundo.
Dichas cifras prevén que a finales de este 2017, se
presenten alrededor de 20 mil solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado. Retomamos las palabras del Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva,
Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos quien manifestó que: “actualmente el continente americano
enfrenta una de sus principales crisis humanitarias de refugiados”.
El 19 de septiembre del año 2016, el Estado Mexicano adoptó
con el resto de los miembros de la Asamblea General de la ONU la “Declaración
de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”, así como la “Declaración de
Acción de San José” a nivel regional centroamericano, ambas con la finalidad de
reforzar el compromiso de México para apoyar los grandes flujos de refugiados,
reiterando su compromiso internacional y regional y el compromiso de
incrementar la capacidad de protección internacional en México, así como un trabajo
conjunto con países y organismos internacionales con la finalidad de buscar
solución a la situación que actualmente se vive en la materia.
Por ello, la CNDH exhorta al Estado mexicano a continuar
priorizando las acciones de protección en favor de los derechos humanos de las
personas solicitantes de la condición de Refugiado y de los Refugiados, así
como valorar desde un enfoque garantista y de protección integral la situación
de vulnerabilidad por la que atraviesan los solicitantes, por lo que debe garantizar
medidas extraordinarias de protección, como también a las niñas, niños y
adolescentes no acompañados en la migración que, por su condición, deben gozar
de todas las medidas necesarias de protección y apoyo establecidas en el marco
legal mexicano y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y
ratificado.
Manifestamos también que en la Declaración de la Ciudad de
México emitida el día 24 de mayo del presente dentro de la Segunda Cumbre
Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos realizada en esta ciudad por la
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), nos comprometimos a divulgar los
derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y
refugiadas ante la sociedad civil, combatiendo el discurso de odio, el racismo,
la xenofobia y los estereotipos negativos, sensibilizar a los gobiernos sobre
la necesidad de formación especial en el tema de derechos humanos, derecho de
refugiados y derecho humanitario a las autoridades que trabajan con personas
migrantes, sobre todo en frontera, así como se recomendó a los estados que
desarrollen políticas de integración y soluciones duraderas para personas
migrantes y refugiadas, incluyéndolos en consultas y con su participación,
entre otras.
Este Organismo Nacional trabaja de manera coordinada con el
ACNUR para generar acciones conjuntas de difusión, protección, promoción y
capacitación sobre los derechos humanos de los Refugiados, y de las
obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido en dicha materia.
Para conmemorar el día del refugiado, la CNDH y el ACNUR
realizarán de manera conjunta a partir de este 20 de junio los trabajos de
elaboración de un mural comunitario monumental con la participación de personas
solicitantes de refugio en México, de estudiantes, defensores de derechos
humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con refugiados, como
parte del proyecto de Memoria Colectiva y Muralismo Comunitario, teniendo como
objetivo construir un espacio seguro de diálogo e intercambio de experiencias
de personas solicitantes de refugio a través de dinámicas participativas y de
expresión a través del arte, brindar herramientas para que las personas
solicitantes de la condición de refugiado construyan sus propios relatos de
memoria colectiva e impulsar procesos de reconstrucción de tejido social y de
integración con la comunidad, ya que consideramos prioritario reflexionar desde
la manifestación artística y comunitaria sobre el derecho fundamental de los
refugiados a buscar asilo y encontrar protección en otro Estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su
compromiso para continuar instrumentando acciones para la protección de las
personas solicitantes de Refugio y Refugiados que se encuentran en nuestro país
en cumplimiento al marco normativo nacional e internacional.
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