* Se requirió a SEDENA, SEMAR, PGR y SEGOB implementar acciones para que en caso de poseer programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, se abstengan de emplearlo contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional
* Se solicitó también que, en caso de haberse obtenido información mediante este tipo de programas, se abstengan de utilizarla o difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias competentes
* A la PGR se le pidió que instruya al personal ministerial que conozca las denuncias presentadas por los ahora agraviados para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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El periódico The New York Times denunció en su versión en
español del 19 de junio el espionaje por medio del programa Pegasus,
perfeccionado por el Mosad judío, en un artículo titulado: “Somos los nuevos
enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”.
Se sumaron con un informe la organización londinense Article19
(Oficina para México y Centroamérica) y la organización SocialTIC titulado
“Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos
humanos en México”, donde mencionan los antecedentes del programa “Pegasus” en
nuestro país y los casos documentados contra periodistas y organizaciones
sociales, entre otras cuestiones.
El “ahijado” de la encausada cacique magisterial Elba Esther
Gordillo Morales, Roberto Campa Cifrián, en funciones del subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación intentó minimizar la semana
anterior ante Senadores el alarmante aumento de ejecuciones de periodistas y no
asistió a la comparescencia ante diputados federales el 19 de junio.
Esta mañana de miércoles, 21 de junio, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) informó que recibió un escrito de queja
presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos
en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia
vía teléfonos celulares, a través de un programa denominado “Pegasus”.
Presuntamente adquirido por distintas dependencias del
Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la
Secretaría de Marina (SEMAR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y
la Procuraduría General de la República (PGR), lo que vulnera sus derechos
humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados,
por lo que solicitaron la implementación de medidas cautelares.
Adicionalmente, este Organismo Nacional tuvo conocimiento
del reportaje publicado el pasado 19 de junio en el diario norteamericano “The
New York Times” que en su versión en español lleva por título “Somos los nuevos
enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, así como
del contenido del informe difundido ese mismo día por la Red en Defensa de los
Derechos Digitales, Article19 (Oficina para México y Centroamérica) y la
organización SocialTIC titulado “Gobierno espía, vigilancia sistemática a
periodistas y defensores de derechos humanos en México”, donde mencionan los
antecedentes del programa “Pegasus” en nuestro país y los casos documentados
contra periodistas y organizaciones sociales, entre otras cuestiones.
Agregaron que algunas de las personas y organizaciones afectadas
por el sistema de espionaje son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez A.C. (Centro ProDH) y sus colaboradores, el periodista Carlos Loret
de Mola, el Instituto Mexicano para la Competitividad y sus colaboradores,
Aristegui Noticias y sus colaboradores, el director de la organización “El
Poder del Consumidor”, así como María del Carmen Aristegui Flores y su hijo
menor de edad, sin que exista una orden judicial que autorice la intervención
telefónica, único medio legal para justificar este tipo de acciones.
Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e
irreparabilidad del daño, SIN PREJUZGAR sobre el fondo de los hechos, este
Organismo Nacional solicitó a la SEDENA, SEMAR, SEGOB y PGR implementar
acciones para que en caso de poseer el sistema “Pegasus” o cualquier otro que
se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o
computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de
la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier
otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional.
Asimismo, se les pidió que en caso de haberse obtenido
información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y
difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes,
instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a
garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de
medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los
derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin
contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad.
En específico, adicionalmente, a la PGR se le requirió
instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por
los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con
profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
La CNDH reitera que, si bien la intervención de las
comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía
legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese
mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o
afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos,
constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y
sancionado.
Este Organismo Nacional condena toda conducta que busque
afectar la privacidad de las personas, pues afecta su intimidad y sus derechos
humanos y estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de
justicia.
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