* Cifras que emergen en la víspera del 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social
* Chiapas encabeza el índice nacional de pobreza mientras se enriquece el gobernador
* Dicen que son 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza
* En promedio, casi 30% de la población enfrenta carencias sociales, aunque en realidad es el 68 por ciento
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político
Foto: Presidencia de México. |
Creció cien mil mexicanos la pobreza en la administración de
Enrique Peña Nieto, con base en las metodologías ajustadas para maquillar las
estadísticas en el Intsituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática
(INEGI), para mostrar la reducción de 2 millones cien mil mexicanos al límite
del hambre, a punto de arrancar las presidenciales.
En la víspera del Día Mundial de la Justicia Social, 20 de
febrero, declarado el 26 de noviembre de 2007 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la Resolución 62/10, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), observó este lunes 19 de febrero, que los obstáculos para
superar la pobreza son: las limitaciones, contrastes y desigualdades.
En plena precampaña de los tres solitarios aspirantes
presidenciales de la partidocracia, sin el posicionamiento de los 3
independientes que podrían ser aceptados o rechazados el 19 de febrero por el
Instituto Nacional Electoral (INE), la superficialidad mediática responsabilizó
al oficial José Antonio Meade Kuribreña de haber aumentado en cuando menos dos
millones a los mexicanos en extrema pobreza. El acusado lo rechazó.
Y tendría razón con base en las cifras del INEGI, que estimó
en 11 y medio millones a los mexicanos en extrema pobreza en 2012, y después de
“cambiar” la metodología “investigativa”, registra 9.4 millones en esa
condición en 2017. Aunque es difícil tapar el sol con un dedo, o podría
decirse, de reconocer los logros presidenciales.
En el Informe de Pobreza en México 2012, el Consejo Nacional
de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refiere:
Habitantes de una zona rural extremadamente pobres. Foto: OIT, J Ripper. |
En 2012, México registra una población vulnerable por
carencias sociales ascendía a 33.5 millones (28.6 por ciento) y en el
comunicado de la CNDH de este 2018, son 68.4 millones de mexicanos están al
límite del hambre y contrasta con la supuesta reducción a 9.4 millones, una
estadística que busca repuntar al candidato presidencial oficial.
Hay más: En 2012 once estados (Chiapas, Guerrero, Puebla,
Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y
Durango) donde más de la mitad de su población era pobre y siete entidades federativas
(el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, el Distrito Federal y
Guanajuato) concentraban poco más de la mitad de las personas en pobreza.
Ahora, con el enriquecimiento del gobernador y su mamá en Chiapas
se ubica a la cabeza con 77.1 por ciento, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz
y Puebla ostentan los niveles más altos de pobreza con 70.4%, 64.4%, 62.2% y
59.4%, respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja
California, cada una con 14.2%, 22.1% y 22.2%, reportan los índices más bajos.
Para Daniel Villafuerte Solís, profesor-investigador del
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, este es el otro rostro del México de los tratados
de libre comercio, del México en la OCDE.
Indica que Chiapas es quizá el mejor ejemplo del fracaso del
modelo de economía abierta y de los programas asistenciales que han intentado
compensar los males del desarrollo neoliberal.
Añade: Y, sin embargo, el gobierno actual insiste en
sostener el mismo modelo. A este respecto son ilustrativas las declaraciones
del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien manifestó que "[...]
sólo con la aprobación de más reformas estructurales, como la energética y
hacendaria, México podrá generar crecimientos económicos mayores que permitan a
millones de mexicanos salir de la pobreza [...] (Miranda, 2013).
Concluye: La historia se ha encargado de demostrar que el
crecimiento económico por sí mismo no es garantía para superar la desigualdad y
la pobreza en ningún país del mundo, y sin embargo se recurre a la retórica
para evadir la responsabilidad del Estado.
Por considerarlo de interés, les compartimos el comunicado
de la CNDH:
La CNDH subraya que las limitaciones, contrastes y
desigualdades que enfrenta la población nacional constituyen un serio obstáculo
para el goce y ejercicio de los derechos humanos, por lo que es precisa su
atención inmediata a través de políticas encaminadas al combate a la pobreza y
la adopción de un modelo económico sostenible e inclusivo, en ocasión del Día
Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero.
De acuerdo con las últimas estimaciones de la pobreza en
México, publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), 53.4 millones de personas en México se encuentran
en situación de pobreza, en tanto que 9.4 millones se ubican dentro un
escenario de pobreza extrema.
En dicho reporte, se destaca también que, en promedio, casi
30 millones de personas en México enfrentan carencias sociales, entre las que
se contemplan el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al
igual que sus servicios básicos, como también a la alimentación.
El estudio elaborado por CONEVAL da cuenta del contraste en
la distribución de la riqueza que se observa en nuestro país, dado que
entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla ostentan los
niveles más altos de pobreza con 77.1%, 70.4%, 64.4%, 62.2% y 59.4%,
respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja
California, cada una con 14.2%, 22.1% y 22.2%, reportan los índices más bajos.
Sobre esta base, la CNDH hace un llamado a las autoridades
de todos los ámbitos de gobierno a emprender acciones encaminadas al combate a
la pobreza y reducción de las desigualdades, a través de políticas públicas y
procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos, además
de estar sujetos a la participación y escrutinio de la sociedad civil.
Este Organismo Nacional destaca que el abatimiento de la
pobreza constituye el primer Objetivo que plantea la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dicho imperativo es definitorio
para la consecución de los restantes Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dentro de la agenda de la justicia social, la CNDH hace una
atenta invitación a las autoridades, organismos de protección y la sociedad
civil en general para consultar el informe “Pobreza y Derechos Humanos”
publicado en septiembre de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Igualmente, los estudios en materia de salario mínimo, corrupción,
ciudades sostenibles y presupuestos públicos, presentados por este Organismo
Nacional, iniciativas a través de las cuales se caracteriza a la pobreza,
desigualdad y carencias sociales como restricciones para el goce y ejercicio de
los derechos y libertades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007, estableció el Día Mundial de la
Justicia Social como una iniciativa encaminada a garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo
social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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