lunes, 26 de febrero de 2018

Fracaso EPN en Seguridad Pública pese a inversión de millón de millones de pesos: CNDH


* Inseguridad pública no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas


De la mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político


Expresión clara la inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con especial gravedad en algunas regiones del país, de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Inauguraron la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, este lunes 26 de febrero, en la Antigua Escuela de Jurisprudencia en las calles República de Argentina y San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Ombudsman nacional destacó que la inseguridad pública que se vive no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas.

La inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con especial gravedad en algunas regiones del país, son expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que las acciones emprendidas y los cuantiosos recursos destinados para atender ese problema no han encontrado la solución en una década, lo que implica violación a los derechos o la posibilidad de que tales vulneraciones se presenten.

“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, “la violencia no reducirá la violencia”, expresó.

Subrayó que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta. Nuestro país –dijo— requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley.

“Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”, aseveró.

Al participar en la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, que inauguró el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, González Pérez enfatizó que los recursos que desde 1996 a la fecha se han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables.

“Lo anterior –apuntó ante todos los reunidos en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM—, es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.

Señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas de seguridad de las personas ha ocasionado el abandono de las policías y que el postulado constitucional de seguridad pública esté lejos de ser una realidad en el país, ya que mientras los operativos de la SEDENA crecieron 400% entre 2007 y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó en 70% entre 2007 y 2013, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos y generación de capacidades no presentaron esas tasas de crecimiento o desarrollo.

Tras mencionar que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones en 2016, refirió que subyace la necesidad urgente de hacer frente y abatir la impunidad y corrupción. Puntualizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley.

“Nuestro país –aseguró— no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”.

González Pérez se solidarizó con la UNAM ante la situación de violencia que se ha vivido en espacios universitarios y se sumó al reclamo de una investigación pronta, objetiva e integral de tales hechos, ya que debe seguir siendo espacio para la construcción de la cultura y desarrollo del conocimiento, investigación y formación de la juventud.

Al inaugurar esta Conferencia, el Rector Graue Wiechers mencionó que no podrá haber seguridad en México si persiste la impunidad, "ahí que la seguridad, justicia y derechos humanos deben de estar vinculados. Ésta ha sido siempre la única forma de vivir en paz. Por lo que más que una política de Estado, es una obligación del Estado y nuestro deber que así suceda", añadió.

Dijo que México exige justicia ante la impunidad, donde exista un sistema judicial en que los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar. Por ello, la importancia de revisar la nueva Ley de Seguridad Interior, porque si se quieren imponer el orden, marcos legales o procesos institucionales inapropiados se puede perder la legitimidad necesaria para respirar la paz y la confianza que le urgen a México para restaurar su tejido social.

Señaló que cada vez más organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos y algunos movimientos ciudadanos han alcanzado visibilidad internacional, ímpetu social que necesita del respaldo de organizaciones y foros.

Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM, recordó que en 2011 se realizó un ejercicio similar, que dio por resultado un documento de 36 puntos para garantizar la justicia en democracia, que fue entregado a los entonces candidatos a la Presidencia de la República, y que a siete años de distancia hay desconfianza en las instituciones públicas y el tejido social se ha resquebrajado.

Dijo que la respuesta a esta crisis ha sido una política de mano dura, que supone la ampliación del catálogo de delitos, endurecimiento de las penas, mayor control policiaco y militarización del país, lo que implica violación de los derechos humanos, y afirmó que el Estado de Derecho es la única vía para alcanzar la tan anhelada paz en nuestra patria y para que las personas vivan en armonía, recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social.

El presupuesto es claro: ninguna concesión en materia de democracia y derechos humanos, porque representan conquistas históricas de nuestro país y son la mejor garantía para la seguridad ciudadana, aseguran una correcta procuración e impartición de justicia en un ambiente de libertad para todas y todos, y llamó a quienes tienen y tendrán la conducción del rumbo de nuestra nación a que estén atentos a la contribución de esta Segunda Conferencia, que pretende enaltecer el sentido de la política para el mejor servicio de las y los mexicanos.

En este acto también se contó con la presencia en el presídium de Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

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