* La construcción de entornos seguros y la protección de la niñez y adolescencia son responsabilidades compartidas de las autoridades, familias, comunidad escolar y la sociedad
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Foto de archivo. |
Manifiesta la CNDH que para prevenir y erradicar la
violencia en los centros escolares es necesario que las medidas que se adopten
sean producto del derecho de participación de niñas, niños y adolescentes;
estén previamente determinadas y consensuadas con madres, padres y tutores.
Que de ninguna manera deberán atentar contra su dignidad, su
vida o su integridad física o mental, ni convertirse en instrumentos
permanentes que obstaculicen el ejercicio pleno de sus derechos, o incentiven
la discriminación o su estigmatización.
La violencia en cualquiera de sus expresiones es
multifactorial, de tal manera que toda acción que se implemente para su
prevención o erradicación deberá ser integral, teniendo en consideración la
titularidad de derechos de niñas, niños
y adolescentes y como sujetos de protección especial, lo que implica que cada
medida deberá tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran,
su contexto sociocultural, sus necesidades específicas, entre otros factores.
Es responsabilidad de todas y todos garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia; la contribución de las
autoridades y comunidad escolar, las familias, la sociedad, las organizaciones
de sociedad civil debe ser permanente. Asumir cada uno en sus ámbitos de
actuación las responsabilidades que prevén las leyes de niñas, niños y
adolescentes.
El cumplimiento responsable de esas obligaciones implica
ejercicios de reconstrucción de los modelos de crianza; de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, de la interacción con la comunidad, a través de redes de
apoyo que contribuyan a una crianza positiva, sobre todo en la época actual, en
donde los roles de mujeres y hombres han evolucionado y en la que el cuidado y
educación de los hijos es una labor compartida, que se ha extendido incluso a
la colaboración de las abuelas y abuelos, así como a los demás integrantes de
las familias.
Los retos actuales son mayúsculos, el uso de las Tecnologías
de Información y Comunicación hace necesaria la interacción constante entre los
integrantes de las familias, para asegurar la protección efectiva de los
menores de edad, así como la detección de indicadores que pudieran evidenciar
que la niña, niño o adolescente está viviendo una situación de riesgo.
La labor del docente y de las autoridades escolares es
determinante en las construcción de la personalidad de los niños y niñas de
nuestro país, ellos y ellas deben ser guías, moderadores, formadores de
personas sensibles, más humanas, más solidarias y ante las situaciones adversas
que se viven en un mundo globalizado, deben ser sujetos activos de cambio en
sus comunidades.
El Estado, autoridades, las familias, y la sociedad en
general, estamos obligados a garantizar el desarrollo integral de la niñez y
adolescencia (en los ámbitos físico, mental, emocional, moral, espiritual), de
tal manera que cuando se tome una decisión que les afecta en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones de las
medidas que se adopten para garantizar que se protejan sus derechos y evitar
que cualquier medida de seguridad vulnere sus derechos.
El Estado está obligado a brindar a los jóvenes espacios de recreación y
desarrollo, la respuesta no es como sugieren en algunas voces “la
militarización de la educación”, sino atender
de manera integral a la niñez y juventud; implementar acciones efectivas
para revertir el clima de inseguridad y violencia que se vive en varias
regiones del país y trabajar para generar una cultura de respeto a los derechos
humanos, que rechace todo tipo de violencia, su apología, esquemas de
discriminación, exclusión y estereotipos, muchas veces, exaltados por los
medios de comunicación.
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