* Informó que las autoridades más señaladas en 2016 como probables responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2,074 casos; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 1,619; ISSSTE, 838; Policía Federal, 660; SEP, 537; Instituto Nacional de Migración, 532; PGR, 512; SEDENA, 439; SEMAR, 258, y SEDESOL, 247
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
 |
| Foto: Arcano Radio. |
Llamó este miércoles 25 de enero Luis Raúl González Pérez, Ombudsman
nacional, a formar un frente común para denunciar y oponerse a toda expresión
de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra la
dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y genere
imitadores, ante la ofensiva de Donald Trump.
González Pérez presentó a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión el Informe de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en donde advirtió de los inminentes cambios en las
políticas migratoria, económica y social de los Estados Unidos de América.
Se requiere, dijo, con sustento en el marco jurídico
internacional, formar un frente común para denunciar y oponerse a toda
expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra
la dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y
genere imitadores.
Señaló que las personas defensoras de derechos humanos, los
organismos nacionales y las instancias internacionales deben evidenciar la
ilegitimidad de dichas conductas, mediante su condena y la construcción de
espacios de defensa. “No permitir que la indiferencia haga que asumamos, como
parte de nuestra normalidad, un discurso que promueve el menoscabo a los
derechos de las personas y deje de lado la dignidad humana”, aseguró.
González Pérez habló en acto efectuado en el Salón
Legisladores de la República, del Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual
fue encabezado por el diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; diputada Cristina
Ismene Gaytán Hernández y senador Aarón Irízar López, vicepresidenta y
vicepresidente; senadora Laura Rojas Hernández, diputada Gloria Himelda Félix
Niebla, y senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Gerardo Flores Ramírez,
secretarias y secretarios, así como ante legisladoras y legisladores,
consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
 |
| Foto: Arcano Radio. |
Destacó que la defensa y protección de los derechos humanos
no puede esperar ni estar sujeta a coyunturas, tiempos o intereses políticos o
de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la
búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley, ya que
actualmente la sociedad percibe un divorcio entre lo que dicen las normas y lo
que ocurre en la realidad, y hay desconfianza en las instituciones e
incertidumbre sobre la aplicación de la ley ante la impunidad, corrupción,
indiferencia e ineficacia administrativa que las personas advierten y padecen
de manera cotidiana.
Nuestro país demanda aplicar todos sus recursos y
capacidades, y por ello es preciso recuperar la justicia, respeto, cumplimiento
de la ley, solidaridad, educación, trabajo, inclusión y desarrollo, porque
“tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con
condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de
nuestros derechos”.
Señaló que la atención a los problemas de seguridad debe ser
prioridad de la agenda pública para 2017, con objetividad, responsabilidad y
atención de los elementos y factores que inciden en este tema, y manifestó que
no podemos permanecer impasibles cuando se advierten complicidad y vínculos
entre algunas autoridades y delincuentes, cuando quienes deben garantizar la
seguridad y la convivencia pacífica no cumplen con su obligación o pretenden
delegarla en otros, incluso transgrediendo la ley. “No podemos resignarnos
–indicó— a que la ley sea objeto de negociación y a que su aplicación sea algo
discrecional”.
Apuntó que, en este contexto, la discusión sobre el marco
normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario –desde hace
una década— llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante pero no
implica, por sí misma, la solución a la inseguridad y violencia que nuestro
país enfrenta.
Puso de manifiesto que la formación y capacitación de
policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el
fortalecimiento de la prevención; así como una revisión y replanteamiento de
nuestro sistema penitenciario, son algunos de los factores que se deben atender
de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, misma que en
todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser
acorde al régimen competencial previsto por la Constitución.
Ante los señalamientos en favor de la austeridad y el
control del gasto público, como consecuencia de la situación económica que
atraviesa el país, González Pérez se pronunció porque el Legislativo Federal,
en ejercicio de su facultad en materia presupuestaria, formule una ley general
y obligatoria que imponga parámetros, alcance y medidas concretas de austeridad
en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos que se afecten.
 |
| Foto: Arcano Radio. |
Mencionó que, previa opinión de su Consejo Consultivo, la
CNDH aplicará medidas específicas de reducción y control del gasto en 2017,
“sin comprometer el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Comisión
Nacional o afectar derechos adquiridos de su planta laboral. Estas medidas
comprenden ajustes a las partidas de sueldos y salarios del personal de mando
superior, una limitación severa en los gastos de representación, servicios de
telefonía y el gasto en combustible, así como un replanteamiento de
procedimientos internos para propiciar mayores economías, entre otras cosas”.
Tras recordar que hace un año ante esa Soberanía hizo notar
la necesidad de concluir los procesos legislativos y la expedición de leyes
generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes
reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, y la armonización
normativa para que los organismos de derechos humanos locales gocen de recursos
y capacidades, expresó que esos pendientes deben resolverse, por la vigencia de
los derechos humanos y la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a
las víctimas.
Previamente, dio a conocer que durante 2016 un total de
61,661 personas acudieron a la CNDH por estimar violentados sus derechos
fundamentales por algún acto de autoridad, por lo que se inició el trámite de
25, 233 expedientes, de los cuales 9,408 correspondieron a quejas y 7,838 a
orientaciones directas, 7,430 remisiones y 557 inconformidades.
 |
| Foto: Arcano Radio. |
Explicó que las autoridades más señaladas como presuntamente
responsables de una violación a derechos humanos fueron: IMSS, en 2,074 casos;
el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Gobernación, 1,619; ISSSTE, 838; Policía Federal, 660; SEP, 537;
Instituto Nacional de Migración, 532; PGR, 512; SEDENA, 439; SEMAR, 258, y
SEDESOL, 247 casos.
Luego de mencionar que las entidades federativas en que se
reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente
violatorio a derechos humanos, fueron la Ciudad de México, en 2,255 casos;
Estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443; y Oaxaca,
422, puntualizó que las presuntas violaciones más señaladas fueron: prestación
indebida del servicio público, 2,299 casos; omitir proporcionar atención
médica, 2,155; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia en el desempeño de las funciones, 1,417; detención arbitraria, 548;
trato cruel, inhumano o degradante, 528; negligencia médica, 483; acciones y
omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad,
477; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene
derecho, 467; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes
y de sus familiares, 462; y prestar indebidamente el servicio de educación,
387.
El Ombudsman nacional dio a conocer que en cuanto a los
presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto se registraron 216
expedientes de queja en los que se denunció tortura; 28 casos de privación de
la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de
tortura y desaparición forzada un incremento del 332% y del 36.3%
respectivamente en comparación con 2015; los asuntos relativos a presuntas
violaciones a derechos humanos de periodistas se incrementaron en 16.4% de 2015
a 2016, al registrarse 92 expedientes por este concepto.
 |
| Foto: Arcano Radio. |
Refirió que, en 2016, la CNDH emitió 72 Recomendaciones,
dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a lo
registrado en 2015. Las cinco autoridades destinatarias de mayor número de
Recomendaciones durante este periodo, son: IMSS, 15 recomendaciones; Secretaría
de Marina, con 7; Procuraduría General de la República, 6; Comisión Nacional de
Seguridad, 6; y la Secretaría de la Defensa Nacional, 5.
Luis Raúl González Pérez enfatizó que, durante sus 26 años
de existencia, la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y
recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no
obstante lo cual persisten prácticas y conductas que tendrían que haberse
superado, tales como la tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada
o detenciones arbitrarias, lo cual cuestiona que los derechos humanos
efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la
totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido
el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus
atribuciones.
De igual manera, dijo que se dio continuidad a la
colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos
humanos, así como con otras instituciones nacionales de derechos humanos y con
los organismos locales de protección y defensa de los mismos en México. Destacó
la intervención en dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, así como los compromisos que, a iniciativa de la CNDH, asumieron otros organismos
nacionales para la atención a migrantes en la frontera sur de México, para el
seguimiento de la Agenda 20/30 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, así
como para la defensa de migrantes en los Estados Unidos de América.
Posteriormente escuchó los posicionamientos de legisladores
sobre el quehacer institucional de la CNDH y dio debida respuesta a sus
cuestionamientos.
El texto íntegro del Informe de Actividades de la Comisión
Nacional de los Derechos 2016 puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario