De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Ante la necesidad de garantizar un entorno seguro y pacífico
en las instituciones y centros educativos del país, y prevenir que se repitan
hechos de violencia como los ocurridos en el estado de Nuevo León, sin afectar
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que estudian en los mismos, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a la
Secretaría de Educación Pública, así como a las demás autoridades del ámbito
educativo, para que en la implementación de las distintas medidas que se
determinen para tal efecto, tal como el llamado “operativo mochila segura”, se
considere el interés superior de la infancia y adolescencia, al tiempo que se
evite cualquier violación a sus derechos humanos.
Asimismo, subraya la necesidad de que las medidas referidas
tomen en cuenta la opinión y propicien la participación en las mismas de los
padres de familia o tutores de los alumnos, garantizando del mismo modo, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo Décimo Quinto de la Ley General de
Niñas, Niños y Adolescentes que los propios alumnos sean efectivamente
escuchados y tomados en cuenta, por tratarse de un asunto de su interés.
La CNDH resalta que no puede desatenderse por parte de las
autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, la necesidad de
fortalecer las medidas de prevención para erradicar la violencia y construir
una cultura de respeto y paz en nuestra sociedad, lo cual requiere que se
contemplen los recursos necesarios para que la prevención y la vigencia de los
derechos de la niñez y adolescencia sea posible.
Para la CNDH, la seguridad en los centros escolares empieza
desde los propios hogares de los estudiantes. Tal y como esta Comisión lo ha
sostenido en otras ocasiones, las armas en las casas no son la solución a los
problemas de inseguridad, razón por la cual, en caso de que existan, deberán
ser resguardadas bajo estricta vigilancia, para prevenir que los menores de
edad hagan uso indebido de ellas.
Desterrar la violencia y proteger a nuestras niñas, niños y
adolescentes es una responsabilidad común, que demanda la actuación responsable
y solidaria de autoridades y sociedad.
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