De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Foto de archivo. |
Solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
la intervención y los buenos oficios de cuatro instancias internacionales de
derechos humanos para vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir
pronunciamientos y dictar las medidas que correspondan, ante los inminentes
cambios que el gobierno de los EU anunció en su política migratoria.
Además de la incidencia que tendrán en la estabilidad social
y económica de la región –se explica—, podrían propiciar la violación a los
derechos humanos de millones de personas que radican en ese país bajo una
condición migratoria irregular, así como de aquellas que, en contexto de
migración, transitan hacia la región norte del continente americano.
Mediante sendas cartas suscritas por el Ombudsman Nacional,
Luis Raúl González Pérez, al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos de los Migrantes, Francois Crépeau; Setondji Roland Adjovi,
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización
de las Naciones Unidas; Enrique Gil Botero, Relator para los Derechos Humanos
de los Migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y José
S. Brillantes, Presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos
de todos los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias de la
Organización de las Naciones Unidas, les hace saber que dado el número de
personas que podrían verse afectadas por tales medidas, así como la naturaleza
y alcance de las mismas, su aplicación podrá hacer nugatorios los derechos que
les asisten, tales como contar con las debidas garantías procesales a la hora
de que su condición jurídica fuera evaluada y de determinar si se les permite
la entrada y están autorizados para permanecer en el país.
“El endurecimiento de las políticas migratorias que se ha
anunciado –explica el Ombudsman nacional mexicano en sus misivas—, podría
implicar medidas que criminalizaran a las personas en situación de migración,
contribuyendo con ello que fuesen víctimas de discriminación, así como a un
aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en su contra”.
González Pérez señala, asimismo, que si bien es cierto que
los países gozan de autonomía para establecer políticas de ordenamiento
migratorio, la comunidad mundial, en el seno de las Naciones Unidas y bajo los
acuerdos de la Declaración de Nueva York, ha ratificado su compromiso
permanente en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes,
siempre bajo criterios de responsabilidad compartida y procesos ordenados que
no atenten a la dignidad humana de quienes aspiran a la paz y la prosperidad.
El Ombudsman mexicano solicita a los titulares de las
mencionadas instancias internacionales, proteger los derechos de las personas
migrantes en los Estados Unidos de América, en el marco de la actual coyuntura
en que se encuentra esta región.
“Sus buenos oficios –les dice— serán de gran importancia
para velar por la observancia de los estándares de derechos humanos por parte
de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, garantizando a
todos los migrantes el goce efectivo de los derechos que les asisten, así como
el ejercicio de las libertades que les son propias”.
Finalmente, les comunica que, en estas circunstancias, las
personas defensoras de derechos humanos, las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos y las instancias internacionales “debemos integrar un frente
común para evidenciar la ilegitimidad de toda conducta que vulnere los derechos
humanos de las personas. No podemos permitir que la indiferencia haga que
asumamos, como parte de nuestra normalidad, acciones que promuevan el menoscabo
a los derechos de las personas y atenten contra la dignidad humana”.
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