De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Foto de archivo. |
Está en juego la estabilidad social y no solo la económica
de nuestro país por la fórmula del ajuste económico a ultranza, observó este
miércoles 18 de enero Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en el Auditorio de Posgrado de Economía “Jesús
Silva Herzog” de la UNAM.
El Ombusman mexicano asistió al Seminario En Defensa del
Interés Nacional en donde se presentó el documento “En defensa del interés nacional” del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, de la UNAM.
González Pérez indicó que “los grandes arreglos y acuerdos
básicos entre las instituciones y la sociedad -incluida la legitimidad misma de
las propias instituciones- pueden quedar en entredicho. Ya vivimos hace
unos días tan solo un atisbo de las
reacciones y consecuencias que pueden generarse en un cierto momento”.
Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, comparte el discurso de Luis Raúl González Pérez:
Dra. Marie-Laure Coubès, investigadora del Colegio de la
Frontera Norte
Lic. Jorge Eduardo Navarrete, Moderador de esta mesa
Estimados organizadores e invitados
Señoras y señores
Expreso mi agradecimiento a los organizadores por haberme
considerado en este encuentro de pensamiento y diálogo crítico del que
seguramente surgirá un pronunciamiento muy serio, trascendente y oportuno para
la defensa del interés de México.
Como siempre, es un orgullo participar y contribuir a las
reflexiones que fomenta la Universidad
Nacional Autónoma de México. Qué bueno que siga teniendo el liderazgo en las
grandes discusiones nacionales. Soy y me siento universitario.
Me corresponde en particular hablar sobre el panorama migratorio
entre nuestro país y los Estados Unidos. Me referiré a la coyuntura sobre la
situación que estamos enfrentando. Apunto ya desde ahora que fue muy grato y
enriquecedor leer la versión preliminar del documento que ha preparado el Grupo
“Nuevo Curso de Desarrollo” mismo que encuentro relevante.
En beneficio de nuestro país, es necesario valorar todos los
planteamientos propuestos en este documento e, incluso, a partir del mismo es
necesario repensar en muchos sentidos el quehacer nacional. En juego está, me
parece a mí, la estabilidad social y no solo la económica de nuestro país.
Y cuando me he referido a la fragilidad de la estabilidad
social, lo he hecho porque los grandes arreglos y acuerdos básicos entre las
instituciones y la sociedad -incluida la legitimidad misma de las propias
instituciones- pueden quedar en entredicho. Ya vivimos hace unos días tan solo un atisbo de las reacciones y
consecuencias que pueden generarse en un cierto momento.
Si la fórmula consiste en el ajuste económico a ultranza y
la consiguiente contención del orden público en la misma proporción, entonces
nos esperan periodos complejos de inestabilidad política y social. Por ello,
cualquier clase de propuesta de diálogo serio, como el que ahora tiene lugar,
debe ser bien recibida por todos.
Sabemos muy bien que las variables económicas son muy
complejas y sensibles. Sus reacciones se desdoblan en distintos frentes y
consecuencias, y más en un mundo con una interdependencia como jamás se había
visto. Sin embargo, siempre será oportuno y necesario contar con propuestas
como las aquí planteadas para encontrar caminos comunes, acuerdos legítimos y
sostenibles y, también, por qué no, opciones alternativas.
En este sentido, y en relación al llamado que en días
pasados se formuló para que todas las instituciones públicas asumieran medidas
de racionalidad en el ejercicio de su gasto, quisiera aprovechar este foro para
señalar que para la CNDH la racionalidad en el ejercicio del gasto no es una
cuestión que sólo atienda a la coyuntura que está viviendo el país. La
racionalidad ha sido un objetivo y un compromiso constante desde el inicio de
mi administración que se ha plasmado en los distintos Planes específicos en ese
ámbito, que anualmente hemos formulado, hecho públicos en el mes de febrero y
cumplido en su totalidad.
Atendiendo al tipo de medidas que hemos previsto para este
año, las mismas serán puestas a consideración del Consejo Consultivo de este
Organismo Nacional, de manera previa a su publicación en los primeros días de
febrero. La consulta y publicación de las medidas de racionalidad, atiende a
nuestro propósito de que las mismas sean vinculatorias para nosotros como
institución y no se reduzcan a una mera declaración de buenos propósitos.
Las medidas que adoptamos este año, parten de una convicción
de responsabilidad en el ejercicio del gasto público y de un sentido de
solidaridad con la sociedad ante las consecuencias de la crisis económica que
se está enfrentando. Sin embargo, es pertinente señalar que si los poderes, las
instituciones, las instancias de gobierno determinan por si mismas sus medidas
de racionalidad, el alcance de las ellas puede ser limitado, prestándose
inclusive a la simulación.
Nosotros, de manera adicional al programa que sea propio de
la Comisión Nacional, queremos pronunciarnos porque el Legislativo Federal, en
ejercicio de la facultad en materia presupuestaria que le asiste, formule con
responsabilidad, objetividad e integralidad, una ley que de manera general y
obligatoria para todo ente que ejerza recursos públicos, imponga los
parámetros, alcance y medidas concretas de racionalidad en el gasto, así como
en el destino que se dé a los recursos que se afecten. Es necesario que se
defina y de seguimiento al destino de los ahorros que se obtengan como consecuencia
de las medidas de racionalidad y no que queden como recursos disponibles para
una asignación discrecional.
Ninguna medida que se adopte en el ámbito exclusivo de la
operación administrativa de las instituciones será suficiente o podrá revertir
los efectos del aumento en los combustibles y la incidencia que otros factores
han tenido en la economía del país. La racionalidad puede ser un camino contra
el dispendio pero no un remedio contra la disfunción institucional. Lo que se
requiere es que actuemos para garantizar un ejercicio responsable, racional,
eficaz y trasparente del gasto público. Que el dinero se gaste en lo que se
debe y que sea efectivo ese gasto que se haga; ahí es donde tendríamos que
centrar nuestros esfuerzos.
De nada sirve la racionalidad en un aspecto del gasto
público, sino ponemos un alto y actuamos para abatir la corrupción y la falta
de transparencia. Si no actuamos para garantizar que el destino formal de un
recurso sea el destino material y efectivo de los mismos. Si no vemos la
racionalidad y la transparencia como elementos aplicables a la integralidad del
gasto público y no a sólo un aspecto del mismo.
De igual forma, es preciso que se revise y transparente el
manejo que se ha dado a los recursos públicos en el ámbito en el que se generó
la problemática que dio origen a estos aumentos. La sociedad merece que se
revise, explique y transparente, más allá de las simples declaraciones, la
lógica y racionalidad de las medidas que se adoptaron, así como la
imposibilidad de que se tomara otro curso de acción.
En la situación que enfrenta el país, la racionalidad no
debe implicar supresión del gasto, sino que el gasto sea debido, eficaz y
eficiente. Buena parte de la economía nacional depende del gasto público por lo
que no debemos sumar a las presiones económicas derivadas del retiro de
capitales e inversión privada, una supresión del gasto público. El país
requiere desarrollo en infraestructura y que se sigan atendiendo programas
sociales que ante cuestiones, como la posible repatriación de migrantes,
deberán inclusive fortalecerse. El presupuesto debe ejercerse con un perfil que
haga posible y respete los derechos humanos.
En cuanto a la situación migratoria, que en estos momentos
constituye una problemática, es claro que el escenario que han prospectado
innumerables líderes de opinión y expertos, incluso organizaciones sociales,
debe considerarse como una preocupación
de alcance nacional. La CNDH la ha hecho suya como garante de los derechos fundamentales
de las personas y, en particular, de las personas en contexto de migración.
Reflexionaré brevemente desde el ámbito internacional hacia
el régimen interno que nos hemos dado en México en esta materia.
Por principio de cuentas, es necesario señalar que cualquier
problemática migratoria, local o regional, cuenta desde la perspectiva y
convivencia de la comunidad internacional con lineamientos acordados en el seno
de las Naciones Unidas. Esto significa que los grandes arreglos mundiales en
materia de migración ya son una responsabilidad compartida y global.
Es pertinente citar la reciente la Declaración de Nueva York
de septiembre de 2016, en cuyos términos fue señalado que,
“Reconocemos también que la migración internacional es una
realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países
de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Los
migrantes pueden hacer contribuciones positivas y profundas al desarrollo
económico y social de las sociedades de acogida y a la creación de riqueza
mundial.”
En este sentido, las propias Naciones Unidas seguirán la
senda que marca esta Declaración.
Bajo el orden jurídico y la responsabilidad del Estado
Mexicano las deportaciones o las repatriaciones, antes o después de la nueva
administración norteamericana, no han sido ni deben ser un problema individual
del propio repatriado. El Estado Mexicano está obligado a dar respuesta a su
situación de vulnerabilidad en forma general e integral y vinculado
jurídicamente a esta problemática.
El marco constitucional en materia de
derechos humanos es claro y sus principios de progresividad, indivisibilidad e
interdependencia, incluido el principio pro persona, articulan los derechos propios
de la migración.
México es un país que siempre ha mostrado sensibilidad hacia
todas las naciones y jamás se ha apartado de la convivencia y el progreso
mundial. Esto último, sin dejar de mencionar que México es reconocido como una
nación ejemplar, solidaria y hospitalaria de grandes corrientes de pensamiento
y contribuciones universales.
Las dimensiones del problema migratorio con los Estados
Unidos son sumamente grandes y podrían ser monumentales si la política de este
país tiende a la cerrazón.
Presento algunos datos que nos permitirán comprender el
alcance de nuestra relación con el país vecino.
Existe un flujo anual de más 400,000 personas mexicanas y
extranjeras que transitan por nuestro país hacia el norte. Esta cifra
constituye un empuje constante hacia el norte, con todo lo que implica,
abandono de su lugar de origen, de sus familias, correr riesgos y poner en
peligro la vida.
De acuerdo con el Instituto para los Mexicanos en el
Exterior (IME), en Estados Unidos viven aproximadamente más de 12 millones de
mexicanos nacidos en México, que representan aproximadamente un total de 36
millones de personas de origen mexicano contando a sus familias, siendo que,
según cifras de la Organización Civil Pew Hispanic Center, aproximadamente 6 millones viven de forma
irregular en dicho país.
Esta significativa población tiene una valiosa importancia
económica para los Estados Unidos y para México. Las remesas acumuladas de
enero a noviembre de 2016 ascienden a un monto aproximado de 24,600 millones de
dólares, representando, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la
mayor fuente de ingresos externos del país, incluso por arriba de los ingresos
petroleros.
En consecuencia, se confirma que esa fuerza laboral y su
voluntad de progreso contribuye a la riqueza mundial y a la riqueza de ambas
naciones. Nuestras comunidades son personas trabajadoras y comprometidas, por
lo que merecen un trato digno y, por supuesto, el máximo respeto a sus derechos
humanos.
A finales del año pasado, con ocasión de las elecciones
presidenciales en Estados Unidos, en la que resultó electo Donald Trump, el
panorama en el tema de la migración se ve sujeto a la perspectiva de cambio
radical. Ahora se trata de la muy probable deportación, en flujos intensos, de
connacionales, pues así se ha indicado en palabras del entonces candidato,
después reiteradas por el presidente electo y muy probablemente serán dichas
nuevamente por el inmediato presidente constitucional el 20 de enero.
La situación jurídica, y especialmente de derechos humanos
de nuestros connacionales en Estados Unidos, se va a recrudecer a través de las
deportaciones. No sabemos cuántas serán, pero es muy seguro que aumentarán, y
también se ve como algo a venir que los procedimientos se endurezcan.
En lo que a la CNDH corresponde, quiero decirles que su
propio Consejo Consultivo de la CNDH, integrado por distinguidos ciudadanos con
una gran trayectoria y vocación de servicio social, exhortó desde el mes de
noviembre del año pasado al Gobierno Mexicano y su Red Consular a impulsar
medidas de cuidado y protección adicionales para los mexicanos en Estados
Unidos.
A partir de este pronunciamiento, la CNDH ha emprendido una
serie de visitas y actividades que tienen por objeto obtener una visión clara y
completa de la situación por la que atraviesan nuestros connacionales, a efecto
de trazar una ruta cierta de las acciones que se puedan poner en práctica en
favor de mexicanos en los Estados Unidos, tanto en favor de quienes tienen una
estancia normalizada como de aquéllos que por cuestiones ajenas tuvieron que
desplazarse y estar en una situación migratoria irregular.
La CNDH busca acercarse a sus connacionales, estar con ellos
y ver las circunstancias en las que se encuentran, sobre todo en estos momentos
en que se está definiendo una nueva política migratoria en los EU.
Se busca sumarnos al esfuerzo que se está realizando por
diversas instancias, tanto de grupos comunitarios como de instituciones, para
informar y tener certeza de los derechos de los que son titulares nuestros connacionales,
tanto en EU como ante una eventual deportación o regreso a nuestro país.
Con nuestra participación y presencia en Estados Unidos
buscamos fortalecer la labor de protección de derechos que lleva a cabo la red
consular en los Estados Unidos. Pero también queremos crear otro canal más de
comunicación para que nuestros connacionales tengan otra referencia y se
realicen acciones que se adicionen a las que se han venido realizando.
Con nuestra participación queremos ser enfáticos en que la
política migratoria debe pasar ineludiblemente por el respeto a los derechos
humanos de cualquier persona.
Buscamos evitar, a toda costa, el discurso del odio que
pueda generarse, así como actos de discriminación o xenofobia. En estos
momentos debe fortalecerse el entendimiento y la solidaridad entre naciones y
comunidades.
“Hace pocos días me pronuncié en favor de levantar un muro
hecho a base de dignidad, un frente común en favor de la dignidad y no en
contra de alguien que difícilmente merece una atención en particular de parte
nuestra.
He insistido que ese muro de dignidad sea un baluarte en
contra de los sentimientos de odio, de xenofobia, de racismo, de discriminación
y desprecio que veladamente están atrás de la nueva política migratoria de los
Estados Unidos”.
La CNDH está atenta a la definición de la nueva política
migratoria estadounidense pero al mismo tiempo participará, en la medida de sus
competencias, en la protección de los derechos humanos de nuestros
connacionales.
No puedo omitir la extraordinaria colaboración que las sedes
de la UNAM en los Estados unidos nos han brindado. Su interlocución local con
la comunidad latina ha sido indispensable para comprender los alcances de un
cambio en la política migratoria.
Sería muy importante que la UNAM, en colaboración con otras
instituciones académicas, se diera a la tarea de certificar a las personas
repatriadas en los oficios que por años aprendieron. Así podrían insertarse más
fácilmente en el mercado laboral, como bien lo indica el documento que hoy se
presenta.
Un tema de especial preocupación para nuestros connacionales
es el respeto a sus derechos al momento de ser objeto de una detención por
irregularidad migratoria. Existe el temor fundado de que sean perseguidos o
interrogados a efecto de saber cuál es su situación migratoria. Algunos casos
se han tenido en que la autoridad migratoria llega a las casas y toca la puerta
con una "supuesta" orden de arresto.
Es muy importante que las autoridades migratorias
norteamericanas respeten los derechos de nuestros connacionales y no realicen
actos que vayan en contra de la legalidad y el debido proceso.
Es conocido que no hay suficientes despachos jurídicos que
lleven asuntos en materia migratoria. Esto significa que se están creando
algunos "al vapor" o que los pocos que hay se están viendo rebasados
por el número de asuntos que llevan.
Por este motivo, resulta preocupante la defensa jurídica que
puedan tener los connacionales en el caso de ser transgredidos sus derechos.
En el estado de Nueva York actualmente se está aplicando un
programa piloto en relación con lo que se conoce como "representación
universal", la cual consiste en la asignación de un defensor público a las
personas en contexto de migración.
En el estado de California, hace apenas una semana se acaba
de presentar una iniciativa para introducir esta figura jurídica.
Sería muy importante que esta iniciativa tuviera una pronta
aceptación en dicho estado y pudiera aplicarse en algunos, aunque sabemos las
dificultades que esto representa.
Otro aspecto que hemos advertido es la inseguridad de los
jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos, ya que ellos pueden optar
por regularizar su estancia ingresando al programa conocido como DACA.
Como es un programa cuyo origen es una orden ejecutiva del
Presidente de los EU, una vez que tome posesión el nuevo Presidente es
probable, pues así lo declaró, que revoque dicho "alivio". Hace unos
días, sin embargo, declaró que lo que piensa es analizar dicho Programa.
Ante esta situación, en caso de darse la revocación los más
de 700,000 beneficiados podrían verse en una situación de irregular estancia. Y
hay que tomar en cuenta que los jóvenes DACA constituyen una fuerza productiva
muy importante en EU.
Por tanto, sería muy conveniente que se considerara la
posibilidad de que continúe en vigor el programa DACA, y en caso de ser
revocado no afecte el derecho a la educación que tienen los estudiantes.
El proceso de "ciudadanización" es uno de los
aspectos que el gobierno federal ha buscado intensificar, principalmente desde
el año pasado. Los consulados han buscado el apoyo de algunos despachos de
abogados para realizar el análisis de quienes califican para optar por este
beneficio.
La CNDH, mediante el Convenio que tiene firmado con la UNAM
y la Fundación Slim, podría sumarse a este esfuerzo apoyando en los cursos que
deben tomar los candidatos para acceder a la ciudadanización.
Un punto de contexto a tener presente. A pesar de las
declaraciones que se han dado por el presidente electo, en diversos estados han
habido reacciones en el sentido de seguir apoyando a las personas migrantes y
sus derechos. Hay lugares fronterizos en donde la gran mayoría de la población
son mexicanos, como Del Río, en donde incluso los titulares de ciertas
instituciones son de origen mexicano.
Por tanto, debe quedar claro que mediante declaraciones no
se podrá cambiar la política migratoria de EU, por la sencilla razón de que no
es una decisión que le corresponda a una persona, sino a toda la sociedad
norteamericana.
Entonces, qué nos queda por hacer para defender los
intereses de nuestro país y de sus connacionales?
Ante las eventuales repatriaciones con motivo de una
política deliberada y dolosa, debe tenerse en contrapartida acciones
gubernamentales de México en favor del empleo, de la seguridad de social, de
salud, de la educación y de la vivienda de quienes regresan.
Sin falsos nacionalismos, nos queda alzar la voz en el
concierto de las naciones y convenir el apoyo de tantas y tantas naciones con
quienes hemos venido colaborando por décadas;
Nos queda defender, si es necesario, los intereses de
nuestro país en los tribunales internacionales;
Cualquier negociación internacional no debe pasar por alto
el respeto a los derechos humanos:
Nos queda la unidad nacional de una vez y por todas frente a
cualquier agravio y frente a cualquier proyecto político personal;
Nos queda la unidad nacional frente a cualquier afrenta que,
hasta este momento, es totalmente injustificada moral y éticamente. La dignidad
ante todo.
Muy estimados todos,
Reciba la UNAM, su apreciada comunidad universitaria y su
reconocido Rector, el agradecimiento de la CNDH y el mío propio por considerar
a este organismo defensor de los derechos humanos en esta propuesta en defensa
del interés nacional. Muchas gracias.
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