* De aprobarse afectará “principio de libre determinación de los pueblos” y “derechos constitucionales”
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Senadora por dedazo de un partido que ni es verde ni es ecologista, impulsa ley de biodiversidad que beneficia a empresas de su papá. |
Acusaron organizaciones ecológicas este lunes 3 de abril de
impulsar una ley de biodiversidad que afectará a la autodeterminación de México
y derechos de indígenas, por la senadora del PVEM Ninfa Salinas Sada, hija del
magnate de las telecomunicaciones, energéticos, medios, transporte, servicios
financieros y comercio especializado, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
Organizaciones como Regeneration International, Organic
Consumers Association, Greenpeace México, el Grupo de Estudios Ambientales y la
Caravana de la Diversidad Biocultural, figuras públicas como Elena Poniatowska,
entre otras, exigieron la suspensión de la Ley General de Biodiversidad, pues
otorga control del patrimonio biocultural al capital.
Las organizaciones sociales acusan que la iniciativa,
impulsada por la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, además se elaboró
sin consulta previa, libre e informada y de buena fe a los pueblos indígenas y
campesinos.
La iniciativa, que discutirán en Comisiones del Senado de la
República, se vislumbra como “una norma de distribución de competencias
concurrentes” y no de reconocimiento de derechos a los ciudadanos en especial a
los pueblos indígenas, señalaron organizaciones como la Campaña Nacional Sin
Maíz No hay País y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“El presidente decreta, las instituciones tutelan
concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y
paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controlan el
patrimonio biocultural”, firmaron en un comunicado investigadores como Víctor
Toledo Manzur, Carlos Ávila Bello, Luis Felipe Crespo Oviedo, Catherine
Marielle y Gustavo Ampugnani.
Afirmaron que los pueblos indígenas y las comunidades han
usado la biodiversidad como un bien común, que les ha permitido generar un
enorme patrimonio biocultural como “bancos genéticos comunitarios de plantas y
animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes
bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y
formas simbólicas de apropiación de los territorios”.
La iniciativa pasó por encima de la sociedad en general y en
contra del acuerdos internacionales firmados por México: el Convenio 196 de la
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Las organizaciones sociales exigieron la suspensión del
dictamen y la apertura a opiniones diversas a través de foros, y la consulta
libre e informada a los pueblos indígenas.
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