De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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Se convocó esta sesión a petición de Argentina, Bahamas,
Barbados, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Guyana, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Santa Lucía y Uruguay.
Este lunes, Bolivia bloqueó la sesión en la OEA sobre la
crisis en Venezuela, como nuevo presidente del Consejo Permanente del
organismo, el Gobierno de Evo Morales suspendió la reunión solicitada por 20
países para discutir la posible aplicación de la Carta Democrática al régimen
chavista.
"No se nos consultó por parte de Belice, quien convocó a minutos de concluir su presidencia", dijo Diego Pary Rodríguez, representante boliviano y presidente del Consejo Permanenter
El 30 de marzo, el uruguayo Luis Leonardo Almagro Lemes, secretario
general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denuncia el
auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea
Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular.
"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado",
sentenció el Secretario General.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado dos
decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los
diputados de la Asamblea Nacional y, contrariando toda disposición
constitucional, se atribuye las funciones de dicho Poder del Estado, en un
procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un
debido proceso.
Por la primera de ellas, del 27 de marzo de 2017, el TSJ
declara la inconstitucionalidad de acuerdos legislativos calificando como actos
de traición a la patria el respaldo a la Carta Democrática Interamericana,
instrumento jurídico al cual Venezuela ha dado su voto al tiempo de aprobarlo y
fue el primer país en solicitar su aplicación en el año 2002.
Por el segundo fallo, del 29 de marzo, este tribunal declara
la “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea
Nacional”, en forma que no conoce respaldo constitucional ni en las
atribuciones de la Asamblea (art.187 de la Constitución), ni mucho menos en la
de la Sala Constitucional del TSJ (art.336 de la Constitución) y que viola la
separación de poderes que la propia Constitución exige sea respetada por todos
los jueces los que deben “asegurar su integridad” (art.334).
Las normas internacionales regionales y universales a las
que Venezuela soberanamente ha adherido, y que por ello la obligan a su
cumplimiento, reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía
ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa
del sistema democrático y del estado de derecho.
Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades
parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder
Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con
que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la
democracia.
La decisión del TSJ expresa en su numeral 4.4: "Se
advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las
actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que
las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por
el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".
Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos.
Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en
Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin
dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política.
“La cuestión es sólo entre la libertad y el
despotismo", nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la
libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo
forman el objeto de nuestra lucha.
El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la
convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta
Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las
advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de
2017.
El líder de la OEA recordó el carácter preventivo que tiene
la Carta Democrática Interamericana, que debió haber sido accionada con
rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio.
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