De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
acreditó que de la Fiscalía General en la gubernatura del priista Javier Duarte
de Ochoa, incurrió en detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y
ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el Municipio de
Tierra Blanca, Veracruz, ocurridas el 11 de enero de 2016, por lo que emitió la
Recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al
Gobernador de esa entidad federativa, Miguel Ángel Yunes Linares.
La CNDH consideró que este asunto, por su naturaleza y
gravedad, trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión
pública nacional, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1°, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo atrajo para conocer del caso y
radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
Los hechos fueron difundidos mediante diversas notas
periodísticas los días 14 y 15 de enero de ese año, en las cuales se refirió
que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz,
involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por
la Fiscalía General.
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de
queja, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular
del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad federativa; al
llegar al Municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de
Seguridad Pública, aproximadamente a las 12:00 horas. En la misma fecha, a las
20:15 horas, policías de Seguridad Pública localizaron el vehículo en el que se
trasportaban las víctimas en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después -13 de enero-, la CNDH recibió la queja en
la que se denunció que entre las 12:30 y las 13:00 horas del 11 de ese mismo
mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo
particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una
gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un
negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos
por agentes de Seguridad Pública, desconociendo hasta esa fecha el paradero de
los agraviados.
De las evidencias que este Organismo Nacional se allegó con
motivo de las investigaciones documentales y de campo, visitas y entrevistas,
así como de la información recabada de diversas autoridades federales y
locales, se contó con elementos para acreditar violaciones graves a los
derechos humanos, de conformidad con lo siguiente:
- A la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad
personal por la detención arbitraria de las víctimas, atribuible a servidores
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
- A la integridad personal, con motivo de los actos de
tortura cometidos en agravio de las víctimas, por parte de policías de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz y de diversas personas
que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al
Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiéndose que algunos los llevaron a cabo
y otros los toleraron.
- A la libertad e integridad personal por la desaparición
forzada de las víctimas, imputable a personas que, de acuerdo con las
actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva
Generación, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
- A la vida, con motivo de la ejecución arbitraria de las
víctimas, toda vez que la Fiscalía General del Estado determinó que fueron
privadas de la vida por parte de personas que, de acuerdo con actuaciones
ministeriales, declararon pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación,
quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de miembros activos
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
- A la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad,
atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, por abstenerse de
resolver en definitiva la responsabilidad en la Investigación Administrativa
instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos.
Adicionalmente, este Organismo Nacional ha observado con
preocupación, desde hace varios años, la problemática existente en el estado de
Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas, por la
falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este
ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y
colusión de agentes policiales con el crimen organizado, lo que se traduce en
violaciones graves a derechos humanos por el impacto que genera en las
víctimas, sus familiares directos y la sociedad en general, porque los derechos
vulnerados son los básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social
en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la
dignidad humana y la integridad personal.
Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos solicita al Gobernador de Veracruz instruya que, en coordinación con la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de
las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o
indemnización justa por la gravedad de los hechos; se les proporcione atención
médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez,
así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les
ofrezca una disculpa pública institucional.
Además, deberá colaborar en la integración de la carpeta de
investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de
la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables
por delincuencia organizada; en la integración de las investigaciones ministeriales
que inicie la Fiscalía General contra los responsables de tortura y homicidio,
de las conductas delictivas relacionadas con los restos óseos y/o humanos y los
fragmentos dentales encontrados en el rancho “El Limón” y en las que se
encuentren involucrados agentes policiales con el crimen organizado.
Le solicita también girar instrucciones para que la Comisión
de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la
investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en
las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las
responsabilidades correspondientes, así como colaborar con la CNDH en la
presentación de la queja que se formule ante la Dirección General de Asuntos
Internos de la SSP estatal, para deslindar la responsabilidad de quienes intervinieron
en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron las
conductas delictivas realizadas en el rancho “El Limón”.
También deberá instruir al titular de la SSP la realización
de un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los
perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar
circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho; se cumpla con las
propuestas del “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para
atender este problema en el estado de Veracruz, e implementar acciones
inmediatas mediante políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los
altos índices de violencia y criminalidad imperantes en esa entidad federativa.
La Recomendación 5VG/2017, que ya fue debidamente notificada
a su destinatario, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.
No hay comentarios:
Publicar un comentario