Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político
Discutieron en secreto legisladores federales con el
Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, el director
de la agencia espía gubernamental y el de Pemex, sobre espionaje a periodistas
y activistas, los sobornos de la brasileña Odebrecht, y argumentan que por ley
se guardan la información, en una abierta connivencia.
El espionaje a periodistas en que destacan el vocero
oficioso presidencial y una empresaria outsourcing vinculada a un grupo que se
dice de oposición y es cercano a los varones del dinero y a Carlos Salinas de
Gortari, así como a activistas defensores de derechos humanos nacionales e
internacionales, preocupa a organismos supranacionales.
Con bombo y platillos, para atraer los reflectores
mediáticos, diputados federales anunciaron la reunión con los encargados de la
seguridad nacional, oficialmente los encargados, incluso del espionaje
domestico a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Pemex,
para exigir información sobre esos temas.
Se llegó el día. Este jueves 20 de julio, a las 12:30 horas
del Centro, 17:30 horas TU, se encerraron en privado durante seis horas, el
diputado federal perredista neoleonés Waldo Fernández González, presidente de
la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y sus 5 integrantes, con el el priista
hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y abiertamente
aspirante a la candidatura presidencial en las primarias.
También estuvieron: Raúl Cervantes Andrade, procurador
General de la República, Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de
Seguridad, los directores generales del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, y de Petróleos Mexicanos (Pemex), José
Antonio González Anaya, así como el subsecretario de Enlace Legislativo y
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.
Y los contribuyentes y víctimas del espionaje denunciado por
The New York Times, que observan la ONU, la OEA y la Unión Europea, solamente
merecen la lectura de los temas que se abordaron sin mayor explicación, de
parte del perredista neoleonés Waldo Fernández González.
En un comunicado el diputado Fernández González enfatizó que
dicho encuentro “sirve para fortalecer las instituciones del Estado e
incorporar la materia de ciberseguridad en el marco jurídico que rige la
seguridad nacional, así como para fortalecer las atribuciones de la Comisión
Bicamaral como responsable del control y evaluación de las políticas en materia
de seguridad nacional”.
En buen castellano, sirve para estrechar la connivencia entre
dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para proteger sus intereses de
grupo en una ingeniería similar a la del crimen organizado, en contra de los
intereses de los contribuyentes que agudizan su indefensión ante el uso y abuso
del poder por ese grupúsculo minoritario.
Se justificó en que por disposiciones legales, la Comisión
Bicamaral está acotada para dar a conocer información alguna sobre lo que se
trató en la reunión que se llevó a cabo en el salón de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo).
Es decir, que las víctimas solamente pueden ejercer su
derecho de resignarse a un sistema judicial exitoso en la fabricación de chivos
expiatorios o en criminalizar a las víctimas para que los delincuentes gocen de
cabal impunidad amparados por los hombres del poder que, como Osorio Chong, clama
un dogma de fe en que están trabajando.
Y se burla el legislador perredista al querer victimizarse: “La
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional deberá resguardar y proteger la
información y documentación que se le proporcione evitando su uso indebido, sin
que pueda ser difundida o referida; en caso contrario se aplicarán las
sanciones que la ley prescribe”.
En pocas palabras, hacen cómplices a los legisladores del
sospechoso sistema de espiar a periodistas, dirigentes partidistas, sindicales
y sociales, para usar esa información a favor del crimen organizado que conoce
horas, hábitos y rutas de traslado, por lo que aumentó el número de ejecuciones
caracterizadas por la impunidad de los criminales.
Finalmente, dijo que con la realización del encuentro de trabajo
se levanta la sesión permanente que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional
sostenía desde el pasado 29 de junio, y cuyo fin era atender conocer lo
relativo a la intervención de comunicaciones y robo de hidrocarburos.
Y si es cierto, como dice, que lo atendieron, ¿sirvió de
algo para las víctimas? O ¿deberán exiliarse para salvaguardar sus vidas, así
sean los de la tercerización en los medios de comunicación o voceros oficiosos
galardonados por los buenos oficios de sus patrones?
Y para el registro de la historia, estos son los
legisladores que se mofan de los votantes:
La Comisión Bicamaral está integrada, además de su
presidente, por los diputados Enrique Jackson Ramírez (PRI) y Jorge Ramos
Hernández (PAN), y los senadores Ismael Alfredo Hernández Deras (PRI), María
del Rosario Guzmán Avilés (PAN) y Luis Humberto Fernández Fuentes (PT).
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