De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Desobedecen tres dependencias federales del gobierno de
Enrique Peña Nieto, a los Tribunales Agrarios reconocen jurídicamente la
propiedad de las tierras de los indígenas Náyeri y Wixárika en Nayarit, que
intentan impedir desaparezca su centro ceremonial Keiyatsita, que ya costó la
vida de dos dirigentes, denunció un diputado federal priista.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por dar luz verde a las obras que, aseguran, dañarán el
sitio ceremonial, del que también depende su sustento económico.
Las dependencias planean construir, en la cuenca del río San
Pedro, una cortina de 188 metros de altura que afectará más de 4 mil 500
hectáreas y modificará de manera irreversible la hidrografía, morfología, sedimentos y minerales, así como la
vegetación y vida animal en su territorio.
Con base en documentación oficial de CFE, una vez que la
presa sea construida, la comunidad de Rosarito, donde se ubica Keiyatsita,
quedará sumergida bajo el agua que almacene una cortina de 188 metros de
altura, y que permitirá operar una planta hidroeléctrica, que atenderá parte de
las necesidades de energía en el occidente del país, las cuales crecerán 3.7%
al año, al menos hasta 2026.
José Luis Orozco Sánchez Aldana, diputado federal priista
jalisciense, secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal, dijo que a
pesar de que Tribunales Agrarios reconocen jurídicamente la propiedad de las
tierras de los indígenas, los invasores se niegan a restituirla. Con ello,
“desconocen nuestro Estado de derecho al violentar las garantías de estas
comunidades”, aseguró.
El territorio wixarika en Nayarit, donde se registran cerca
de 62 posesiones irregulares que abarcan alrededor de 10 mil 400 hectáreas,
sostuvo el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (PRI).
Con estos actos, señaló, se incurre en una evidente
violación de los derechos jurídico-legales y humanos de la comunidad indígena y
en la perpetuación de este delito.
Orozco Sánchez Aldana, secretario de la Comisión de
Desarrollo Municipal, dijo que a pesar de que Tribunales Agrarios reconocen
jurídicamente la propiedad de las tierras de los indígenas, los invasores se
niegan a restituirla. Con ello, “desconocen nuestro Estado de derecho al
violentar las garantías de estas comunidades”, aseguró.
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