* Urge la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de ese grupo poblacional
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Radio
Vulnerable un importante número de personas adultas mayores
en el país, por la asociación social de la vejez con la disminución de las
capacidades físicas y cognitivas del ser humano y la eventual pérdida de
autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas de
las familias y la comunidad.
Señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que,
entonces, la indefensión no deriva en sí misma del proceso biológico de
envejecimiento.
Este Organismo Público identifica la necesidad de trabajar
conjuntamente con instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad
civil, familias, y especialmente con las personas adultas mayores, con la
finalidad de que se reconozca su carácter de sujetos plenos de derechos, se
promueva su empoderamiento y se aliente su participación directa en todos los
procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.
Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena,
con tranquilidad, salud e independencia; su realización solo puede ser
resultado la satisfacción integral de sus derechos humanos durante todo el
ciclo vital. Por ello, es indispensable generar un cambio de percepción sobre
el envejecimiento; diseñar e implementar políticas efectivas con enfoque de
derechos humanos, de género y sin discriminación; asumir los retos y
oportunidades de los actores obligados a la protección y garantía de sus
derechos para resolver los problemas que afectan a ese sector poblacional, y
asegurar su participación en el diseño, implementación, evaluación y
fiscalización de las políticas públicas dirigidas a su atención.
Es de la mayor relevancia que los encargados de la
elaboración de esas acciones, consideren el género como un factor que incide en
el acceso a los derechos de las personas adultas mayores, ya que se evidenciado
que mujeres mayores enfrentan condiciones de desventaja social y económica
frente a los hombres, incluso están expuestas a padecer discriminación múltiple
cuando pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, se encuentran en
condiciones de pobreza o padecen alguna discapacidad, por citar algunas.
El paradigma garantista de envejecimiento debe superar la
visión asistencialista que identifica a las personas adultas mayores únicamente
como receptoras pasivas de programas sociales, para estar en posibilidad de
consolidar que la línea conductora de los planes de trabajo de las
instituciones estatales sea el enfoque basado en sus derechos, y cuyas metas se
ajusten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas enfocados en ese grupo poblacional, como lo son, garantizar la
seguridad en el ingreso y en el acceso a servicios de salud; incrementar sus
oportunidades de empleo y aprendizaje; lograr la igualdad de género, proveerles
de viviendas y transportes seguros, y eliminar la violencia en su contra.
La inversión estatal debe dar prioridad a políticas y planes
que contribuyan al reconocimiento efectivo de sus capacidades, habilidades y
experiencia; que consideren sus características particulares, y coadyuven a
dotarlos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas
de su propio proceso de envejecimiento; entre ellas, la implementación de
mecanismos adecuados para garantizar su participación democrática y plural.
Para alcanzar esas metas, es fundamental que el Estado
mexicano concrete el proceso de firma y ratificación de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), y que hasta el momento sólo ha
sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
La firma y ratificación de ese instrumento internacional
ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de las
personas adultas mayores; obligará a la federación y entidades federativas a
armonizar la legislación nacional y a establecer mecanismos efectivos para
garantizarlos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera la
importancia de continuar los trabajos conjuntos para fomentar una cultura de
respeto y trato digno hacia las personas adultas mayores que favorezca su
revaloración y plena integración social, así como procurar la mayor
sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre
generaciones, con el fin de evitar toda forma de discriminación o abandono por
motivo de edad, género, estado físico, condición social, o cualquier otra que
impida el goce y ejercicio pleno de sus derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario