De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Muy confiado firmó los documentos de su extradición de Guatemala. Foto de archivo. |
Javier Duarte de Ochoa nació en Veracruz, el 19 de
septiembre de 1973, y fue diputado federal en la LXI Legislatura. Se desempeñó
como gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de
2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento
ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado.
El 25 de octubre, fue expulsado de su partido, el Partido
Revolucionario Institucional.1 Desde el 20 de octubre de 2016 se encontraba
prófugo de la justicia y fue buscado por la PGR y la INTERPOL. Fue detenido el
15 de abril de 2017 en el poblado turístico de Panajachel, en Guatemala. El 17
de julio, fue extraditado a México.
El día de hoy #PGR, a través del Ministerio Público de la Federación, logra la vinculación a proceso de JDDO pic.twitter.com/FnKp57IX9e— PGR México (@PGR_mx) 23 de julio de 2017
En un comunicado se informó en la Ciudad de México que la
Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo del Juez de Control de
Procesos Penales Federales, Gerardo Moreno García el auto de vinculación a
proceso en contra de JDDO por los probables delitos de delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público Federal presentó ante el juez, al
inculpado y a su defensa, los datos de prueba necesarios, pertinentes y
suficientes que hacen suponer la participación del imputado JDDO en los delitos
de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Con el rostro cubierto de acuerdo al improvisado nuevo sistema oral después de ocho años en que únicamente se beneficia a la impunidad. Foto de archivo. |
El Ministerio Público Federal señaló ante el Juez de
Control, que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y
la Ciudad de México entre 2011 y 2016, periodo en el que el hoy imputado se
desempeñó como gobernador constitucional del estado de Veracruz.
Los fiscales a cargo del caso, justificaron al Juzgador
Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en
ambos delitos JDDO se valió de al menos nueve personas y diversas empresas
fachadas para invertir recursos a través de ellas.
El Juez de Control otorgó un plazo de seis meses al
Ministerio Público Federal para continuar con su investigación.
La Procuraduría General de la República invita a confiar en
el sistema de justicia penal y en sus instituciones para lograr el
esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas del delito y evitar la
impunidad, así como a conocer y entender que cada etapa del proceso penal tiene
objetivos distintos, todas enfocadas en lograr una justicia objetiva e
imparcial, por lo que debe evitarse un injustificado escepticismo de dicho
sistema y de las instituciones que lo operan basado en su desconocimiento.
La Procuraduría General de la República refrenda su
compromiso con una justicia ética y objetiva, así como con su labor de
perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes cometan delitos en agravio de
la sociedad.
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