* Inseguridad pública no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas
De la mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Expresión clara la inseguridad, violencia e impunidad que se
viven, con especial gravedad en algunas regiones del país, de que el Estado
mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida,
integridad y bienes de quienes habitamos este país, afirmó el Ombudsman
nacional, Luis Raúl González Pérez.
Inauguraron la Segunda Conferencia Internacional sobre
Seguridad y Justicia en Democracia, este lunes 26 de febrero, en la Antigua
Escuela de Jurisprudencia en las calles República de Argentina y San Ildefonso
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Enrique Luis Graue Wiechers,
Rector de la UNAM y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
El Ombudsman nacional destacó que la inseguridad pública que
se vive no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones
equivocadas.
La inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con
especial gravedad en algunas regiones del país, son expresión clara de que el
Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la
vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, afirmó el Ombudsman
nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que las acciones emprendidas
y los cuantiosos recursos destinados para atender ese problema no han
encontrado la solución en una década, lo que implica violación a los derechos o
la posibilidad de que tales vulneraciones se presenten.
“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los
derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que
se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, “la violencia no
reducirá la violencia”, expresó.
Subrayó que sostener que la ley no se aplica porque los
derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de
respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta. Nuestro
país –dijo— requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier
medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada
en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y
aplicación oportuna y debida de la ley.
“Una seguridad que se construye desde un vínculo de
confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil,
concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y
control de la misma”, aseveró.
Al participar en la Segunda Conferencia Internacional sobre
Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en
los Derechos Humanos, que inauguró el Rector de la UNAM, Enrique Graue
Wiechers, González Pérez enfatizó que los recursos que desde 1996 a la fecha se
han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos,
mientras que los resultados no son siquiera aceptables.
“Lo anterior –apuntó ante todos los reunidos en la Antigua
Escuela de Jurisprudencia de la UNAM—, es un indicador claro de que la
situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja
asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones
en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.
Señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas
de seguridad de las personas ha ocasionado el abandono de las policías y que el
postulado constitucional de seguridad pública esté lejos de ser una realidad en
el país, ya que mientras los operativos de la SEDENA crecieron 400% entre 2007
y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó en 70% entre 2007
y 2013, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles,
así como la dotación de recursos y generación de capacidades no presentaron
esas tasas de crecimiento o desarrollo.
Tras mencionar que el gasto federal en seguridad pasó de
aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones en
2016, refirió que subyace la necesidad urgente de hacer frente y abatir la
impunidad y corrupción. Puntualizó que la respuesta a la violencia e
inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las
personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria
de la ley.
“Nuestro país –aseguró— no podrá contar con la
institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años
reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios
políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y
eficacia en el servicio”.
González Pérez se solidarizó con la UNAM ante la situación
de violencia que se ha vivido en espacios universitarios y se sumó al reclamo
de una investigación pronta, objetiva e integral de tales hechos, ya que debe
seguir siendo espacio para la construcción de la cultura y desarrollo del
conocimiento, investigación y formación de la juventud.
Al inaugurar esta Conferencia, el Rector Graue Wiechers
mencionó que no podrá haber seguridad en México si persiste la impunidad,
"ahí que la seguridad, justicia y derechos humanos deben de estar
vinculados. Ésta ha sido siempre la única forma de vivir en paz. Por lo que más
que una política de Estado, es una obligación del Estado y nuestro deber que
así suceda", añadió.
Dijo que México exige justicia ante la impunidad, donde
exista un sistema judicial en que los mexicanos estén exentos del riesgo de ser
privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas
instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar. Por ello, la
importancia de revisar la nueva Ley de Seguridad Interior, porque si se quieren
imponer el orden, marcos legales o procesos institucionales inapropiados se
puede perder la legitimidad necesaria para respirar la paz y la confianza que
le urgen a México para restaurar su tejido social.
Señaló que cada vez más organismos que denuncian violaciones
a los derechos humanos y algunos movimientos ciudadanos han alcanzado
visibilidad internacional, ímpetu social que necesita del respaldo de
organizaciones y foros.
Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM, recordó
que en 2011 se realizó un ejercicio similar, que dio por resultado un documento
de 36 puntos para garantizar la justicia en democracia, que fue entregado a los
entonces candidatos a la Presidencia de la República, y que a siete años de
distancia hay desconfianza en las instituciones públicas y el tejido social se
ha resquebrajado.
Dijo que la respuesta a esta crisis ha sido una política de
mano dura, que supone la ampliación del catálogo de delitos, endurecimiento de
las penas, mayor control policiaco y militarización del país, lo que implica
violación de los derechos humanos, y afirmó que el Estado de Derecho es la
única vía para alcanzar la tan anhelada paz en nuestra patria y para que las personas
vivan en armonía, recuperar la confianza en las autoridades y restituir el
tejido social.
El presupuesto es claro: ninguna concesión en materia de
democracia y derechos humanos, porque representan conquistas históricas de
nuestro país y son la mejor garantía para la seguridad ciudadana, aseguran una
correcta procuración e impartición de justicia en un ambiente de libertad para
todas y todos, y llamó a quienes tienen y tendrán la conducción del rumbo de
nuestra nación a que estén atentos a la contribución de esta Segunda
Conferencia, que pretende enaltecer el sentido de la política para el mejor
servicio de las y los mexicanos.
En este acto también se contó con la presencia en el
presídium de Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, y Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.
