De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Mueren en México 5 mil 65 personas al año por enfermedades
relacionadas con la contaminación; pese a ello, 18 de 32 estados, 60 por
ciento, carece de programas de cambio climático, pese a la urgencia de
establecer medidas que frenen este fenómeno y asumir compromisos
internacionales, aseguró la diputada federal panista tamaulipeca Elva Lidia
Valles Olvera.
La legisladora propone reformar la Ley General de Cambio
Climático y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que las
entidades federativas tengan la obligación de elaborar e incorporar en sus
presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal en
materia de cambio climático acorde a las atribuciones conferidas en la misma
norma.
La partida se obtendría de aplicar tasas y cuotas derivadas
de la enajenación o, en su caso, de la importación de combustibles
automotrices, gasolina y diésel. Parte de estos recursos, se destinarán a la
ejecución de atribuciones que la Ley General de Cambio Climático le confiere a
los estados.
Asimismo, la reforma pretende que estados y municipios
informen cada trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
sobre dichas partidas presupuestales destinadas para tal efecto y, a su vez,
esta dependencia informe al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en
su caso, sobre el total de estos recursos, destino y aplicación.
Lo anterior, a través de los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
La integrante de la Comisión de Cambio Climático argumentó
que la reforma va en sentido a lo que expresó el Presidente de la República
respecto a que en materia de asignaciones a gasolinas y diésel, el esquema
propuesto de cuota fija fortalecería el cuidado y protección del medio ambiente
y de la salud, ya que los impuestos a combustibles generarían un “doble
dividendo social”.
Significa que se permitiría recaudar a partir de bienes cuyo
consumo genera externalidades negativas, tales como contaminación del aire,
congestión vehicular y efectos ambientales globales, de forma que la política
tributaria coadyuvaría al desarrollo sustentable del país.
El propósito de la iniciativa es contribuir a que estados y
municipios cuenten con los recursos económicos necesarios y cumplan en tiempo y
forma con las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático les atribuye,
y exista una coordinación y control sobre el destino de estos recursos.
Valles Olvera destacó que la mayoría de los estados no han
instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de gases de
efecto invernadero y políticas de adaptación y mitigación que, conforme a la
Ley General de Cambio Climático, están obligados a hacer.
Mencionó que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México,
Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche, no
tienen registro de programas en materia de acción climática.
A pesar de ello, enfatizó, México firmó por primera vez
compromisos en materia de cambio climático desde 1992, en la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y
posteriormente, en 1998, al firmar el Protocolo de Kioto, el cual ratificó en
el año 2000. Recientemente, fue parte de la Conferencia sobre el Cambio
Climático de París, celebrada en 2015.
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