De la Mesa de Redacción
De CERIGUA
Los mecanismos de protección son incapaces de garantizar la
labor periodística, por lo que los periodistas optan por la autocensura, señala
un estudio de ARTICLE 19 titulado “Libertades en resistencia: informe 2016”,
que se basa en el análisis de seis casos emblemáticos de periodistas asesinados
recientemente.
La investigación recoge hechos desde que se perpetraron 11
homicidios de personas que ejercían trabajos de comunicación; sin embargo, no
alcanza a tener en cuenta los asesinatos de los primeros meses del presente
año.
ARTICLE 19 resalta que la impunidad es casi absoluta en lo
referente a muertes violentas de periodistas, ya que el 99.7 por ciento de los
casos no llegan a un esclarecimiento, lo que constituye un patrón de conducta
de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la justicia que en estos casos
“deja muy lejos la mínima garantía de justicia”.
La pauta revelada por ARTICLE 19 indica que fiscales y
procuradurías primero desacreditan a las víctimas, después desligan los móviles
del crimen de su actividad periodística y tras ello protegen a los políticos
involucrados.
Del informe se desprende que 226 de los ataques a
periodistas y medios se atribuyen a funcionarios públicos y, en cuanto al nivel
de gobierno de los supuestos perpetradores, 91 son del ámbito estatal, 79 del
municipal y 56 del federal; también determina que en 83 casos no hay elementos
suficientes para determinar alguna responsabilidad; en 69 se identifica al
atacante como un ‘‘particular’’ y en 17 se trata de la delincuencia.
Según el informe, la administración de Felipe Calderón sigue
figurando como la de mayor peligro para el ejercicio periodístico; en ese
periodo, de 2006 a 2012, hubo 48 periodistas asesinados y 15 desaparecidos; en
lo que va del sexenio de Peña Nieto ha habido 27 asesinatos en 2016, van cuatro
en 2017, y tres desapariciones forzadas.
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