* Luis Raúl González Pérez afirmó que, en los casos de personas desaparecidas, “no permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia”
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, y
reiteró la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano genere condiciones
para garantizar la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada
y la cometida por particulares, mediante acciones para hacer efectivos los
derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación del daño, así como
garantizar su no repetición.
Así lo expresó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez, al participar en el Foro sobre Desaparición Forzada “Contra el dolor y
el miedo: un grito de esperanza”, organizado por el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña “Tlachinollan”, donde afirmó que en tanto la verdad, la justicia
y la reparación no lleguen a todos los casos y en beneficio de todas las
víctimas y sus familiares, no permitiremos impunidad ni olvido; nuestro
objetivo es la justicia.
Tras reconocer el impulso para contar con un marco jurídico
en materia de desaparición de personas, destacó que el Estado Mexicano no ha
atendido oportuna y suficientemente las exigencias de las organizaciones de la
sociedad civil y de las víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique
de manera adecuada el delito de desaparición forzada de personas, que incluya
un tipo penal que sancione las desapariciones de personas cometidas por particulares.
Esta Comisión Nacional –señaló— hace un llamado respetuoso
pero enérgico al Poder Legislativo Federal para que en el siguiente periodo
ordinario de sesiones se apruebe la Ley General para la desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares.
Ante un aforo de alrededor de 200 concurrentes procedentes
de diez estados del país, reunidos en la Casa Diocesana Villa Lucerna, en esta
ciudad de Chilpancingo, puntualizó que, una vez expedida y en vigor, el reto
será hacerla efectiva, contar con la profesionalización de los actores
involucrados en su aplicación, y con los recursos suficientes para instrumentar
sus contenidos y, sobre todo, hacer investigaciones efectivas que eviten la
impunidad.
González Pérez lamentó que la práctica de desaparición de
personas no haya sido erradicada en nuestro país y poco se ha hecho para
atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita ante la magnitud del problema.
Demandó comprender y encarar de manera integral el fenómeno, así como avanzar
juntos en la armonización de la legislación nacional en la materia y alinearla
de acuerdo con los estándares internacionales.
Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que han
dado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición de personas están la
ausencia de una ley general en la materia, falta de investigaciones
ministeriales homogéneas para búsqueda y localización de personas,
inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición
y falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas.
También, ausencia de un adecuado registro de casos que
distinga desaparición forzada de la cometida por particulares o delincuencia
organizada y personas cuyo paradero se desconoce por causas distintas, utilización
indistinta de conceptos para referirse a personas cuyo paradero se desconoce,
ausencia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales
para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas, escasa
capacitación de servidores públicos y la violencia, inseguridad e impunidad en
diversas regiones del país.
El Ombudsman nacional refirió que el antecedente de las
desapariciones forzadas durante la década de los años 70 y principios de los 80
del siglo pasado acreditadas por la CNDH en la Recomendación 26/2001,
demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que
delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no
repetición, como lo acreditan los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz,
y los acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero,
que visibilizaron cómo se ha agudizado esa práctica en los últimos años.
Tras mencionar que la Recomendación 26/2001 fue un paso
necesario en el reconocimiento, visibilización y sanción de prácticas y hechos
que durante los años 70 y 80 mencionados negaron y vulneraron la dignidad
humana en nuestro país, enfatizó el inicio de oficio de un expediente de queja
para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” y la creación de la Oficina Especial para el Caso Iguala,
con objeto de que el asunto tenga atención prioritaria.
De igual manera, González Pérez detalló los distintos
informes que sobre este caso ha dado a conocer la CNDH, así como las
correspondientes 57 propuestas y observaciones de las cuales, al 22 de
septiembre de 2016, sólo 8 pueden considerarse totalmente atendidas, 33 están
en vías de atención y 16 tienen estatus de no atendidas.
Apuntó que los hallazgos de fosas clandestinas están
relacionados con la desaparición de personas, y al 30 de septiembre de 2016 la
CNDH documentó la existencia de 855 fosas clandestinas, de las que fueron
exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y/o humanos, como lo dio a
conocer el pasado 6 de abril en su Informe especial sobre desaparición de
personas y fosas clandestinas en México.
Concluyó al señalar que no puede hablarse de que en nuestro
país se haya logrado por completo el respeto y vigencia de los derechos
humanos, en tanto no haya respuesta y solución al problema de las
desapariciones de personas, determinando el destino y ubicación de cada una,
sancionando a los responsables, y mientras en los casos de las fosas
clandestinas e irregulares deben investigarse y deslindarse responsabilidades.
En las ponencias de personas expertas en el tema también
participaron Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de
Nacionales Unidas para los Derechos Humanos en México, quien habló de “Los
pendientes de México frente a la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas”; Blanca Martínez, del
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que se refirió
a “La desaparición forzada como problemática internacional”; Santiago Corcuera,
ex miembro presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones
Unidas, quien disertó sobre “La Ley General sobre Desaparición Forzada: retos
para su aprobación y subsecuente implementación”, y Ariel Dulitzky, ex miembro
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien
abordó “La construcción de la legislación sobre desaparición forzada en
México”.
El texto íntegro de la intervención del Presidente de la
CNDH puede consultase en la página www.cndh.org.mxhttp://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Participacion/20170808.pdf
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