De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Condena en Washington, la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condena el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista
Dictamen y reportero de CNR TV, en México e insta al Estado a investigar el
crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad
periodística.
De acuerdo a la información disponible, el periodista Rivera
fue asesinado en la madrugada del 1 de agosto en el municipio de Playas de
Rosarito, estado de Baja California. Cinco individuos habrían entrado en el bar
donde se encontraba y uno de ellos disparó al periodista. Según información
suministrada por el Estado, ese mismo
día la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) giró oficio al agente del ministerio público de
Playas el Rosarito con el fin de solicitar copias cotejadas de la carpeta de
investigación e inició una investigación.
Las autoridades locales informaron que uno de los presuntos
involucrados fue detenido. Según información disponible, el arma utilizada en
el crimen está relacionada con al menos tres otros asesinatos. El 1 de agosto
la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, habría declarado a la
prensa local que no hay indicios de que el asesinato de Rivera tenga relación
con su labor periodística.
Según la información disponible, los autores materiales del
asesinato huyeron utilizándose del mismo taxi en que habían llegado a la escena
del crimen. Asimismo, en su trabajo periodístico Rivera había estado publicando
denuncias contra la policía local, investigaciones sobre hechos de violencia
eventualmente relacionados con el crimen organizado y casos relacionados a la
seguridad pública de Playa de Rosarito.
La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a investigar
de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y
determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad
periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al
ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que
se complete la investigación.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que, sobre la
impunidad de los crímenes relacionados a la libertad de expresión, es
fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la
profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer
con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas
de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al
efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y
otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las
ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de
cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según
afirma la Comisión Interamericana, "mediante la acción decisiva del Estado
para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su
obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada".
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