Por Carlos MARI
Periodista de IPS
Tenosique, México, 9 ene 2019 (IPS) - En este municipio
fronterizo con Guatemala cientos de centroamericanos están frustrados, viviendo
desde hace meses en albergues, porque el gobierno de México les ha negado sus
solicitudes para obtener su calidad migratoria de refugiado o una visa
humanitaria.
Esto sucedió con la administración de Enrique Peña Nieto y
sigue aconteciendo con la nueva de Andrés Manuel López Obrador, AMLO
popularmente, que asumió el 1 de diciembre.
Y es que de los migrantes que ingresan a territorio
mexicano, cada vez son más los que buscan quedarse y no continuar hacia Estados
Unidos, ya que su prioridad es refugiarse. Es decir, México pasó a ser un país
de tránsito a ser también receptor masivo.
De acuerdo con estadísticas de la gubernamental Comisión
Mexicana para la Atención a Refugiados (Comar), en los últimos tres años, las
solicitudes se dispararon geométricamente: En 2015, se registraron 3.424; ya en
2016 casi se triplicaron, con 8.796; y en 2017, fueron 14.603. Para el 2018
(con corte hasta el 3 de diciembre), se registraron 26.566.
Para Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante
Mesoamericano, ni a la Comar ni al también gubernamental Instituto Nacional de
Migración (Inami) les basta el crimen organizado de las maras (bandas
criminales) en Honduras ni la persecución del gobierno de Nicaragua a los
activistas que encabezan las protestas contra Daniel Ortega, para atender con
celeridad a los que huyen de esos países.
El Inami, añade, no cumple con entregar las visas
humanitarias en 30 días; y la Comar tampoco lo hace con el plazo de 45 días
para las constancias de refugiados, porque los funcionarios que atienden son
insuficientes y todavía semanas después de la asunción de López Obrador,
mantenían una postura de pedir a los migrantes que esperaran una o dos semanas
más.
Figueroa explica que al problema de los refugiados le
antecede la “política de rechazo” a la gran mayoría de los centroamericanos,
cuyo propósito original era transitar como migrantes irregulares hacia Estados
Unidos.
Ahora, ante la crisis de alojamiento observada en las
fronteras sur y norte, México quiere reaccionar con una “política humanitaria”,
pero no tiene recursos ni capacidad para atender a los que claman asilo.
“La política de Estado en materia de migratoria fue dictada
por el gobierno de Estados Unidos y aceptada por el gobierno de México, para
dilatar en todo momento los trámites y negarlos”, sostiene.
“A como están las cosas en la Comar y el Inami, se acumularán
por miles las solicitudes de refugio, porque serán muchísimo más los
centroamericanos que lleguen a México por la situación de violencia estructural
que hay en Centroamérica. Tanto la Comar, como el Inami continuarán en el
colapso, por tanta sumisión que ha tenido México ante Estados Unidos”, dice uno
de los fundadores de “La 72”, un refugio reconocido por organizaciones
internacionales.
El 22 de diciembre,
cuando México tenía tres días de haber anunciado su Programa de Política
Migratoria 2018-2024 y presumía su adhesión al Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular –como parte de un acuerdo global impulsado por la
ONU–, Martín Alonso Duarte, un nicaragüense que llegó el 31 de agosto huyendo
del régimen de Ortega, no sabía aún si tendrá mejor suerte con el trámite de
visa humanitaria o con el de refugiado.
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