* Solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Gobierno de Chiapas información sobre la protección otorgada a familiares y compañeros del defensor
* Ante el incremento de crímenes contra personas defensoras es prioritario otorgar medidas eficaces para su protección e investigar las agresiones con diligencia y oportunidad, para evitar la impunidad
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos este jueves 17
de enero, en la Ciudad de México, que protejan a familiares de Sinar Corzo,
asesinado el 3 de enero pasado en Arriaga, Chiapas, por el suegro de alcalde David
Parada Vázquez), Apolinar “N”, Fernando “N” y Julio César “N”, según la
Fiscalía General chiapaneca.
La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de
tres personas del sexo masculino que según los datos de prueba que obran en la
carpeta de investigación, deberán ser imputadas en las próximas horas ante un
Juez de Control por su participación en el homicidio de Sínar Corzo Esquinca,
en hechos ocurridos el 3 de enero en el municipio de Arriaga.
La Fiscalía de Homicidio de inmediato dio inicio a las
investigaciones correspondientes por el delito de homicidio calificado,
asignando personal especializado en la materia, realizando indagatorias científicas,
tecnológicas y de campo, por lo que derivado de ellas se logró la detención de
Apolinar “N”, Fernando “N” y Julio César “N”.
De acuerdo con las diligencias de investigación, el
homicidio ocurrió aproximadamente a las 21:45 horas en la Primera Norte y
Avenida Ferrocarril Oriente de Arriaga, donde un hombre accionó su arma de
fuego en contra de la humanidad de Sínar Corzo, quien perdió la vida en el
lugar derivado de un shock hipovolémico secundario a herida por arma de fuego,
a la altura de la espalda superior izquierda con salida en la zona pectoral, en
vertical de arriba hacia abajo.
Trasciende además que el móvil del crimen se centra en las
diferencias entre Apolinar “N” y las actividades de Sínar Corzo Esquinca.
Con esta información, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) reiteró al Gobierno del estado de Chiapas la solicitud de
medidas cautelares en favor de los familiares del defensor de derechos humanos
Sinar Corzo Esquinca, privado de la vida el pasado 3 de enero, y le pidió
ampliarlas a integrantes de la organización “El Coloso de Piedra”, con el fin
de salvaguardar su vida, integridad y seguridad, ya que tal protección no les
ha sido otorgada de manera efectiva, de acuerdo con lo manifestado por esas
personas que expresaron temor por el riesgo que enfrentan.
Mediante oficio dirigido al Secretario General de Gobierno
de esa entidad, la CNDH le solicitó la implementación de esas medidas de
protección, así como conocer todas y cada una de las acciones realizadas por
las autoridades de esa entidad para salvaguardar la seguridad de dichas
personas, y la atención personal que se haya dado a familiares y compañeros del
defensor de derechos humanos desde que ocurrieron los hechos.
En reunión efectuada en la Ciudad de México, la CNDH informó
a integrantes de la citada organización que está pendiente de los avances de la
investigación del homicidio de Sinar, y refrendó su apoyo y acompañamiento a
sus familiares y compañeros, con quienes ya se había reunido, así como con
autoridades de esa entidad los pasados días 4 y 14 de este mes de enero en el
municipio de Arriaga, Chiapas.
Para este Organismo Nacional, es prioritario que las
autoridades de los tres niveles de gobierno realicen acciones de política
pública para visibilizar la violencia contra las personas defensoras de
derechos humanos, así como investigar con diligencia y prontitud las agresiones
que reciben, ya que dichas personas se constituyen en la voz de diversos
colectivos y temáticas, así como también en posible blanco de agresiones tanto
de servidores públicos como de particulares.
En 2015 la CNDH emitió la Recomendación 18/2015, dirigida al
entonces Gobernador de Chiapas y a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga
por violaciones a los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la
seguridad jurídica y al trato digno contra dos personas, una de las cuales era
Sinar y la otra un integrante de la mencionada organización. Al respecto cabe
mencionar que, a más de tres años de haberse emitido dicho documento, no ha
tenido cumplimiento satisfactorio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda a las
autoridades del estado de Chiapas el esclarecimiento del homicidio, para dar
con los responsables y sean presentados ante la justicia para que reciban la
sanción que en derecho corresponda, y en este caso no haya impunidad.
Este Organismo Nacional estará al pendiente de los avances
de la investigación de este lamentable crimen.
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