De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Emitió en Washington este martes 15 de enero, 11
recomendaciones al gobierno de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA, para frenar el creciente asesinato de líderes y
lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, al culminar una
visita de trabajo.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia del 27 al 30 de
noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación
de personas defensoras de derechos humanos.
La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco
Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e
integrada por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Jefa del Despacho de la
Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría
Ejecutiva.
La Comisión agradece la invitación del Gobierno para
realizar la visita de trabajo en seguimiento a un dialogo sobre la situación de
las personas defensoras de derechos humanos en el país y al avance en la
coordinación de actividades de cooperación técnica con el Estado.
La delegación de la CIDH se reunió con altas autoridades del
Estado, entre ellas la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La delegación
también sostuvo reuniones con miembros de la Defensoría del Pueblo, de la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA, y autoridades
nacionales y municipales de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, se
reunió con el Gobernador de Chocó, funcionarios de la Procuraduría Regional del
Chocó, y el Gobernador de Antioquia y su equipo, así como la Unidad de
Protección de Antioquia.
En sus actividades en Bogotá, Quibdó (Chocó) y Medellín
(Antioquia), la delegación de la CIDH se reunió con decenas de personas
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales,
sindicales, políticas, indígenas, afrocolombianas, organizaciones de derechos
humanos y autoridades eclesiásticas, que informaron sobre la situación de
personas defensoras de derechos humanos en el país.
La CIDH agradece al Estado su colaboración en la
organización de esta visita y la disponibilidad de las autoridades para
entablar un diálogo constructivo sobre la situación de derechos humanos en el
país, los desafíos y las posibilidades de colaboración con el Estado. La
Comisión agradece a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas
defensoras de derechos humanos por la valiosa información aportada, al tiempo
que resalta la labor que desempeñan en el importante contexto de construcción
de paz en Colombia. La CIDH agradece de manera especial a la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH)
por su apoyo para el desarrollo de la visita. en el marco de la colaboración
entre ambas organizaciones.
Situación de violencia contra defensoras y defensores de
derechos humanos
La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por
la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos
humanos y los líderes sociales en Colombia, en particular los serios desafíos
para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la
impunidad de los delitos que les afectan. En marzo de 2018, alertó en un
comunicado de prensa que los asesinatos de personas defensoras y líderes
sociales aumentaron sostenidamente en el marco de la implementación de los
acuerdos de paz y advirtió que la mayoría de estos asesinatos se perpetran
contra personas defensoras en situación de especial vulnerabilidad en zonas
alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.
Cabe recordar que en octubre de 2016, la CIDH saludó la
firma del Acuerdo Final de Paz y destacó la importancia de su implementación,
pues la construcción de la paz es indispensable para la garantía efectiva de
los derechos humanos. El Acuerdo de Paz incorporó secciones sobre la prevención
del riesgo y la protección de personas defensoras de derechos humanos y previó
el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan
estas personas, en particular las que trabajan en contextos rurales, mediante
la elaboración de manera concertada con las organizaciones de defensores y
defensoras de derechos humanos de protocolos para su protección integral.
Además, el Acuerdo dispuso la promoción de medidas integrales de seguridad y
protección contra la estigmatización, mecanismos de difusión amplia, campañas
de legitimación y reconocimiento de las personas defensoras, tanto en áreas
rurales como urbanas, así como la creación y difusión de medios de comunicación
comunitarios y de interés público para el impulso de los derechos humanos y la
convivencia y que se esté avanzando en hacer efectivos estos compromisos.
Asimismo, la CIDH ha otorgado 10 medidas cautelares desde
2016 a la fecha para la protección de líderes sociales, comunidades y
defensoras de derechos humanos. En el 2017 la Comisión publicó dos casos
relacionados con esta materia, en los que recomendó, entre otros, fortalecer la
capacidad institucional para combatir lo que identificó como patrón de
impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores,
mediante la elaboración de protocolos de investigación que teniendo en cuenta
los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, permitan
un desarrollo exhaustivo de la investigación bajo esta hipótesis. Asimismo
recomendó fortalecer los mecanismos para la protección de personas cuyas
declaraciones tengan un impacto relevante en las investigaciones y que se
encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a la misma; así como
desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que
permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en
situaciones de riesgo.
Durante la visita de trabajo, las autoridades, organismos
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en
señalar que existe un grave problema de violencia contra las personas que
defienden derechos humanos y aquellas con liderazgo social y comunal, que se ha
incrementado a partir de la firma e implementación de los Acuerdos de Paz.
Según la información recibida por la Comisión, dicha violencia se manifiesta en
altos niveles de asesinatos, y también en graves amenazas, estigmatización y
actos de criminalización. Asimismo, tanto el Estado y las organizaciones de la
sociedad civil reconocieron que se requiere adoptar medidas integrales que
garanticen la seguridad de esta personas, y prevenir los ataques, garantizar
los derechos de las personas agredidas, así como el ejercicio de la defensa de
derechos humanos y el liderazgo social y comunitario, e investigar las acciones
en su contra. De acuerdo con la información recibida, la violencia tiene
causales múltiples, entre ellas, el control del territorio, el aumento de
cultivos ilícitos, la presencia de actores armados ilegales, muchos de ellos
relacionados con el narcotráfico, todo lo cual expone a los líderes sociales a
formas brutales de violencia por representar formas de resistencia y denuncia
de la criminalidad.
La Comisión felicita el compromiso del Gobierno de Colombia
de mantener el diálogo con los sistemas internacionales de protección de los
derechos humanos, así como la expresión de compromiso con la labor de quienes
ejercen la defensa de los derechos humanos. Durante diversas reuniones
sostenidas durante la visita, las autoridades informaron a la Comisión sobre
acciones de coordinación interna para lograr estructurar una política pública
de protección integral a personas defensoras y líderes sociales a través del
Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de defensores de
derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO). Este
contiene tres ejes de acción: articulación institucional, a través del cual
dará respuesta a múltiples espacios y normas ya existentes; actuación
estratégica en el territorio, para focalizar la problemática en ciertos
municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la
ausencia de respuesta institucional; y una estrategia de comunicaciones y
capacitación, para contrarrestar la estigmatización de las personas defensoras
de derechos humanos. Asimismo, el Estado informó que en Apartadó se firmó el
Pacto por la Vida que contiene acciones oportunas para la protección de líderes
sociales y que será socializada con las comunidades. El Estado también informó
sobre medidas adoptadas en materia de investigación para abordar esta situación.
Al terminar la visita, la Comisión reafirma su preocupación
por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de
derechos humanos y líderes sociales en el país. La CIDH toma nota de las
acciones del Estado colombiano y saluda que se tomen medidas para hacer frente
a esta situación. Asimismo, y reafirmando la importancia de la labor de las
personas defensoras en la consolidación del Estado de Derecho y la transición
hacia la paz en Colombia, la Comisión ofrece al Estado colombiano su
acompañamiento en estas iniciativas para abordar esta problemática.
Asesinatos y amenazas
La Comisión ha alertado en los últimos años sobre el
incremento de los ataques y los asesinatos contra defensoras y defensores de
derechos humanos en Colombia. El 2 de noviembre de 2016 la Comisión advirtió
sobre este aumento de la violencia, destacando el considerable aumento de
asesinatos respecto del año anterior. La CIDH lamenta que desde entonces esta
situación se haya agravado y que siga en aumento sostenido desde la
implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con la información recibida, el
número de asesinatos y agresiones se concentran en determinados municipios y
zonas del país, identificadas con factores de riesgo como la competencia por el
dominio y control de actividades criminales, tales como la minería ilegal y el
narcotráfico; las disputas por la ocupación y propiedad de la tierra, la
ausencia de autoridad en algunas zonas, y la implementación deficiente del
acuerdo de paz.
Al respecto, la Comisión observa que de acuerdo con el PAO,
recientemente lanzado por el Gobierno de la República, no existe un sistema de
base de datos unificado que dé cuenta de cifras consolidadas respecto al número
de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. En este sentido, el
PAO señala que según las estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre enero de 2016 y octubre de
2018, fueron reportados 213 casos de asesinatos de personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales. Dicho Plan señala que la Defensoría del
Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, ha registrado
esta 343 homicidios de líderes sociales y defensores, siendo los departamentos
con mayor afectación Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del
Cauca y Chocó. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil
manifestaron que han registrado al menos 360 homicidios en el mismo periodo que
señala el Estado. Como señaló la CIDH en la audiencia sobre Denuncias de
impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos
en Colombia realizada durante su 170 Periodo de Sesiones, sin perjuicio de cuál
sea la cifra exacta, los asesinatos son demasiados y preocupa particularmente
el recrudecimiento no sólo de estos hechos, sino también de las amenazas, los
hostigamientos y los atentados.
En efecto, durante la visita la delegación recibió
información preocupante sobre numerosas amenazas proferidas en contra de las
personas defensoras y líderes sociales. A manera de ejemplo, la CIDH fue
informada sobre preocupantes amenazas realizadas presuntamente por un grupo
autodenominado “Aguilas Negras”. Entre otras, la CIDH recibió copia de la
amenaza escrita de 17 de septiembre de 2018 en la que el comando central del
denominado grupo ilegal advirtió a varios defensores de derechos humanos que
“[s]i no quieren ir a visitar a los otros líderes sociales que ya fueron dados
de baja, es mejor que se queden callados” y que tenían 48 horas hacerlo o de lo
contrario serían declarados objetivo militar. En amenaza similar, el denominado
grupo armado ilegal señaló como objetivo militar a diversas organizaciones de
la sociedad civil y defensoras y defensores de derechos humanos, advirtiendo
que “no existe ningún esquema de protección que nos impida proceder y acabar
con cada uno de estos guerrilleros”. Según la información recibida, de mayo a
octubre de 2018 se habrían recibido periódicamente, alrededor de 9 panfletos
amenazantes en contra de 39 organizaciones y 146 de sus miembros.
La Comisión recibió asimismo diversa información sobre
nuevas dinámicas de violencia especialmente en las regiones más apartadas de
centros urbanos. Tanto en Quibdó como en Medellín, la Comisión observó que
existe miedo por las amenazas de particulares, por las dinámicas relacionadas
con la erradicación de cultivos de coca y minería ilegal, así como por las
acciones de grupos armados disidentes de las FARC-EP y otras guerrillas. Al
respecto, preocupa especialmente a la CIDH que según las organizaciones, muchos
de los líderes amenazados han optado por abstenerse de continuar con sus
labores sociales por temer por sus vidas, además, por el alto índice de
impunidad en las investigaciones iniciadas al respecto.
Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y
defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo
ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan estos
actores en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas
para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y
sumiéndolos en una situación de indefensión. La labor de defensores y
defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la
consolidación del Estado de Derecho.
La Comisión advierte como uno de los temas principales para
abordar la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras, que el
Estado registre los diferentes tipos de agresiones que se cometen en contra de
personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales y
comunales. La Comisión destaca que el Estado colombiano señaló estar trabajando
en una plataforma informática para unificar las cifras. La CIDH reitera la
importancia de que la construcción de esta herramienta cuente con la
participación de la sociedad civil y que se pueda cruzar e incluir en sus
registros nacionales las diferentes formas de agresión, pues ello podría ser
útil para la identificación de la magnitud de la violencia y la formulación de
planes de prevención y protección adecuados. La Comisión destaca la importancia
de hacer un registro completo y detallado de las agresiones con el fin de
determinar los móviles, posibles patrones comunes y la magnitud de la violencia
que sirvan de base para adoptar medidas de prevención, investigación y
protección para las personas defensoras y lideresas.
Estigmatización
En las reuniones sostenidas con organizaciones de la
sociedad civil, la Comisión recibió información diversa sobre la
estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos realizada por parte
de altos funcionarios del Estado.
La Comisión asimismo recibió información sobre declaraciones
que relacionan a las defensoras y defensores de derechos humanos con
actividades criminales. Al respecto, nota las declaraciones hechas
recientemente por autoridades estatales departamentales o locales en las que
señalan a varios medios de comunicación que detrás de las actividades de
activistas y personas defensoras estarían unas bandas criminales “que son
cercanas o asociadas al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”
y “que han tenido nexos con el ELN y asociadas al ELN”. Asimismo, las
organizaciones acusaron la reciente estigmatización en medios de prensa de las
protestas estudiantiles, en las que se señala a los estudiantes como
“vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas”.
En las reuniones sostenidas en Bogotá y Medellín, las
organizaciones de la sociedad civil manifestaron a la Comisión que
declaraciones como estas, deslegitiman el trabajo que promueven los defensores
y defensoras de derechos humanos y cuestionaron que por parte del Gobierno se
anuncien campañas en contra de la estigmatización al tiempo que altas
autoridades continúan haciendo afirmaciones estigmatizantes en su contra.
La Comisión señala que las autoridades estatales deben
abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes, y diseminación de
representaciones negativas de su labor. Al respecto, la Comisión advierte que
en países en que existen niveles altos de conflicto social, se suelen verter
discursos que presentan a las personas defensoras de derechos humanos como
“enemigos de la paz”, “enemigos del Estado” o “enemigos internos”. Esta
situación fue denunciada continuamente a la delegación durante la visita al
país. Las actividades de protesta pacífica y de denuncia son legítimas y deben
ser protegidas en el marco del derecho a la libertad de expresión y derecho de
asociación y las personas defensoras de derechos humanos constituyen pilares
esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y el
Estado de Derecho, porque el fin que motiva la labor que desempeñan es la plena
vigencia de los derechos fundamentales de las personas y tiene repercusiones en
la sociedad en general, al buscar el beneficio de la misma.
Por otra parte, la Comisión ha indicado que la repetición de
declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de
hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo
que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del
defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad, ya que funcionarios
públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones,
instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su
vida, seguridad personal, u otros derechos. En este sentido, el Estado debe
combatir en su integralidad la diseminación de discursos de odio, o cualquier
expresión que incite a la discriminación, hostilidad o violencia contra quienes
defienden los derechos humanos, de acuerdo a los estándares interamericanos y
universales.
Finalmente, la CIDH considera que el Estado debe proveer a
las defensoras y defensores un recurso adecuado cuando son objeto de
declaraciones estigmatizantes que pueden afectar su reputación, comprometer su
integridad personal, o dar pie a o facilitar su criminalización. La Comisión
hará seguimiento a las medidas que se adopten en contra de la estigmatización
de las personas defensoras y de los líderes sociales.
Defensoras y defensores de derechos humanos en especial
riesgo
El 27 de marzo de 2018 la Comisión advirtió que muchas de
las personas defensoras de derechos humanos asesinadas desempeñaban acciones
relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz relativos a la
tierra. Durante su visita al país, la CIDH recibió información consistente en
este sentido y que apunta a un patrón de violencia contra líderes y lideresas
sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción
Comunales, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos
armados ilegales que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el
Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que reclaman la
restitución de tierras. En Antioquia, por ejemplo, la CIDH recibió documentación
sobre un alto número de agresiones contra personas defensoras en el
departamento, que se concentran especialmente sobre líderes de paz, sustitución
de cultivos, ambientalistas y reclamantes de tierras.
Asimismo, la Comisión fue informada sobre la situación de
agresiones contra firmantes del Acuerdo de Paz, quienes afirmaron que varios ex
guerrilleros y familiares en proceso de reincorporación han sido asesinados y
agredidos. Sobre este asunto, la Comisión recuerda sus recomendaciones para
implementar mecanismos de no repetición y disponer mecanismos para asegurar la
protección de su vida e integridad que han firmado acuerdos de paz y su
reincorporación a la vida política.
Por otra parte, la CIDH ha manifestado anteriormente su
preocupación sobre la situación de vulnerabilidad a la violencia que enfrenta
la población afrocolombiana. En su visita a Quibdó, la delegación de la CIDH
fue informada sobre la persistencia de la minería ilegal y de cultivos
ilícitos, megaproyectos así como de diferentes actores armados en sus
territorios. Los índices elevados de pobreza en uno de los departamentos más
multiétnicos como El Chocó, requiere la adopción de medidas urgentes. Las
organizaciones refirieron a la existencia de una grave situación humanitaria en
el departamento y a la falta de programas sociales en materia de los derechos,
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En particular
describieron los altos índices de homicidios de algunos centros urbanos del
departamento que superarían el promedio nacional, así como las restricciones a
la movilidad por parte de actores armados ilegales que han llegado al
territorio después de las FARC y que han afectado procesos colectivos étnicos.
Igualmente, informaron sobre amenazas recibidas en contra de líderes y
lideresas así como la grave situación de mujeres afrocolombianas para quienes
“seguía la guerra” por la persistencia de violencia en su contra, el
reclutamiento de niñas y niños y el desplazamiento forzado.
La información recibida por las autoridades indígenas con
las que la Comisión se reunió en Quibdó apunta a la persistencia de amenazas en
su contra y a la imposición de reglas en sus territorios por parte de actores
armados. Asimismo señalaron que debido a esta situación el 95% de las
comunidades indígenas en el Chocó se encuentra confinada en sus comunidades, y
que hay un incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También
refirieron a la falta de programas sociales para los pueblos indígenas así como
para el disfrute de los DESCA, enfatizando preocupación por los altos niveles
de desnutrición. La Comisión conoció de la creación de una Comisión
Intersectorial para el Departamento del Chocó que tiene como objetivo su
fortalecimiento institucional, y escuchó a las organizaciones sobre la
necesidad de implementar dicha Comisión Intersectorial para avanzar en medidas
estructurales para el departamento, que a su vez sirvan para permitir la labor
de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas y
afrocolombianas. La CIDH insta al Gobierno a tomar medidas para materializar la
paz en este territorio desde un enfoque de derechos humanos y étnico así como
para adoptar políticas sociales que aborden las necesidades particulares en
materia de DESCA en este departamento.
Las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas
enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados por motivos de
género relacionados a su condición de mujer que a su vez se exacerban de
acuerdo con los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de
género, su origen étnico, su ubicación territorial. En el caso particular de
Colombia, en reiteradas ocasiones la CIDH ha manifestado además la afectación
particular del conflicto sobre las mujeres. Durante su visita, la CIDH fue informada
que cada vez se constata más y mayores signos de violencia contra las mujeres
defensoras como un factor de desprecio hacia la defensora por ser mujer, tales
como la violencia contra los cuerpos de las mujeres cuando la violación y abuso
sexual preceden los asesinatos y las agresiones. Asimismo recibió varias
denuncias sobre agresiones específicas a mujeres defensoras de derechos humanos
pertenecientes a grupos étnicos. Respecto a las investigaciones sobre estos
casos, indicaron la falta de profundización de la investigación por razones de
género. Las organizaciones de mujeres señalaron algunos avances normativos que
contemplan el impacto desproporcionado que enfrentan y que incluyen medidas
diferenciadas para su protección que de ser implementados garantizarían el
ejercicio libre y seguro de sus liderazgos, de manera particular, la creación
de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos (Decreto 1314 del 10 de agosto del 2016) y la
adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras
junto con su plan de acción 2018 y la aprobación de la construcción
participativa del plan de Acción cuatrienal 2019-2022 del mencionado Programa
(Resolución 0845 del 14 de junio de 2018). En particular enfatizaron la
importancia de que las iniciativas estatales para establecer estrategias de
coordinación y articulación recojan el enfoque ya establecido en estos
programas en materia de garantías para mujeres.
Asimismo, en reuniones con sociedad civil la Comisión fue
informada sobre el riesgo agravado que enfrentan las personas defensoras de
derechos humanos LGBTI, habiéndose registrado un aumento significativo de los
asesinatos y amenazas. Las organizaciones señalaron que esto se debe al doble
riesgo que enfrentan, tanto por su trabajo como defensores de una población
históricamente discriminada como por los prejuicios hacia su orientación sexual
o identidad de género y la ausencia de medidas diferenciales de prevención,
protección y garantías para la defensa de los derechos de esta población. La
delegación de la CIDH también fue informada sobre el sistema de alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo, que tiene dentro de sus funciones
identificar escenarios de riesgo de violaciones de derechos humanos, monitorear
tales situaciones y reportarlas a las autoridades, con el propósito de que se
tomen medidas de prevención eficaces. Al respecto, la Comisión destaca la labor
de este mecanismo para la detección de amenazas de agresiones contra personas
defensoras y lideresas sociales, resalta su labor en los lugares rurales e
insta al Estado a fortalecer el mecanismo como medida de prevención de
violencia contra esta población.
Las políticas públicas sobre defensores y los espacios de
diálogo
La Comisión toma nota de la apertura del Gobierno de
Colombia al escrutinio internacional, así como la expresión de su compromiso
con la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las
autoridades hicieron referencia a una coordinación de la política pública y la
adopción de nuevos planes de prevención y protección como el PAO mencionado
anteriormente. La CIDH toma nota de estas acciones y saluda que se tomen
medidas para hacer frente a los graves fenómenos de violencia contra esta
población. Asimismo, llama al Estado a convocar a las organizaciones de la
sociedad civil para que participen de estas iniciativas en todo el proceso,
desde su construcción, implementación y evaluación.
En las diversas reuniones, las organizaciones de la sociedad
civil informaron a la Comisión sobre la existencia de espacios de diálogo
creados anteriormente con el Estado en los que se han realizado acuerdos
previos, como la Mesa Nacional de Garantías, así como la Comisión Nacional de Garantías
de Seguridad,.. La CIDH llama al Estado de Colombia a convocar a estos dos
espacios de diálogo y a la construcción conjunta con la sociedad civil de
acuerdos que garanticen una implementación de políticas integrales de
prevención y protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Además, celebra que en la audiencia pública en el 170
período de sesiones de la CIDH realizada el 6 de diciembre de 2018 en
Washington D.C., las autoridades del Estado hayan aceptado la petición de la
sociedad civil para participar de los planes de prevención y promoción a
personas defensoras. La Comisión dará seguimiento junto al Estado sobre dichas
medidas.
La Unidad Nacional de Protección y la importancia de
articulación con otras entidades
La Comisión sostuvo reuniones con autoridades de la Unidad
Nacional de Protección (UNP), quienes explicaron las actuaciones y
procedimiento de evaluación del riesgo. Indicaron que actualmente tienen
medidas de protección para 6.200 personas, de las cuales 4.367 son defensoras
de derechos humanos.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil
cuestionaron la eficacia de las medidas de protección de la Unidad Nacional de
Protección, en particular en lo que respecta a los análisis de riesgo, los
retrasos y la implementación de las medidas de protección, así como de los
procedimientos de levantamiento de las medidas. En relación con los análisis de
riesgo, las organizaciones plantearon la importancia de asegurar que los
estudios preliminares de riesgo se realicen a profundidad, y con base en un
análisis de contexto. Asimismo, las organizaciones advirtieron a la Comisión,
por ejemplo, sobre deficiencias en la implementación las medidas de protección
que dificultan e incluso imposibilitan la prestación de una protección adecuada
a las y los líderes y defensores de derechos humanos en el país. También
señalaron que a la fecha la UNP no ha ajustado el procedimiento y los
indicadores para la evaluación periódica del nivel de riesgo, lo que implica
que personas en situaciones de riesgo sigan siendo evaluadas con nivel de
riesgo “ordinario”. Preocupa especialmente a la Comisión que de acuerdo con lo
expresado por la sociedad civil, algunos esquemas de protección respecto de
personas beneficiaria de medidas cautelares otorgadas de la CIDH habrían sido
retirados unilateralmente.
Un tema recurrente en las reuniones con la sociedad civil
fue la falta de un enfoque diferenciado, preventivo y colectivo adaptado a la
realidad étnica del territorio y a sus formas tradicionales de autogobierno. La
Comisión toma nota, por ejemplo, de las peticiones de la comunidad de Paz de
San José de Apartadó, protegida por medidas provisionales de la Corte
Interamericana, sobre la lógica de la comunidad y su controversia con las armas
que portan los funcionarios de la UNP asignados su protección. En este sentido,
la Comisión advierte que las dinámicas de los territorios pueden ser
particulares y las necesidades de los líderes y lideresas diferentes, y por
ello, el Estado debe tener en cuenta tales especificidades para que las medidas
que adopte sean adecuadas y cumplan sus objetivos. La sociedad civil también
expresó a la CIDH que los planes de protección deben involucrar a varias
entidades del Estado además de la UNP para hacer efectiva la protección a los y
las líderes. La Comisión destaca la importancia de la articulación entre las
distintas entidades del Estado responsables para lograr la implementación de
medidas que efectivamente prevengan y protejan a los defensores y las
defensoras de derechos humanos y destaca el rol que el PAO y los demás espacios
de diálogo pueden tener en alcanzar este fin de articulación.
La Comisión llama asimismo al Estado a profundizar el
análisis de contexto de las personas defensoras de derechos humanos y a
fortalecer la coordinación entre las autoridades a nivel central y local para
que estas últimas aporten información valiosa, en conjunto con las personas
defensoras, que sea útil para reducir su riesgo cuando se adoptan las medidas
de prevención y protección. Para este fin, la Comisión llama a establecer
diálogos con las comunidades y concertar los diferentes mecanismos de promoción
y protección. La CIDH destaca la importancia de adoptar medidas diferenciadas
que tengan en cuenta la particularidad de las amenazas contra mujeres,
población LGBTI, étnica, indígena, y personas que trabajan en el ámbito de
restitución de tierras, entre otros.
En este sentido, la Comisión fue informada sobre iniciativas
de auto protección colectivas por parte de comunidades indígenas y afrocolombianas
a través de las guardias indígenas y cimarronas, entre otras iniciativas. La
CIDH ha monitoreado de cerca la situación particular de líderes, lideresas y
personas defensoras de comunidades indígenas y afrocolombianas. La Comisión
advierte que la violencia contra tales defensores y defensoras tiene no solo
impactos individuales sino también colectivos en comunidades indígenas y
afrodescendientes. En consecuencia, las medidas de protección no pueden ser
concebidas únicamente con un enfoque individual. En este sentido, la Comisión
recomienda al Estado colombiano a avanzar y profundizar en la implementación de
un enfoque diferenciado para medidas colectivas, que incluya una perspectiva
étnica y racial y que tome en cuenta, inter alia, las condiciones de las
personas a ser protegidas y la necesidad de medidas de protección culturalmente
adecuadas.
Investigaciones
En relación con el estado de las investigaciones de
agresiones contra personas lideresas y defensoras de derechos humanos, la
Comisión observa que existe una discrepancia sobre las cifras entregadas por la
Fiscalía General de la Nación en relación con el porcentaje de esclarecimiento
de los homicidios y que las organizaciones de la sociedad civil cuestionan que
las investigaciones no se hayan extendido con profundidad a otros hechos de
violencia.
La Comisión toma nota de que, según lo señalado en el
recientemente lanzado Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para
los Defensores de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional tiene conocimiento de
213 casos de homicidios a líderes y defensores de derechos humanos en el
período de enero de 2016 a octubre de 2018 y la Fiscalía General de la Nación
ha avanzado en el esclarecimiento de 113 casos que equivalen al 53.05% de los
casos reportados. Dicho plan señala asimismo que respecto de la cifra de
homicidios reportados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la
Nación ha avanzado en el esclarecimiento del 34%, de los casos. Algunos de
estos casos reportados coinciden con los casos registrados por la OACNUDH.
En la audiencia pública sobre Denuncias de impunidad a los
asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos en Colombia,
realizada en el marco del 170 Periodo de Sesiones, las organizaciones señalaron
que en ese período han registrado, por lo menos, 360 homicidios. Por lo tanto,
consideran que el registro de la Fiscalía es incompleto y el esclarecimiento de
casos no se aproximaría al 50%. Las organizaciones señalaron que según sus
análisis, sólo un 8.5% de los casos que las organizaciones tienen registrados
tendrían condenas por homicidios, sin que en este grupo se haya esclarecido
totalmente la razón de la privación de la vida a las personas defensoras.
La Comisión recuerda que el Estado debe investigar de oficio
hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e
intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo
la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión
con la labor de defensa de los derechos humanos. Además, se deben investigar
todas las agresiones que sufren las personas defensoras, no solo sus
homicidios. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia,
de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión llama al Estado a redoblar
sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respectos de los
crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país.
Asimismo, recuerda al Estado que debe tomar en consideración en sus
investigaciones el enfoque diferencial de género.
Recomendaciones
La CIDH reitera el rol esencial que defensores y defensoras
de derechos humanos tienen en la consolidación del Estado de Derecho y la transición
hacia la paz en Colombia. Es prioritario que el Estado colombiano adopte
medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la
violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida
diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.
A la luz de las anteriores observaciones, la CIDH realiza
las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia:
1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo
de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el
ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades;
2. Convocar a las organizaciones sociales para la
construcción de una política pública integral de prevención y protección de
personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas
de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente;
3. Crear un registro completo de todas las agresiones -en
sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o
tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de
la sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente
construidos;
4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación
del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque
diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población
que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial,
incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y
protección;
5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas
por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto
de las personas beneficiarias mientras estén vigentes;
6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema
Interamericano y Universal;
7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a
nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para
resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su
efectividad en zonas rurales alejadas;
8. Adoptar planes para prevenir y combatir la
estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos
humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en
la sociedad;
9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y
hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos
contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país,
determinando autores materiales e intelectuales;
10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para
población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la
investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos
humanos;
11. Fortalecer la coordinación con organismos
internacionales de derechos humanos.
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