De la Mesa de Redacción
De nuestra asociada RNU
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| El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Foto. CICIG |
Nota de la Redacción: El comediante Jimmy Morales, presidente
de Guatemala, inició la campaña de desprestigio y calumnias contra el organismo
mundial que descubrió a familiares del mandatario involucrados en corrupción y
vinculados al crimen organizado.
El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país
centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por
representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión.
Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta
oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los
esfuerzos para atacar este flagelo.
El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país
centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por
representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión.
Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta
oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los
esfuerzos para atacar este flagelo.
En una carta dirigida a António Guterres, Secretario General
de la ONU, Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión contra la
Impunidad en Guatemala, también conocida por sus siglas como la CIGIG, ha dado
respuesta a las acusaciones hechas por representantes del Gobierno de ese país
centroamericano contra la labor de este organismo.
“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha
trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las
instituciones nacionales para la identificaci6n y desarticulación de cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas
legales e institucionales que impidan su reaparición”, se lee en la carta.
Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien
casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha
identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300
sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.
Campañas de desprestigio y amenaza
Velásquez, que agradece a Guterres su constante apoyo a la
labor de la CICIG y, con ese respaldo, al fortalecimiento del Estado de derecho
y la democracia, señala que, pese a todo este trabajo de la Comisión, “las
campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” desde la
presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto
poder.
“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por
finalidad la persecuci6n de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y
se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima” se
lee en la carta.
Velásquez señala que “la lucha contra la corrupción enfrenta
oposición en todas las esquinas del planeta, pero eso no debe frenar los
esfuerzos globales para atacar este flagelo que impide el desarrollo de los
países y las democracias”.
Objeción contra la injerencia y los allanamientos
El comisionado adjunta a la carta un documento en el que
rebate las alegaciones hechas por el Gobierno de Guatemala para rescindir esta
semana el acuerdo por el que se estableció la CICIG, cuyo mandato debía acabar
en septiembre.
El documento adjunto responde por ejemplo a las acusaciones
sobre la supuesta injerencia de la CICIG en los asuntos internos de Guatemala
al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la
justicia, argumentando que “el Acuerdo constitutivo de la Comisión incluye
expresamente en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e
institucionales que prevengan la acción y reaparición de los de cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.
Otra objeción que se lee en el documento se refiere a la
acusación de que la CICIG haya abusado de la fuerza en las diligencias de
allanamiento llevadas a cabo en el año 2016 en las oficinas de la Secretaria de
Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). A este respecto, el comisionado
recuerda que “de acuerdo con la legislación guatemalteca, los allanamientos son
solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente y
que la CICIG, en su rol de apoyo técnico, acompaña ciertos actos procesales y
diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante, entre ellas los
allanamientos.
El documento consta de diez páginas en las que responden en
detalle a una docena de acusaciones del Gobierno que preside Jimmy Morales
contra la CICIG.
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