Herencia maldita de la Dálmata Velasco Coello
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Desplazó el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco
Coello, a un total de 971 personas de la etnia tsotsil –de las cuales 470 son
niñas, niños y adolescentes— por acciones y omisiones de autoridades estatales
y municipales que no les garantizaron seguridad pública, estableció la mañana
de este miércoles 16 de enero la CNDH.
En un comunicado dado en la Ciudad de México, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos refiere que los indígenas que resultaron víctimas
de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), el gobernador tampoco previno los
delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos que provocaron la
destitución de la entonces Presidenta Municipal de Chenalhó, así como
tampoco implementaron acciones para
salvaguardar sus derechos fundamentales.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) dirigió la Recomendación 90/2018 al Gobernador de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas; al Fiscal General de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al
Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y a la Presidenta
Municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos.
Para esta Comisión Nacional, fueron vulnerados los derechos
a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, el derecho
a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria,
a las medidas de ayuda inmediata, a la alimentación y a una vivienda adecuada,
educación, al trabajo, atención médica y protección a la salud, de acceso a la
justicia por inadecuada procuración de justicia y al interés superior de la
niñez.
El 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso del
Estado de Chiapas fueron retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la
destitución de la Presidenta Municipal, por inconformidades con su
administración; en la misma fecha esa autoridad presentó su renuncia ante el
Congreso local; no obstante, vecinos amenazaron con privarle de la vida, por lo
cual huyó del municipio.
Al día siguiente, pobladores del municipio acudieron a la
Cabecera Municipal a presenciar la toma de protesta del Presidente Municipal
sustituto, pero las circunstancias de tal transición generaron desacuerdos y
enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre simpatizantes de
la depuesta munícipe y de su sucesor, en los cuales dos personas perdieron la
vida, por lo que se iniciaron las carpetas de investigación 1 y 2.
Por las agresiones, amenazas y destrucción de diversos
bienes, 971 personas de la etnia tsotsil abandonaron sus propiedades; 274 de
esas víctimas que apoyaron al nuevo Presidente Municipal se refugiaron en la
Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, en tanto que 121 personas, sin
saber a quién apoyaban, se resguardaron en un salón de fiestas ubicado en el
vecino municipio de Pantelhó. En esos lugares recibieron alimentos y ayuda de
autoridades del Gobierno estatal. Del resto de personas no se cuenta con
información sobre su paradero o de la ayuda que recibieron.
Ante el riesgo y vulnerabilidad en que estaban las personas
desplazadas, el 29 de mayo y 1 de junio de 2016, la CNDH solicitó medidas
cautelares al Secretario General de Gobierno del estado, para que se
garantizara a las víctimas la satisfacción de sus necesidades básicas, se les
brindara protección y resguardo y se realizaran las acciones para solucionar
esos hechos de violencia. La CNDH atrajo el caso para investigar violaciones a
derechos humanos.
El 22 de febrero de 2017 un centenar de personas armadas
llegó a la Cabecera Municipal de Chenalhó y, de manera violenta, tomó la Casa
de la Cultura, por lo que nuevamente las familias huyeron, esta vez hacia una
colonia de San Cristóbal de las Casas. Según su testimonio, desde el 1 de
octubre de 2017 dejaron de recibir ayuda alimentaria de las autoridades.
En su Recomendación, la CNDH solicita al Gobernador de
Chiapas que, en coordinación con los Municipios de Chenalhó y San Cristóbal de
las Casas, diseñe e implemente un programa de reparación colectiva para brindar
a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, así como herramientas y
medios para restablecer sus medios de subsistencia, además de brindarles
atención médica y psicológica.
Realizar un censo que corrobore el número de personas
víctimas del DFI que salieron de su domicilio desde mayo de 2016 y un
diagnóstico que evidencie su situación actual para aplicar de mejor manera el
mencionado programa de atención, así como diseñar e implementar una campaña de
información para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién
pueden acudir para protegerlos.
Implementar de manera coordinada con ese municipio un
protocolo de seguridad operado por las fuerzas del orden, solicitando los
apoyos de los tres ámbitos de gobierno para disminuir los índices de
inseguridad; un programa de acceso a viviendas del que puedan beneficiarse las
personas desplazadas, y en las que puedan vivir en condiciones de dignidad en
tanto retornan a sus hogares; lo mismo programas de subsistencia, atendiendo a
sus habilidades y conocimientos.
También, realizar un diagnóstico en todo el estado para
evidenciar las causas del DFI en la entidad, las comunidades afectadas, los
impactos en la población y las necesidades inmediatas de esas personas;
informar a la Procuraduría Agraria sobre la situación de desprotección y
posibles afectaciones que han sufrido las tierras ejidales y/o pequeñas
propiedades abandonadas por las personas desplazadas, para que realicen las
acciones necesarias para proteger sus derechos sobre ellas.
Al Fiscal General del estado se le pide realizar las
diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados y se
determinen conforme a derecho las carpetas de investigación 2 y 4; colaborar
con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que corresponda ante
la Visitaduría Ministerial de esa Fiscalía, para que se resuelva sobre la
responsabilidad por la dilación injustificada en la determinación de dichas
investigaciones, y las acciones y omisiones en que se incurrió.
A todas las instancias recomendadas se les solicita nombrar
un servidor público de alto nivel que será enlace con esta Comisión Nacional
para dar seguimiento y cumplimiento de esta Recomendación, que ya fue
debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página
www.cndh.org.mx
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